02/04/2024 (Ciudad de México). Esta historia comienza el 7 de diciembre de 2022, cuando el profesor rural Pedro Castillo, elegido en las urnas con casi 9 millones de votos en junio de 2021, anunció públicamente su intención –que no se materializó, cosa que es fundamental para su defensa jurídica- de realizar una Asamblea Constituyente, disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones. En ninguno de esos anuncios hay algo que signifique la concreción de una sedición, una rebelión o un levantamiento en armas porque, para cualquiera de esas acciones, se debe contar con algún respaldo armado y, obviamente, Castillo no lo tenía. Pero fue inmediatamente apresado por la policía y los militares, sin que se le haya sometido a un juicio político en el Congreso Nacional, y desde entonces está recluido en el penal de Barbadillo.

En palabras del constitucionalista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni: “el discurso del señor Castillo fue una proclama para decirle al pueblo lo que tenía que hacer, y eso no tuvo ningún efecto práctico”. Por su parte Castillo, en su última audiencia judicial en enero de 2024, en que tuvo que escuchar la acusación de la Fiscalía que solicita 34 años de prisión para él, respondió: “Si Alberto Fujimori, con los delitos que el país y todo el mundo conoce, está libre, ¿cuál es la razón para tenerme encerrado?”.

El mismo 7 de diciembre, la vicepresidenta de Castillo, la señora Dina Boluarte,con votos de todas las bancadas de la derecha, comenzando por el fujimorismo, y algunos votos de una izquierda extraviada, accedió a la presidencia. En contacto con De Raíz, el analista peruano y docente de la Universidad de San Marcos,Osman Moncayo, afirmó al respecto: “El Congreso no siguió todos los pasos legislativos que debía seguir para declarar la vacancia del cargo; Castillo no fue sometido a un proceso ni tuvo la posibilidad de ejercer defensa alguna, pues ya estaba detenido. En síntesis el gobierno de Boluarte nació inconstitucional”.

Para consolidarse el nuevo gobierno ordenó la represión contra las protestas sociales que demandaban la restitución del presidente derrocado, tanto en la capital Lima y en varias regiones del país. “Sólo hasta febrero de 2023, las muertes de civiles por operaciones conjuntas de la policía y las fuerzas armadas, llegan a 49, con centenares de heridos. Al cumplirse un año del derrocamiento de Pedro Castillo, el régimen de Boluarte ya tenía 70 muertos. En Perú se ha instaurado un régimen policíaco-militar con respaldo de un Congreso muy cuestionado por la población, con rostro civil en la presidencia, con el control del aparato judicial y constitucional, apoyado por el gran empresariado y los más influyentes medios de comunicación del país”, afirma Moncayo.

La presidencia ahora está sometida al Congreso, lo que se ha demostrado en varias ocasiones. Hace un mes Boluarte perdía a una de sus piezas fundamentales con la renuncia del primer ministro Alberto Otálora, ante una posible censura legislativa por un escándalo de tráfico de influencias. Durante este tiempo, la mayoría legislativa derechista aprobó varias contrarreformas políticas: se volverá al viejoPoder Legislativo de dos cámaras, Diputados y Senadores, que el país había dejadopor elitista en 1993; también se volvió a instaurar la reelección de parlamentarios. 

El más reciente escándalo se activó por varios relojes de alta gama, al menos uno de ellos de 20 mil dólares, que usa Boluarte, sin que los haya incluido en sus declaraciones patrimoniales. Por este motivo la Fiscalía abrió una investigación por indicio de enriquecimiento ilícito. Este delito penal se configura cuando un funcionario público tiene un aumento de su patrimonio o de su gasto económico notoriamente superior al de sus remuneraciones declaradas. Sobre este tema opina Moncayo: “Este ‘escándalo de los Rolex’ ha tomado tal envergadura por la impopularidad de la mandataria, que termina dándole gran importancia a un casoque es mucho menos grave que las masacres que se ordenaron desde la Presidencia y que aún no se sancionan penalmente”.

La semana pasada la Fiscalía allanó las oficinas presidenciales del Palacio y lavivienda de la mandataria. Aprovechando tal situación, un grupo de legisladores de oposición activó la remoción presidencial en el Congreso, con pocas posibilidades de lograr mayoría. Por su parte, Boluarte acaba de cambiar parte de su gabinete, posesionando a seis nuevos ministros, realizando mayores concesiones al fujimorismo, lo que asegura el respaldo legislativo con que confía quedarse en la silla presidencial hasta el año 2026.