El Gobierno de México se presentó ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para presentar sus avances en la materia.

18/09/2023 (Ciudad de México). “Se transitó del reconocimiento del tema a la construcción de mecanismos de respuesta, un marco normativo sólido y claro y un andamiaje institucional con enfoques especializados”, declaró Francisca Méndez Escobar, representante permanente de México en Ginebra al concluir el tercer día de la comparecencia del Estado Méxicano ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CDF) de la ONU.

            Esta comparecencia se realizó durante tres días, del 13 al 15 de Septiembre, y en ella los relatores Juan Pablo Alban Alencastro, Carmen Rosa Villa Quintana y Horacio Ravenna hicieron fuertes planteamientos a los representantes de México ante los graves casos de desapariciones forzadas que existe en este país desde hace más de una década, mismos que representan una crisis de derechos humanos, tanto en el derecho a la búsqueda como en impunidad para los perpetradores en el caso de las desapariciones forzadas.

El resumen de cuestionamientos

            Esta serie de cuestionamientos se enmarcan en la visita por parte de CDF realizada durante 2021 y tras la cual emitieron diversas recomendaciones en 2022. Entre las principales preguntas se encuentran las relativas a los recursos destinados para atender la problemática: desde económicos, materiales y humanos, así como de las herramientas e instrumentos disponibles y su correcta aplicación.

            Además se solicitaron informes sobre las medidas específicas que la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales han realizado para investigar y llevar a cabo una persecución penal por la comisión de este delito, es decir, su judicialización. En este misma área se pidió un esclarecimiento sobre las medidas tomadas para la correcta investigación, desde la correcta cadena de custodia como el diálogo con los familiares y colectivos de búsquedas.

            Por otro lado, los relatores solicitaron explicación sobre las diversas manifestaciones de estos grupos de familiares y colectivos sobre la dificultad para poder consultar libremente los expedientes de sus familiares.

En cuanto al tema del marco legislativo bajo el que se actúa, los relatores también solicitaron un avance sobre la creación y aprobación de los Reglamentos para la Comisión Nacional de Búsqueda como para la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas toda vez que a cinco años de su anuncio ésta a ún no entra en vigor ni ha sido dictaminada.

Finalmente, la relatora Villa Quintana insistió en la implementación del protocolo homologado de búsqueda toda vez que han detectado deficiencias en la coordinación para la investigación y judicialización de este delito por parte de los distintos organismos encargados de atender este tema; además pidió avances en la evaluación integral de estos protocolos ya que el gobierno mexicano se comprometió a realizarla cada dos años con el fin de garantizar su idoneidad y eficacia.

La síntesis de respuesta de México

Por su parte, los representantes tanto de la Fiscalía General de la República, el Consejo de la Judicatura Federal, Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Comisión Nacional de Búsqueda (CNM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), brindaron respuesta a casi todas las preguntas y solicitudes de información realizadas durante los tres días de la comparecencia.

            Entre los principales puntos a destacar se encuentran  la asignación de un presupuesto cada vez mayor para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), pasando de 468 millones de pesos a mil 97 mdp para 2023, un aumento de 134%, y una proyección de mil 149 para 2024. En cuanto a los recursos humanos disponibles, se informó que la misma CNB paso de contar un personal de 43 personas a 243 para 2022.

En el mismo sentido, se detalló que las comisiones locales de búsqueda recibieron subsidios federales destinados a su creación y consolidación. Se precisó que de 2019 a 2023 se les han otorgado dos mil 333 millones de pesos para diversas necesidades de operación en función del grado de consolidación que tienen y los diferentes énfasis que atienden. En este mismo rubro informaron que en 2019 su prioridad fue dotarlas de los componentes mínimos de operación, mientras que entre 2021 y 2022 se concentraron en crear la infraestructura y capacidades para la búsqueda forense con fines de identificación humana con un enfoque masivo.

