12/02/2024 (Ciudad de México). La reforma al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como principal objetivo “reorientar hacia los principios fundamentales a dicha institución para que imparta justicia de manera independiente a intereses ajenos o privados, abonando en el combate a la impunidad y siendo vigilado como cualquier servidor público para que no se actúe fuera del margen de la ley, o con actos de corrupción”.

“El Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, sólo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo los elija, abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, sólo así vamos a poder avanzar” aseveró el presidente López Obrador.

Durante la conferencia matutina de este lunes 12 de febrero la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, destacó cuatro ejes de la iniciativa para responder a las acusaciones, principalmente de la oposición, que ésta pretende eliminar el Poder Judicial:

Nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Para que esta institución sea más eficiente, austera y transparente, se propone reducir el número de Ministros de 11 a 9 integrantes y que la duración en el cargo pase de 15 a 12 años. La Corte sólo tendría sesiones en Pleno que deberán ser públicas, eliminando las dos salas previas.

Y aunque ya está establecido en la Constitución, pero no ha sido obedecido por los actuales funcionarios, se reitera más claramente que la remuneración salarial no debe superar el salario del Presidente de la República, sin excepción.

Elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces

Se sugiere que en 2025 se realice una elección extraordinaria para renovar a todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, permitiendo que quienes actualmente ocupan el cargo participen en el proceso en igualdad de condiciones.

Para la elección de candidatos cada uno de los tres poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, postularán a 10 candidatos; sólo que en caso del Legislativo cinco serán por parte de la Cámara de Diputados y cinco por la Cámara de Senadores.

Respecto al proceso electoral y resultados de la elección, sería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC, en caso de ser aprobada su reforma), quien organizaría la votación. Sólo habría un periodo de campaña de 60 días, eliminado precampaña e intercampaña. No se permitiría el financiamiento público o privado, por lo que los aspirantes tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir sus propuestas, además de que podrán participar en foros de debate.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial resolverá las impugnaciones y declarará los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, cuya resolución corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Por otra parte, en caso de ausencia definitiva de algún ministro, magistrado o juez, será el senado quien designará por mayoría calificada a un interino hasta que se realice la siguiente elección ordinaria:

Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal 

El Consejo de la Judicatura Federal se dividirá en dos instituciones, El Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

El Tribunal de Disciplina Judicial sería el encargado de recibir las denuncias de cualquier persona o autoridad, para posteriormente investigar si existen hechos que no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia.

Estará integrado por cinco magistrados electos a nivel nacional, por un periodo de 6 años, propuestos por los Poderes de la Unión. Sus sanciones van desde una simple amonestación hasta la destitución, exceptuando a los ministros, quienes tendrían que enfrentar juicio político ante el Congreso de la Unión.

Por otro lado, el Órgano de Administración Judicial sería el responsable de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.  Estaría integrado por 5 funcionarios designados por un periodo de 6 años por los Poderes de la Unión: el Poder Ejecutivo nombrará uno; el Senado nombrará otro y la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrará tres.

Nuevas reglas procesales 

Para que la justicia sea expedita se establece un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un año para asuntos penales. En caso de rebasar estos plazos, la autoridad judicial debe informarlo al Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá investigar y sancionar la demora.

Sobre la justicia local, es decir en cada entidad federativa, se deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.

Los Fideicomisos del Poder Judicial deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar una vez que concluyan los juicios pendientes.