23/08/2023 (Ciudad de México). Durante el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos 2024, Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados, adelantó que se hará “una revisión minuciosa al gasto que ejerce el Poder Judicial, ya que, de manera inicial, se han detectado gastos innecesarios que van de los 15 mil y hasta los 25 mil millones de pesos”. Como ejemplo, destacó una partida por más de 3 mil millones de pesos destinada a las reparaciones de las casas de ministros y jueces de distrito.

Desde la perspectiva de los legisladores morenistas, así como del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estos privilegios y excesos en el uso de los recursos públicos resaltan la necesidad de una reforma completa al Poder Judicial de la Federación, misma que promoverán en los próximos meses.

La versión de los perfiles contrarios al gobierno

Contrarios a este planteamiento, figuras relevantes de la oposición en el Senado se han pronunciado por promover un aumento al presupuesto del Poder Judicial para, afirman, garantizar su autonomía e imparcialidad, y así impedir a grupos de interés influir en sus decisiones.

Este tipo de planteamiento los ha expresado recientemente la senadora Xóchitl Gálvez, misma que actualmente realiza campaña a su favor para convertirse en la candidata a las elecciones presidenciales de 2024 por el Frente Amplio por México. Dentro de sus labores en el Senado, la aspirante por el bloque de oposición presentó una iniciativa que propone destinar, tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al menos el 1% del Presupuesto total de Egresos de la Federación, lo cual ascendería a 82 mil millones de pesos, esto es, un incremento de casi el 6% de acuerdo a lo autorizado para 2023.

La perspectiva del gobierno federal

La autonomía e imparcialidad del Poder Judicial ha sido ampliamente cuestionada por el Gobierno Federal. En diversas ocasiones tanto el Presidente López Obrador como el Procurador Fiscal, Félix Arturo Medina Padilla, han expuesto casos en los que, pese al goce de excesivos sueldos y prestaciones que abarcan incluso a sus familiares, los juzgadores han emitido fallos cuestionables en favor de los intereses de grandes empresas o de grupos criminales.

Recientemente el Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, expuso una serie de casos en los que los juzgadores han emitido este tipo de fallos o sentencias, pues éstas parecen favorecer a los intereses de los acusados, presuntos criminales con cargos que van desde posesión de armas de fuego, robo de hidrocarburos, hasta tráfico de personas o explotación ilícita de bienes nacionales.

Dentro de los casos expuestos sobre jueces de control en los distintos distritos (o entidades federativas), se destacan tres de ellos en los que los juzgadores presentan actualmente denuncias de carácter penal por delitos contra la administración pública, delito señalado en el Código Penal Federal en su Artículo 225 y que enumera 34 posibles acciones a sancionar entre las que destacan:

“IV.- Dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen;

VII.- Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebidos;

VIII.- Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia;

XXXII.- Desviar u obstaculizar la investigación del hecho delictuoso de que se trate o favorecer que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia;”

Eduardo Alberto Osorio Rosado

Como primer caso expuesto se encuentra el de un Juez de Control en Querétaro, Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien además tiene dos quejas presentadas ante el Consejo de la Judicatura Federal, ​​órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.

Durante su carrera, el jurista ha emitido 52 resoluciones contrarias al Ministerio Público, dentro de las cuales en 29 de ellas resolvió no vincular a proceso penal a presuntos criminales; en 11 ordenó el cambio de medida cautelar para sustituir la prisión preventiva oficiosa, en 6 calificó como ilegal la detención, en 4 declaró sentencia absolutoria y en 2 ordenó la reclasificación del delito. Si bien dentro del sistema judicial es posible la emisión de fallos en ambos sentidos, a favor o en contra de presuntos criminales, durante la conferencia matutina se enfatizó el carácter sistemático de estas resoluciones a favor de ellos.

Por su parte, Alberto Osorio, señalado anteriormente en el mismo espacio, afirmó en diversos medios de comunicación que “desafortunadamente, mal informaron al señor Presidente y a la Nación”, además de insistir en que sus resoluciones se fundan en el respeto a los derechos humanos.

José Luis Hernández Hernández

El segundo magistrado con denuncias penales en su contra se trata del Juez de Control en Coahuila, José Luis Hernández Hernández, quien también cuenta con dos quejas ante el Consejo de la Judicatura.

El origen de la denuncia en su contra se encuentra en el caso de la tragedia ocurrida en la mina El Pinabete, en Salinas, Coahuila. En ella, el 3 de agosto de 2022 ocurrió un derrumbe y provocó la muerte de 10 mineros, cuyos cuerpos no han sido rescatados hasta la fecha. Por este caso, el jurista decretó la no vinculación a proceso de dos imputados por el delito de explotación ilícita de bienes nacionales, además del sobreseimiento en favor Luis Rafael García Luna Acuña, presunto socio mayoritario de la empresa minera, quien ya se encontraba vinculado a proceso. Además, dentro del proceso penal, el Ministerio Público solicitó a un Tribunal de Alzada que el juez se excusara de conocer el caso, esto debido a los probables intereses personales en la resolución del mismo, situación que actualmente fue reconocida por la siguiente instancia juzgadora y por lo cual se asignó un nuevo juzgador para el caso.

Óscar Antonio Madero González

El último de los tres jueces con denuncia penal en su contra se trata del Juez de Control en Michoacán, Óscar Antonio Madero González.

A semejanza del juez Alberto Osorio, al jurista Antonio Madero se le señaló durante la conferencia matutina por el carácter sistemático en el que emite fallos a favor de presuntos criminales aun cuando, a criterios del Ministerio Público, se presentan pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad.

De las 15 resoluciones emitidas a favor de presuntos criminales, se expuso que en 11 de ellas se determinó no vincular a proceso penal, acción que exculpa de facto al acusado; en 2 calificó de ilegal la detención; y en 2 más emitió una sentencia absolutoria. El subsecretario Rodriguez Bucio enfatizó el caso en el que el juez Antonio Madero emite su fallo a favor de una persona que declaraba datos falsos al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Otros casos relevantes

Finalmente, también se expusieron los casos de los jueces de control José de Jesús Rodríguez Hernandez y Daniel Ramirez Peña, de los distritos de Guanajuato y Estado de México, respectivamente, quienes no presentan denuncias penales, pero sí diversas quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Se destaca del primero 80 resoluciones emitidas en contra de la impartición de justicia y las expresiones ofensivas contra los fiscales por las medidas cautelares solicitadas. En cuanto al juez en el Estado de México, se expuso la sentencia absolutoria a favor del exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez, acusado por enriquecimiento ilícito y destituido de su cargo en el Séptimo Tribunal de Circuito con sede en Guadalajara, por supuestos vínculos con cárteles del narcotráfico de la entidad.