08/08/2023 (Ciudad de México). El poder judicial de la Federación concedió un amparo que ordena garantizar la seguridad y el retorno de la comunidad triqui a Tierra Blanca, Copala, del municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.
El amparo 1258/2022 marca un precedente en México, porque es la primera sentencia de fondo que se otorga a una comunidad en condiciones de desplazamiento forzado interno y en donde se asienta que las autoridades de los tres órdenes de gobierno fueron omisas con respecto a la protección de la comunidad triqui.
Fue en septiembre de 2022 que representantes de las 143 familias desplazadas de la comunidad triqui de Tierra Blanca Copala solicitaron este amparo y la protección de la Justicia Federal ante la violación de sus derechos humanos al ser víctima de desplazamiento forzado interno y por la falta de coordinación entre autoridades.
Horacio Santiago, representante del Movimiento de Unificación Lucha Triqui Independiente (MULTI) externó que la comunidad exige voluntad política para dar paso a un Plan de Soluciones Concretas que asegure el retorno de la población triqui.
En ese Plan, agregó, debe considerarse la asistencia humanitaria, el acceso a servicios públicos, el resguardo de su seguridad y un censo donde se reconozcan a las personas desplazadas como víctimas para ser incorporadas al Registro Nacional de Víctimas por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El representante aseguró que el estado mexicano tiene hasta el próximo 10 de agosto para impugnar. Además, Horacio Santiago afirmó que en un escenario positivo, es decir, en dado caso de que no haya impugnación por las autoridades gubernamentales, se vislumbraría una reunión con el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, para realizar el Plan que señala la resolución del amparo.
“La posición del estado mexicano es fragil, pese a los acuerdos”, dijo Santiago. Y es que se han realizado seis intentos de retorno, a través de las mesas de diálogo que instauró el gobierno mexicano desde el año 2021. Sin embargo, no se ha materializado debido a los constantes ataques y agresiones por parte de grupos paramilitares hacia las comunidades. Recordó que el gobierno de Oaxaca se comprometió que el pasado 31 de mayo sería la fecha límite para el retorno, por lo que la promesa se incumplió.
Por último, los convocantes denunciaron que en México continúa congelada, en el pleno del Senado, la Ley sobre Desplazamiento Forzado Interno por lo que insistieron en que se avance para su aprobación.
Recuento de la violencia que originó el desplazamiento
El 26 de diciembre de 2020, alrededor de 143 familias de la comunidad triqui de Tierra Blanca, Copala, salieron desplazadas por la violencia que se registró por parte de un grupo paramiltar del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).
A pesar de que solicitaron apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional no intervinieron, por lo que las personas tuvieron que resguardarse en diversas viviendas.
Ante esos hechos la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 36/2022 por las omisiones registradas, pero fue rechazada por autoridades estatales.
Los ataques, sin embargo, no se han detenido desde entonces. Apenas el 3 de agosto de este año paramilitares de MULT y de la familia caciquil Ortiz perpetraron ataques armados. El saldo fue el asesinato de Magdalena Martínez de Jesús, mientras que Josefina González, Norma Martínez y Amada Bautista resultaron heridas por arma de fuego.
Ante ese panorama, Venustiana López R, desplazada de Tierra Blanca Copala, dijo a De Raíz que las afectaciones han sido muchas hacia su comunidad, y que los más afectados son las personas mayores y los niños, por lo que pidió al gobierno que atienda lo que señala la resolución del amparo.
“Si el gobierno hiciera tal lo que pide el amparo, la solución estaría ahí, porque la gente ya se estaría regresando a su comunidad. […] A nosotros nos cuesta y nos preocupa por nuestro hijos porque no están en un lugar fijo, no están recibiendo una educación, ni tampoco la alimentación como debe de ser, […]los más grandes están fuera y también se están perdiendo la vida, los abuelitos desplazados”, externó a De Raíz Media.
También dijo que en dado caso de que las autoridades y el gobierno impugnen el amparo concedido por el poder Judicial, y no se atienda el retorno seguro de su comunidad, en la que también se encuentran otras poblaciones como San Juan Copala, tomarán las calles para manifestarse.
“Si se cumpliera estaríamos muy felices de volver. En caso de que no se diera, vamos a volver a manifestar, vamos a volver a las calles, porque es la única arma que nosotros podemos tener y hacer que esto siga que no quede impune de todo lo que ha pasado con nosotros, de los asesinatos de nuestro pueblo”, compartió al medio.
