Tuvieron que pasar 25 años para que la familia Trueba Arciniega obtuviera el reconocimiento y disculpa pública del estado mexicano, por el asesinato de Mirey Trueba Arciniega, un joven de 20 años, a manos de agentes estatales en Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
La mañana de este jueves, en el marco de una fecha simbólica para la familia Trueba Arciniega –fue un 22 de agosto de 1998 que ocurrieron estos hechos– representantes del estado mexicano ofrecieron una disculpa pública y reconocieron su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos del joven y a su familia, quien se enfrentó a una larga lucha en búsqueda de justicia.
Este evento se realizó en el Palacio de Gobierno de Chihuahua y estuvo encabezado por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, quien refrendó en nombre del estado mexicano la disculpa pública a la memoria de Mirey Trueba Arciniega, a sus padres y familia, “porque el estado mexicano no pudo proteger su vida e integridad”.
Externó que hay retos importantes en casos como estos para que no se repitan y que el estado mexicano debe reafirmar su compromiso en contra de la impunidad.
En este evento estuvieron José Tomás Trueba Loera y Micaela Arciniega Cevallos, padres de Mirey, así como su hermano Vidal, que estuvo en el lugar de los hechos y que vio a su hermano morir desangrado.
Al evento asistieron también los representantes de la defensa de la familia, como Felipe Ruiz Becerra, coordinador general de Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSyDDHAC). También Marcela Martino Aguilar, subdirectora de CEJIL para Centroamérica y México, quien recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte CIDH) ha condenado en 13 ocasiones al estado mexicano y en al menos seis han sido casos sobre uso de la fuerza por parte de elementos de seguridad del estado.
La subdirectora dijo que a pesar de eso, México ha continuado apostando por la militarización, que hasta ahora “no ha sido una solución efectiva sino de prevalencia del miedo en los jóvenes y la sociedad“. La defensora insistió en que se debe asegurar la no repetición de este tipo de crímenes.
Al evento institucional también asistieron autoridades estatales como Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de gobierno del Estado de Chihuahua y Néstor Armendáriz, comisionado estatal de Derechos Humanos. Así como autoridades federales como Ángel Primitivo Flores González, director general de Derechos Humanos de la SEDENA; Martha Rodríguez, comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas y Rosalinda Salinas, directora de casos de litigio internacional, medidas cautelares y seguimiento internacional de la SER.
En memoria de Mirey
Mirey Trueba Arciniega tenía 20 años cuando murió desangrado a causa de una herida de bala en la arteria femoral. Fue un alto mando militar quien disparó en contra del joven. Sus victimarios no lo auxiliaron y cuando fue trasladado a una Clínica del Ejido, Mirey tenía tres horas de haber perdido la vida.
El joven originario de Baborigame trabajaba en el rancho de su familia y un 22 de agosto de 1998, viajaba con su hermano Vidal Trueba Arciniega y su amigo Jorge en un vehículo sobre una calle principal cuando un carro militar se acercó y los detuvo.
Mirey se asustó, bajó del auto y echó a correr, pero el comandante disparó 11 ocasiones en contra del joven. Pese a que su hermano y su amigo quisieron auxiliarlo, y solicitaron ayuda de los agentes militares, les fue negada y los golpearon. En las investigaciones, los agentes militares quisieron fabricar un delito al señalar que el joven portaba un arma, para justificar la ejecución extrajudicial.
El caso del joven se enmarca en la militarización que se registró en los noventa. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dos días antes de los hechos, 400 militares llegaron a Baborigame con el fin de combatir el narcotráfico.
La familia de Mirey nunca se detuvo para exigir justicia. El militar fue sometido a proceso y sentenciado.
El recorrido ante instancias internacionales fue largo. El caso llegó en el año 2001 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque fue siete años después que se admitió. En el año 2016 la CIDH emitió un informe de fondo y emitió recomendaciones al estado mexicano. En 2018, el caso de Mirey Trueba Arciniega llegó a la Corte IDH.
En ese mismo año, el estado mexicano firmó un Acuerdo de Arreglo Amistoso con la familia Trueba Arciniega en donde se suscribieron diversas medidas para reparar de forma integral el daño causado a las víctimas, en donde sobresale el acto de público de reconocimiento de responsabilidad del estado que hoy tuvo lugar.
