Han pasado 44 días desde que mujeres y familiares de personas presas injustamente decidieron plantarse frente a las instalaciones del palacio de gobierno del Estado de México, en Toluca. Exigen diálogo con Alfredo del Mazo, todavía gobernador de la entidad, y resolución a la Ley de Amnistía en EdoMéx.

La susodicha ley permanece en pausa, lo que afecta directamente a sus familiares encarcelados cuyos casos comparten las mismas características: fueron detenidos de forma arbitraria e ilegal, son víctimas de fabricación de delitos y de torturas, y sus procesos penales están plagados de irregularidades.

Es el caso de Daniel Plácido Arroyo, quien lleva detenido desde 2015 acusado de secuestro y enfrenta una sentencia de 70 años, tal como aseguró su hermana Lady Plácido, que ha impulsado una movilización a favor de la libertad no sólo de su hermano –cuyas pruebas, denuncia, han sido fabricadas para acusarlo de un supuesto secuestro– sino que tienen conocimiento de al menos 50 casos similares. Daniel se encuentra en una lista de espera de amnistía que no ha tenido avances desde que fue implementada en esta entidad federativa.


¿Qué ha pasado con la Ley de Amnistía?

La Ley de Amnistía fue aprobada en abril de 2020 por el Congreso, como iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el contexto de emergencia sanitaria por Covid-19. Entró en vigor hace tres años.

Su objetivo fue otorgar libertad a personas que fueron encarceladas y que hayan sido procesadas o con sentencia firme, por diversos delitos menores y que no son reincidentes. Entre esos delitos sobresale el aborto y delitos contra la salud (producción, transportación, tráfico, comercialización, introducción, extracción y posesión de narcóticos, así como cultivo). Además, favorece a personas en situación de vulnerabilidad, como miembros de pueblos indígenas, con discapacidad, adultos mayores o mujeres.


Hasta ahora 12 estados han promulgado sus leyes de amnistía. En el caso del Estado de México, el Poder Judicial informó que hasta abril de 2022 se habían concedido 2 mil 384 amnistías. Hasta entonces habían recibido 4 mil 832 solicitudes.


De ese total, 2 mil 834 fueron presentadas por defensores, mil 793 por personas imputadas, 139 por familiares y 66 por organizaciones u organismos públicos. Del total de amnistías concedidas, 134 fueron de mujeres.


De Raíz hizo una solicitud de transparencia al Poder Judicial del Estado de México, para conocer los datos hasta marzo de este año. De acuerdo con el Sistema de Estadística Amnistía, se recibieron 5 mil 714 solicitudes, de las cuales 2 mil 900 fueron procedentes, 442 improcedentes y 2 mil 372 están sin resolución, y ese período abarca desde el 1º de enero de 2021 hasta marzo de 2023.

Antonio Lara, abogado defensor del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero A. C, en entrevista con el medio, atribuyó que son los grupos más conservadores del Poder Judicial del Estado de México, así como en el propio gobierno de la entidad, los que han puesto resistencia a reconocer que prevalece la discriminación en contra de los sectores más vulnerables, porque asegura que las cárceles están pobladas por personas que pertenecen, en su mayoría, a esos perfiles.

“No es porque hayan cometido algún hecho delictivo, y eso es lo que estos sectores conservadores a lo que nos referimos se niegan a reconocer, porque creen que eso les exhibe como quienes no operaron de forma adecuada el sistema de justicia. Lo que no han comprendido es que no se trata de exhibir a nadie, se trata de corregir los errores de un sistema estructural que tiene que ser mejorado y tiene que partir del reconocimiento de lo que no se hizo bien”, señaló.

El abogado del Zeferino Ladrillero asegura que tienen un cáculo de alrededor de 19 mil 500 personas presas de forma injusta, “lo que los tiene en la cárcel son las condiciones de discriminación y no haber cometido un delito”, reiteró.


Hasta el año 2016, el Estado de México ocupaba el segundo lugar con el mayor número de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios a nivel nacional: se registraban 25 mil 723 personas. El primer lugar lo tenía Ciudad de México con 30 mil 979, según datos de INEGI.


Al 10 de julio de 2023, de acuerdo con datos de SEGOB, existen 2 314 solicitudes de amnistía, pero sólo han procedido 332 y mil 281 han sido no procedentes, a nivel federal. Datos que no coinciden con lo expresado por las autoridades del Estado de México, que señalan que 2 mil 900 solicitudes fueron procedentes.

Además, la población carcelaria está lejos de disminuir. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hasta mayo de este año hay 232 mil 230 personas privadas de la libertad. Al cierre de 2020, año en que se aprobó la Ley de Amnistía, habían 214 mil 231. Es decir, hubo un aumento de 77.5%


Es así, que el principal cuello de botella para que se lleve a cabo la revisión de los casos y la aplicación de la Amnistía es el Poder Judicial del Estado y Federal. Eso es lo que ha llevado a que mujeres y familiares cumplan 44 días en protesta a las puertas del Palacio de Gobierno del EdoMéx.

Familiares exigen ser atendidos

El caso de Daniel Plácido tiene un pronunciamiento por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), emitido el 3 de junio de 2021. En él se incluyen diversas violaciones a los derechos humanos, como tortura por parte de elementos de seguridad del EdoMéx y violaciones al debido proceso. El caso en su contra está sustentado únicamente en las acusaciones de una persona, con iniciales S.G.A, y no hay pruebas fehacientes del supuesto delito de secuestro por el que está preso.

Ante estos hechos, el CODHEM solicitó al Poder Judicial que fuera puesto en libertad mediante amnistía, dada la sólida documentación de violaciones a derechos humanos.

Pero no ha sucedido tal cosa: Daniel continúa privado de la libertad y fue llevado a Tepic, Nayarit, lo que ha dificultado que su hermana Lady, sus padres y sus hijos lo visiten.

Movidas por la desesperación ante el retraso en la aplicación de la justicia, familiares de detenidos como Lady cuenta a  se plantaron de forma indefinida frente al Palacio de Gobierno del Estado de México. Para llamar la atención de la opinión pública y los medios de comunicación recrearon una celda de prisión.  Exigen ser atendidas por el gobernador Alfredo del Mazo.

“Para nosotros es una representación clara del hacinamiento, de todas las violaciones graves que viven nuestros familiares, porque en esas celdas llegan a vivir hasta 20 personas cuando mínimo. Ahí está el baño, ahí está también la parte en donde cocinan y donde tienen que bañarse. Algunas de las acciones con las que se abrió esta jornada de lucha por la libertad de nuestros presos injustamente fue encadenarnos a las vallas. Estuvimos prácticamente todo el día paradas ahí, en pleno rayo de sol, en exigencia de un diálogo con Alfredo del Mazo”.