Esta exigencia se da luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 504 personas que viven en situación de desplazamiento forzado interno. Piden que se instale una mesa para de trabajo con SEGOB y Gobierno de Oaxaca, para que se implementen esas medidas.
09/11/2023 (Ciudad de México). El pueblo triqui de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, que vive con situación de desplazamiento forzado interno, exige una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), con la Subsecretaría de Gobernación de Oaxaca y con el Gobierno del Estado, para que a la brevedad se implementen las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La exigencia se enmarca tras la reciente resolución que emitió la CIDH a favor de 144 familias (504 personas) de Tierra Blanca Copala, que se encuentran desplazadas en la comunidad vecina Yosoyuxi. Se trata de la Resolución 62/2023 mediante la cual este organismo internacional identifica que los afectados se encuentran en situación de riesgo de daño irreparable a sus derechos y da la razón a la lucha que ha sostenido el pueblo.
Estas medidas solicitan al estado mexicano salvaguardar la vida e integridad personal de las familias triquis de la comunidad de Tierra Blanca Copala, en particular, “se solicita adoptar las medidas de seguridad que resulten necesarias y garantizar que puedan regresar de manera segura a su comunidad.”
Asimismo debe concertar las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias e informar sobre las acciones adoptadas, a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la medida cautelar y evitar su repetición.
Las medidas de la CIDH se suman a otros instrumentos nacionales que se han dictado antes, y que refieren a la responsabilidad del Gobierno de Oaxaca y Federal para prevenir, atender y dar solución al conflicto.
Una de ellas, según detalla el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), son las medidas que han emitido en diversas ocasiones la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como la recomendación 36/2022.
En julio de 2023, el Poder Judicial de la Federación, a través del amparo 1258/2022, ordenó el retorno de las familias y fincó responsabilidad del estado mexicano.
“En ambos casos, los funcionarios aplicaron medidas dilatorias y rechazaron rotundamente generar acciones en favor de las víctimas desplazadas. Las medidas cautelares solicitadas por la CIDH refuerzan la demanda que hemos tenido como movimiento desde hace casi tres años: retorno seguro y justicia”, expresa el MULTI.
A través de un comunicado, el Movimiento denunció que Comisión Interamericana de Derechos Humanos corrobora lo que acusa como simulación por parte de funcionarios estatales y federales. Y es que desde febrero de 2021 se han instalado mesas de diálogo, pero no se ha cumplido el objetivo de retorno.
Además agregaron que hay “encubrimiento, omisión y complicidad que han tenido con el grupo paramilitar y caciquil que opera en la región triqui a través de la violencia y el miedo”.
Por esta razón hicieron un llamado a los tres niveles de gobierno en el que piden Tres cosas: que se posicionen públicamente con respecto a la adopción de la MC-279-22; la instalación de la mesa de trabajo en donde participe Luisa María Alcalde, titular de Segob; Félix Arturo Medina, Subsecretario de DDHH, así como Félix Arturo Medina y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, a fin de implementar las medidas cautelares lo antes posible.
La tercera es que exigen se legisle para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno en México.
A partir de que la CIDH emitió su resolución, el estado mexicano tiene 15 días hábiles para informar sobre la adopción de las medidas cautelares.
Tal como ha informado De Raíz, el 26 de diciembre de 2020, 144 familias triquis de Tierra Blanca, Copala, salieron desplazadas luego de que un grupo paramiltar del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) ingresó a la comunidad de forma violenta.
Los ataques, sin embargo, no se han detenido. Apenas el 3 de agosto de este 2023 paramilitares de MULT y de la familia caciquil Ortiz perpetraron ataques armados. El saldo fue el asesinato de Magdalena Martínez de Jesús, mientras que Josefina González, Norma Martínez y Amada Bautista, integrantes de la comunidad, resultaron heridas por arma de fuego.
A pesar de que solicitaron apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional nadie intervino, por lo que tuvieron que resguardarse en diversas viviendas y hasta ahora no han tenido un retorno seguro a su comunidad.
