Una comitiva conformada por familiares de personas desaparecidas y de la CMDPDH presentaron sus casos durante el 54 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra.

20/09/2023 (Ciudad de México). Familiares de personas desaparecidas, acompañadas por representantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC (CMDPDH), presentaron sus casos y pidieron la creación de un mecanismo independiente de determinación de hechos en México, con el objetivo de que se pueda dar seguimiento y supervisión internacional a las acciones del Estado.

Este llamado lo hicieron en el marco del 54 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, al que acudieron Araceli Rodríguez, madre de Luis Ángel, Policía Federal desaparecido el 16 de noviembre de 2009, en Zitácuaro, Michoacán; y Grace Fernández, hermana de Dan Jeremeel, desaparecido en el norte de México en 2008 por elementos militares, en el marco de la mal llamada «guerra contra el narcotráfico».

A través de un comunicado, la CMDPDH explicó que la comitiva participó en los debates generales del Consejo de Derechos Humanos y ha mantenido reuniones públicas y privadas con distintos mecanismos del sistema universal de derechos humanos, a saber, miembros de procedimientos especiales y órganos de tratado.

Ayer, en el Palacio de las Naciones Unidas asistieron a un evento paralelo para dar a conocer las consecuencias de la militarización y la política anti drogas en países como México, Brasil y Filipinas.

En este evento, Zaved Mahmood, Asesor de Derechos Humanos y Política de Drogas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que la guerra contra las drogas es en realidad una guerra contra los civiles.

Carlos Carvajal Aguilar, oficial de incidencia de la CMDPDH, explicó a De Raíz que el mecanismo que proponen tendría una ventaja ya que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estaría obligado a reunirse anualmente en distintos momentos.

“Con una misión internacional de este estilo se podrían evaluar las violaciones de derechos humanos cometidas en México desde 2006 y esto estaría revisándose cada año en el seno del Consejo”, señaló.

Además sostuvo que este mecanismo independiente funcionaría como un ente para vigilar la rendición de cuentas del estado mexicano en temas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Las implicaciones estarían encaminadas a vigilar, principalmente, a los autores del más alto nivel, “y lo tendría que informar de manera escrita y periódica al Consejo”, externó Carvajal.

Tal petición se hace debido a la prevaleciente impunidad y la falta de efectividad de los mecanismos ordinarios de justicia. “Eso hace necesario que exista una supervisión, un seguimiento internacional de la situación de derechos humanos del país, en particular de las violaciones graves que se cometen, como son las desapariciones forzadas o la tortura”, señaló Carvajal Aguilar.

La ventaja que tendría este mecanismo independiente es que abarcaría diversas violaciones a derechos humanos y no estaría limitado a desapariciones.

La diferencia de este mecanismo que solicitan con respecto a la acción del Comité de Derechos Humanos contra la Desaparición Forzada o de la Corte Penal es el alcance. Por ejemplo, el comité busca determinar las responsabilidades de México respecto de algún caso en particular o en general. Por su parte, la Corte Penal Internacional lo que busca es determinar responsabilidades individuales de personas concretas.

“Pero con este mecanismo lo que se buscaría sería una revisión de las políticas del país en general, de las responsabilidades del Estado”, sentenció el especialista.

Carvajal Aguilar recordó que hace unos días México compareció por tercera vez ante el Comité de Derechos Humanos contra la Desaparición Forzada. Detalló que el estado mexicano sigue teniendo una deuda para atender las desapariciones, que suman más de 111 mil y una crisis forense de más de 52 mil cuerpos sin identificar.

“Después de dos años de la visita del Comité y de la serie de recomendaciones que ha hecho al respecto, el Estado mexicano sigue quedando a deber. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República dijo que ya se pondría en marcha el Banco Nacional de Datos Forenses. La realidad es que este mecanismo no se encuentra concluido ni funciona de manera efectiva para la búsqueda de personas desaparecidas. La Fiscalía se ha resistido a presentar información. El banco no cuenta con bases de datos de genética, huellas dactilares y lo más preocupante es que no está interconectado con el Registro Nacional de Personas desaparecidas o no localizadas. Es bastante confusa la información que ha presentado el Estado, porque, por ejemplo, la Fiscalía ha dicho que el banco ya está en funcionamiento y, por otro lado, también ha dicho que se iba a concluir hasta 2025 o 2026”, sentenció Carlo Carvajal.