17/10/2024 (Ciudad de México). Como en El Salvador, Ecuador, Argentina y recientemente Panamá, cuyos gobiernos ultraconservadores vienen aplicando un modelo de seguridad pública basado en la militarización, en Perú comenzó un proceso similar.
El primero en aplicar este modelo (que recuerda a la “guerra contra las drogas” implantado en México durante el Calderonato) fue el presidente Nayib Bukele en El Salvador. En marzo de 2022, luego de un horrendo fin de semana en que las maras (pandillas) cometieron 87 asesinatos, inmediatamente impuso el Estado de Excepción, sacando masivamente a las tropas militares a las calles, en apoyo a las fuerzas policiales. Organismos de derechos humanos salvadoreños han pedido la investigación de lo sucedido ese “fin de semana trágico”, pues existen denuncias de que los organismos de seguridad del gobierno tenían la información de que, en esos días, podía ocurrir una guerra entre grupos criminales y no hicieron nada por evitarla.
Fue así que Bukele impuso su plan de seguridad, cuyos pilares son: 1) la ya mencionada militarización del control del orden público, que supone también el sometimiento de los policías a la cadena de mando de los militares, 2) un permisivo régimen de portación de armas, no sólo ligeras sino de alto calibre, bajo el argumento de que se enfrenta a delincuentes fuertemente armados, 3) la priorización de las acciones de persecución penal por sobre las leyes garantistas de derechos de las personas investigadas, 4) un régimen de detenciones preventivas por tiempo indeterminado, que vulnera la seguridad jurídica individual, 5) un sistema penitenciario fuertemente punitivo, que abandona cualquier finalidad de reinserción social de los reclusos.
A dos años y medio de la aplicación de esta “guerra contra el crimen”, las nefastas consecuencias son ya identificadas por entidades de la sociedad civil. Una de esas instituciones es la “Fundación Cristosal”, que se dedica a la defensa de los derechos humanos y la protección de las víctimas de la violencia estatal. Cristosal afirma que en El Salvador hay un deterioro del Estado de Derecho y de la democracia, lo que ha permitido instaurar un régimen autoritario en el que los poderes públicos (legislativo, ejecutivo, judicial y electoral) perdieron independencia, gestándose una especie de dictadura con barniz comicial.
En Perú, el gobierno a cargo de la presidenta Dina Boluarte, está preparando las condiciones para que el Ejército tome el control del orden interno, como parte de este modelo de seguridad basado en la fuerza pública, que también se ha convertido en un modelo de control político sobre la sociedad, bajo el pretexto de estar luchando contra el crimen.
Ocurre esto tras un hecho de sangre, que tuvo enorme repercusión social, como fue el asesinato del profesor Julio César Pacheco, acribillado por un sicario frente a sus alumnos en el colegio suburbano donde daba clases.
El camino que está siguiendo Perú, otra vez actualiza el debate en América Latina sobre si este modelo punitivo de seguridad pública, que se concentra en las consecuencias delictivas, puede resolver las causas sociales que son origen de los delitos.
En las antípodas de estos autoritarismos, el caso de México puede ser el gran contrapeso, con otro modelo de seguridad que se basa en la lucha contra las causas sociales y económicas que generan fenómenos delictivos, en el respeto a los derechos humanos y las garantías de ley, en la inteligencia anticriminal, en la presencia de cuerpos de seguridad con legitimidad social, en la corresponsabilidad de todos los niveles de gobierno en la lucha contra el crimen, y en la participación con garantías de las comunidades afectadas por la inseguridad.
