07/01/2025 (Ciudad de México). El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó recientemente la “Evaluación estratégica sobre el avance de las mujeres en el ejercicio de sus derechos”, un documento clave que examina el progreso y los desafíos que enfrenta México en la promoción de la igualdad de género y el acceso a derechos fundamentales para las mujeres.
Esta evaluación se enmarca en un análisis hecho desde una perspectiva multidimensional, considerando factores como la pobreza, la educación, la salud, la seguridad social y la participación en el mercado laboral. Su objetivo principal es proporcionar información basada en evidencia que pueda guiar la toma de decisiones y mejorar las intervenciones gubernamentales de desarrollo social dirigidas a las mujeres.
De acuerdo al informe, si bien México ha adoptado marcos normativos progresistas en los últimos años en materia de igualdad de género y es notoria la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral, aún persisten brechas significativas en comparación con los hombres. En 2022, la tasa de participación económica de las mujeres osciló entre 40% y 46.2%, mientras que más de la mitad de las mujeres en edad de trabajar no lo hacía.
Esta brecha no sólo se manifiesta en su ingreso al mercado laboral, sino también en otros ámbitos colaterales como la seguridad social, la salud y la participación en la toma de decisiones. Según el CONEVAL, estas desigualdades no sólo limitan el desarrollo de las mujeres, sino que también impactan negativamente en el progreso económico y social del país.
De esta manera, entre los hallazgos más significativos se destaca que, aproximadamente, 49 de cada 100 mujeres no tienen acceso a la seguridad social y 37 carecen de servicios de salud. Con esto, su capacidad para enfrentar situaciones de vulnerabilidad y asegurar su bienestar a largo plazo se ve limitada. Este fenómeno afecta de manera desproporcionada a las mujeres en comunidades rurales e indígenas, donde las opciones de empleo formal son aún más limitadas.
Cerrar la brecha de género, prioridad para el gobierno de Sheinbaum
Para disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres, desde su llegada a la presidencia de México en octubre de 2024, Claudia Sheinbaum ha implementado una serie de medidas que abarcan reformas constitucionales, políticas públicas y programas específicos que buscan garantizar los derechos de las mujeres, erradicar la violencia de género y cerrar la brecha con los hombres.
Una de las iniciativas más destacadas es la promulgación de un decreto que reforma la Constitución para garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres. Publicado el 15 de noviembre de 2024, modifica los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123, estableciendo la igualdad en el acceso a derechos y oportunidades, el derecho a una vida libre de violencias y la incorporación de la perspectiva de género en materia de seguridad pública y justicia.
En estos últimos rubros, las reformas establecen la homologación del tipo penal de feminicidio en todas las entidades federativas, asegurando que se considere la violencia de género en las investigaciones de los asesinatos de mujeres. Además, se impulsará la Ley Olimpia para investigar la violencia digital contra mujeres y la Ley de Violencia Vicaria para proteger a hijos de padres divorciados.
Para fortalecer el texto constitucional y las leyes secundarias emanadas de estas reformas, Sheinbaum también ordenó la creación de la Secretaría de las Mujeres en el gabinete presidencial. Así, esta nueva dependencia estará encargada de coordinar las políticas y programas dirigidos a promover la igualdad de género y proteger los derechos de las mujeres, además de colaborar con otras dependencias gubernamentales para implementar las reformas y garantizar su cumplimiento.
Junto a esta estrategia operada desde el Estado, Sheinbaum también ha implementado un nuevo programa social dirigido específicamente a las mujeres de entre 60 y 64 años. Este programa, Pensión Mujeres Bienestar, proporcionará un apoyo monetario bimestral a este grupo poblacional y actualmente se busca que, a semejanza con otros programs sociales, quede plasmado como derecho en la Constitución.
Finalmente, la actual administración también ha puesto en marcha la distribución de una cartilla de derechos de las mujeres, esto con el objetivo de que todas las mexicanas conozcan sus derechos y sepan cómo actuar en casos de violencia de género. Esta iniciativa busca empoderar a las mujeres, al mismo tiempo que promover una cultura de respeto y equidad en la sociedad mexicana.
