25/10/2023 (Ciudad de México). Este martes 24 de octubre, 11 de los 12 policías que participaron en el asesinato de 17 migrantes y dos mexicanos en Camargo, Tamaulipas, fueron sentenciados a 50 años de prisión por un juez estatal.

Además, el otro policía participante recibió una pena de 19 años por abuso de autoridad y obstrucción de la justicia. El funcionario habría obtenido una pena menor debido a que colaboró con la investigación y permitió conocer los hechos.

Desde el pasado 14 de septiembre se había definido la culpabilidad de los 12 policías por el juez local Patricio Lugo. En aquel entonces, se había pedido una condena de hasta 90 años para los policías. Sin embargo, este martes fueron definidas las condenas individuales, quedando en 50 años para 11 de los 12 policías.

Según lo que comentó para este medio Gabriela Gutiérrez de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJED), organización que ha acompañado el caso, la sentencia se definió en 50 años debido a que se trata de la pena máxima en el estado permitida por la normativa vigente.

Camargo es uno de los ocho municipios que se encuentran en la frontera de Tamaulipas. La mañana del 22 de enero de 2021, las 19 víctimas transitaban por uno de sus ejidos, Santa Anita, con miras a cruzar la frontera. No obstante, dos camionetas y cuatro tanquetas del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) les cerraron el paso, sellando su destino.

Los 17 migrantes, en conjunto con sus dos guías, fueron asesinados a sangre fría por los elementos estatales. Posteriormente, con la finalidad de ocultar la evidencia, el grupo de policías remató a los migrantes sobrevivientes, además de incinerar los cuerpos en los vehículos en los que viajaban. Esto lo habrían realizado por órdenes del entonces comandante de los GOPES, según narró durante el juicio el policía cooperante.

Aunque los oficiales – incluyendo al que colaboró en la investigación– argumentaron que se trató de un enfrentamiento, durante el juicio se comprobó que ni los migrantes, ni sus guías mexicanos, se encontraban armados o dispararon en su contra.

Los GOPES fueron un grupo militarizado considerado “de élite” dentro de la corporación estatal de policía. Fue conformado por el exgobernador conservador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien actualmente cuenta con una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero.

En el año 2022, el actual gobernador morenista, Américo Villarreal, desintegró a los GOPES, aunque ya habían dejado detrás una estela de excesos y arbitrariedades. Una de ellas, quizás la más terrible, fue la masacre de Camargo.

La condena se ha definido como “histórica” debido a que, a pesar de los constantes agravios ocurridos en el noreste contra los migrantes, es la primera vez que se condena a los perpetradores de esta violencia. El caso es aún más sobresaliente debido a que son funcionarios públicos los sentenciados, lo que sienta un claro precedente en materia de derechos humanos para casos de ejecución extrajudicial y obstrucción a la justicia y la verdad.

Particularmente, en la región fronteriza de Tamaulipas y las áreas limítrofes, el asesinato y el asedio contra la población migrante se han vuelto sistemáticos. Debido a ello, la FJED acompaña los casos más emblemáticos que han acontecido en aquella frontera: en 2010, 72 migrantes fueron asesinados en San Fernando; en 2011, fueron halladas 195 personas en 48 “fosas clandestinas”, también en San Fernando; en 2012 se daría el hallazgo de la “megafosa” de Cadereyta, Nuevo León, en donde fueron encontrados 49 torsos humanos; en 2014, 15 personas migrantes también fueron asesinadas en Güémez y, finalmente, Camargo en febrero de 2021.

A pesar del avance en el caso, existen voces críticas que han hablado sobre posibles irregularidades en el mismo. Entre ellas, la periodista tamaulipeca y directora del medio En Un 2×3 Tamaulipas, Martha Olivia López, quien hace apenas un año alertó al presidente sobre la posibilidad de que los policías acusados no hubieran participado directamente en los homicidios o que, incluso, no pertenecieran a los GOPES. La información para hacer estas advertencias se basó en las declaraciones de familiares de los policías, quienes habrían denunciado los hechos ante la periodista, aunque prefirieron permanecer en el anonimato. 

En entrevista para De Raíz Media, la periodista tamaulipeca dijo que la confusión se pudo haber facilitado porque los seis vehículos que interceptaron el camino de los migrantes, en realidad, conformaban una caravana que incluía tanto a elementos de la Policía Estatal Preventiva como de los GOPES. A pesar de que entre los victimarios se encontraran sólo miembros de los GOPES, entre los detenidos y sentenciados se encuentran policías estatales que no pertenecían al grupo de élite y que no habrían participado directamente en los homicidios. Luego de que se les acusara, los imputados habrían recibido amenazas o falsas promesas de salir una vez que las pruebas balísticas hubieran dado negativo. Sin embargo, esto no ocurrió y ahora han recibido la sentencia condenatoria. 

La periodista señala que estos casos con irregularidades se facilitan porque, al ser tan mediáticos, la población está expectante de “medidas contundentes” y el cierre de un caso con una sentencia se interpreta como un “avance”. Además, las posibles irregularidades no serían aisladas, sino que la Fiscalía estatal a cargo de Irving Barrios Mujica –nombrado por el exgobernador García Cabeza de Vaca– habría incurrido en la fabricación de pruebas para acusar a personas inocentes en otros delitos. 

Es el caso del periodista Carlos Domínguez, asesinado el 13 de enero de 2018, de cuyo asesinato fueron responsabilizados otros tres periodistas: Luis Valtierra, Jesús Zúñiga y Gabriel Garza. Los primeros dos salieron ya de prisión, debido a la ausencia de pruebas; sin embargo, Garza falleció en la cárcel a causa de una negligencia que no le permitió acceder a servicios de salud. 

Otro caso es el de la masacre del Valle de Anáhuac, en el municipio de Nuevo Laredo, en el cual fueron asesinados cinco hombres y tres mujeres. Aunque los GOPES señalaron que se trató de un enfrentamiento, vecinos de las víctimas declararon que éstas eran inocentes y que los elementos policíacos les habrían sembrado las armas para aparentar que se había tratado de una confrontación entre ellos.