Sobre lo anterior, se enfatizó que el objetivo es lograr la integralidad de la política de búsqueda para dar con el paradero de las personas. Bajo esta lógica, en 2022 el Centro Nacional de Identificación Humana inició operaciones, “buscando articular un sistema forense humano multidisciplinario enfocado en la identificación humana, priorizando y garantizando la autonomía técnica de los profesionales forenses tanto en las decisiones técnicas como en el seguimiento de las estrategias planteadas”, informó Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB.

Además, reportó que desde Diciembre 2022 se han realizado 10 jornadas estatales de tomas de muestras y se han recabado tres mil 182 muestras referenciales de mil 154 grupos y familias que se han recabado en entrevistas a mil 300 víctimas. Junto a estas acciones, se compartió que  durante esta administración federal se abrirán 19 centros de resguardo temporal de cuerpos, cada uno con distintos grados de avance en su construcción, operatividad y objetivos, ya que algunos de ellos contarán con herramientas como la identificación genética o zonas de acompañamiento exterior.

Sobre el Reglamento de la CNB se afirmó que sigue en revisión para su posterior aprobación en los próximos meses, mismo que estará armonizado con el Protocolo Homologado. En cuanto al Reglamento de la Ley General, éste se someterá en las próximas fechas al escrutinio y diálogo con las familias a fin de que académicos, expertos y público en general pueda emitir sus comentarios para, posteriormente, ser aprobado por el Sistema Nacional de Búsqueda.

Por su parte, la SSP informó que el Gobierno Federal trabaja el tema de la violencia desde la atención a la raíz de sus causas para así poder prevenir la comisión de este delito y argumentó que esta estrategia ha permitido disminuir la brecha de desigualdad.

Por otra parte, informó que junto con las fiscalías, la CNB y la Guardia Nacional ha realizado 34 operativos de búsqueda y localización de personas, 642 servicios en campo con personalidad especializado, 107 con canes, 71 sobrevuelos con drones, 680 servicios de seguridad perimetral donde participaron 91 elementos. Detalló que gracias a esto se obtuvieron 655 perfiles genéticos y se identificaron 18 personas; además, tras estas acciones la Guardia Nacional recibió en sus laboratorios mil 64 indicios biológicos y se practicaron seis mil 382 análisis que permitieron entregar 43 análisis a la autoridad judicial, 873 dictámenes a la autoridad ministerial y 30 informes a instituciones de los 3 órdenes de gobierno.

Por su parte, la Fiscalía General de la República afirmó que se tiene la capacidad para cumplir con la cadena de custodia, se cuentan con los lineamientos, capacitaciones y certificaciones constantes en la materia. Además, aseguró que las víctimas tienen acceso a las carpetas e incluso participación en las diligencias ministeriales y actos de investigación. Agregó también se está desarrollado un protocolo homologado para la investigación de delitos contra la comunidad LGBT+, mismo que quedará aprobado a fin de año.

Finalmente, se precisó que de 2018 a la fecha se han judicializado mil 193 averiguaciones y carpetas, de las cuales en 271 ya se dictó sentencia: 218 condenas y 53 absoluciones, aseguró Roberto de León, director general de Derechos Humanos de la cancillería.

Conclusiones finales

Ante lo arduo de esta jornada de tres días de comparecencia, ambas partes acordaron continuar con el proceso de recomendaciones, proporcionar información, emisión de recomendaciones y su seguimiento para así poder avanzar ante la solución del tema que se busca erradicar.

Durante su intervención final, el relator Horacio Ravenna agradeció a los representantes por su apertura al diálogo y en especial al actual gobierno, toda vez que este Comité solicitó una visita a México desde 2013 para atender, solicitud que fue negada en su momento por el gobierno de México en ese momento.

Finalmente, los relatores miembro emitirán se reunirán para realizar en conjunto el estudio del ejercicio presente y tras lo cual publicarán su análisis y evaluación correspondiente.