Tras el diálogo en los foros, la reforma al Poder Judicial es aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y enviada, con más de 300 reservas, al Congreso Mexicano para su discusión.
26/08/2024 (Ciudad de México). En una sesión maratónica, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma constitucional para el Poder Judicial de la Federación (PJF), con 22 votos a favor por parte de Morena, PT y Verde y 17 en contra por parte de los legisladores de oposición.
Esta reforma, impulsada por el presidente López Obrador y respaldada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, busca transformar profundamente el sistema judicial del país con el objetivo declarado de combatir la corrupción y mejorar la eficiencia.
Durante más de once horas, los diputados debatieron sobre los diversos aspectos de la reforma, muchos de ellos también debatidos y discutidos durante los Diálogos Nacionales para la reforma del Poder Judicial. Debido a que la reforma discutida corresponde a la entregada por el presidente López Obrador el 5 de Febrero, legisladores del bloque oficialista presentaron las propuestas de modificación surgidas en dichos foros; por su cuenta, legisladores de oposición también presentaron modificaciones. En suma resultan 330 reservas que serán discutidas en el pleno del Congreso.
¿Cuáles son los cambios propuestos en la reforma?
Entre los aspectos más relevantes que se proponen con esta reforma y las modificaciones añadidas se encuentran la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros; la división de facultades del Consejo de la Judicatura, para lo cual se crearán un Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar la conducta de los juzgadores y un Órgano de Administración Judicial.
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la inclusión de la figura de los “jueces sin rostro”. Esta medida, inspirada en modelos de otros países, busca proteger la identidad de los togados en casos de alto riesgo con el fin de garantizar su seguridad y evitar posibles represalias. Los opositores a la reforma argumentaron que esta medida podría vulnerar los derechos de los acusados y afectar la transparencia del proceso judicial
¿Qué pasa con la Suprema Corte?
En la reforma también se encuentran modificaciones al funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), uno de los espacios desde el cual la oposición al gobierno de López Obrador ha logrado revertir algunas de las más trascendentes propuestas del Ejecutivo para afianzar la Cuarta Transformación, como la reforma a la Ley Eléctrica, la reforma electoral o el traslado de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas.
Además, han sido numerosos los casos expuestos por el ejecutivo mexicano de empresarios beneficiados por ministros para evadir el pago de enormes sumas de dinero por impuestos retrasados. Destaca Ricardo Salinas Pliego, presidente del grupo Elektra, con más de 65 mil millones de pesos en adeudos fiscales.
La reforma busca que los ministros no sean designados por cuotas partidistas y negociaciones entre el titular del Ejecutivo y el Legislativo, como actualmente sucede, sino electos mediante el voto popular previo cumplimiento de requisitos técnicos que garanticen la capacidad e idoneidad de los máximos representantes del Poder Judicial y cuyo fallo es inapelable.
De manera concreta, la reforma disminuirá de 11 a 9 el número de ministros y ministras, además de eliminar las dos actuales Salas para que todos los temas sean discutidos en el pleno. Respecto a la duración en el cargo, éste será de ocho y once años para los ministros que resulten ganadores en próximas elecciones extraordinarias, por lo que vencerá el año 2033 y 2036 para cuatro y cinco de ellos, respectivamente.
En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sus magistrados también serán sometidos a elección popular, siendo designados por un periodo de ocho años. Las magistraturas que estén en funciones al aprobarse la reforma permanecerán en su encargo hasta el año 2027, concluyendo en la fecha que tomen protesta quienes resulten ganadores en elección ordinaria.
Ya aprobada en la comisión correspondiente, el dictamen será enviado a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se anticipa un debate igualmente intenso, y podría llevarse a cabo el próximo 1 de Septiembre coincidiendo con el inicio de la nueva legislatura donde el bloque oficialista cuenta con mayoría calificada.
