21/10/2024 (San Cristóbal de las Casas). En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, la mañana del domingo 20 de Octubre fue asesinado el sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, integrante de la Diócesis de San Cristóbal, activista y defensor de los derechos humanos. El sacerdote fue ultimado por dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta y dispararon en varias ocasiones contra su camioneta tras oficiar una misa en la parroquia de Cuxtitali.
Pérez Pérez era sacerdote de la Iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas, lugar al que se dirigía tras salir del templo del barrio de Cuxtitali. El homicidio fue confirmado por la Fiscalía General de Chiapas y, a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales y Distrito Altos, abrió una carpeta de investigación para dar con las personas responsables del delito por homicidio en agravio del padre Marcelo Pérez.
Ola de indignación por asesinato del J’tatik Marcelo Pérez
Ante estos hechos, una ola de indignación se ha levantado a nivel nacional e internacional, ya que el presbítero era reconocido por su activismo a favor de los derechos humanos y de los pueblos originarios.
Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina, declaró que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, se encuentra en coordinación con autoridades estatales, así como con la Diócesis y autoridades eclesiales, para avanzar en las investigaciones.
Sheinbaum sostuvo que se garantizará que no haya impunidad en el caso: “El día de ayer, la secretaria de Gobernación estuvo en comunicación tanto con el Gobierno estatal como con la Diócesis, y con las autoridades eclesiales. Estamos coordinándonos para poder avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune”, apuntó.
En tanto, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, condenó el asesinato del clérigo, y se comprometió a colaborar con las autoridades correspondientes para que su muerte no quede impune y los culpables enfrenten la justicia.
Así también se pronunció el Episcopado Mexicano, que expresó “su más enérgica condena y profundo dolor ante el brutal asesinato” y recordó que “el padre Marcelo Pérez fue un ejemplo vivo del compromiso sacerdotal con los más necesitados u vulnerables de la sociedad”.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se unió a la condena e indignación e instó a las autoridades a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y eficaz.
Organizaciones civiles como el FrayBa acusaron que no se atendieran las causas de fondo de las amenazas en contra del J’tatik Marcelo: “Lejos de su protección, el Estado mexicano lo criminalizó, fomentó el señalamiento en su contra y lo persiguió judicialmente mediante una orden de aprehensión”.
Una vida dedicada al activismo en donde prevalece la violencia
El asesinato del sacerdote se enmarca en un contexto de tensión por la creciente violencia en Chiapas. No sólo porque el sacerdote era víctima de amenazas constantes por parte del crimen organizado y de grupos partidistas en los Altos de Chiapas, sino también porque se veía forzado a sortear la presión por parte de autoridades del Estado que tenían una orden de aprehensión en su contra desde Junio de 2022.
Esa orden fue impulsada por la Fiscalía General de Chiapas, quien lo acusó por la desaparición de 21 personas en Pantelhó, cuando un grupo armado autodenominado “Los Machetes” tomó la cabecera municipal e incendió casas.
En lo que refiere al Padre Marcelo, desde 2015 tenía medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que fue víctima de amenazas entre 2014 y 2015 por parte de grupos priistas. Unos años antes también tuvo que abandonar la parroquia de San Pedro Chenalhó porque paramilitares lo amenazaron.
El sacerdote formaba parte de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y era conocido por ser mediador de conflictos sociales; incluso fungió como mediador entre el gobierno y los pobladores durante el conflicto en Pantelhó. Lideró peregrinaciones a favor de la paz, denunció la creciente inseguridad en el estado, el desplazamiento forzado de comunidades mayas tzotziles y tzeltales, así como la desaparición de personas.
