El presidente López Obrador defiende que su gobierno tiene como objetivo recuperar y fortalecer el poder adquisitivo de los mexicanos disminuido por las políticas neoliberales. El paquete de reformas enviadas al Congreso propone un aumento al salario mínimo por encima de la inflación y una pensión equivalente al cien por ciento del salario.

07/02/2024 (Ciudad de México). Dentro del paquete de iniciativas de reformas enviadas por el presidente López Obrador también se encuentran aquellas que buscan fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos, tanto durante su vida laboral activa, como tras su jubilación.

Una de las más polémicas es la relativa al sistema de pensiones, la cual contempla garantizar una pensión con el cien por ciento del salario para todos los trabajadores registrados ante el IMSS. Esta propuesta de reforma se sumaría a la ya hecha al inicio de la administración, la cual tuvo como objetivo incrementar la participación patronal, así como limitar el porcentaje de comisiones cobradas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES).

Sin embargo, si bien con esta reforma se logró incrementar el porcentaje a obtener como pensión, pasando del 27 al 64%, ahora el objetivo es garantizar el 100%.

López Obrador señaló que no se incrementará la aportación patronal, sino que será el Estado quien contribuirá para lograr este objetivo, lo cual se puede ver dentro de la iniciativa de reforma al Artículo 123 de la Constitución.

La creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar

Dentro de la iniciativa para contribuir al ahorro destinado para las pensiones se propone la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual obtendría recursos provenientes de distintas áreas del Gobierno Federal, entre las cuales se encuentra los del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (el 75% de sus recursos); de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (de su liquidación); del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (de la venta de sus bienes inmuebles); así como de los adeudos pendientes de la Administración Pública Federal, del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos, “así como de las entidades federativas, de los poderes legislativos y judiciales locales, de las administraciones públicas municipales o de cualesquiera de sus entes públicos que tengan pendientes de pago ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el ISSSTE o el IMSS”.

Adicional a estos recursos, se dispondrán de aquellos obtenidos por la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial y de las utilidades obtenidas (su 25%) por las empresas paraestatales operadas por la Secretaría de la Defensa (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) en los proyectos a su cargo.

De acuerdo a lo expuestos por la titular de la secretaria de Gobernación, Luisa Maria Alcalde, durante su participación en la Conferencia Matutina, el monto de los recursos obtenidos alcanzaría 64 mil millones de pesos, cantidad que conformaría un “capital semilla” que se incrementaría año con año mediante los rendimientos generados por la inversión de estos recursos.

Finalmente, la materialización de esta reforma aplicaría para todas las personas mayores de 65 años que hayan cotizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) después del 1 de Julio de 1997 o aquellas que se encuentren bajo el régimen de cuentas individuales de 2007 del  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Garantizar un salario mínimo digno

Junto al sistema de pensiones, las iniciativas del Ejecutivo también contemplan reformas para bloquear la posibilidad para que el salario mínimo vuelva a tener un decrecimiento en términos reales, tal como sucedió durante las últimas cuatro décadas de acuerdo a lo registrado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) donde se perdió un 70% del poder adquisitivo.

De acuerdo al texto propuesto, esta reforma consistiría en adicionar al Artículo 123 de la Constitución, en su inciso A, apartado VI, un agregado que a la letra dice “La fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia.”

Además, la iniciativa también contempla incluir, en su inciso B, apartado IV, el agregado que establezca que “las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.”

Actualmente, este salario promedio es de 16 mil 777 de acuerdo al IMSS, monto que, de acuerdo a los artículos transitorios, se deberá actualizar año con año de acuerdo a la inflación registrada.

Al respecto, el presidente López Obrador señaló durante su conferencia matutina que a lo largo de los cinco años de su gobierno se logró romper el mito neoliberal que aseguraba una mayor inflación si el salario mínimo tenía incrementos sustanciales, pues durante este tiempo el salario mínimo pasó de $116 a $250,es decir, poco más del doble, mientras que la inflación anual acumulada ha sido menos al 30 por ciento, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).