23/08/2024 (Ciudad de México). El 19 de noviembre de 2015 fue fundada por el empresario y político opositor, Claudio X. González, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Aunque en su sitio web se definen como una “asociación civil sin fines de lucro”, lo cierto es que operan más como una mezcla entre un grupo de interés y un think tank.
Como su nombre lo indica, MCCI tiene como objeto el combate a la corrupción a través de distintos métodos, como investigaciones periodísticas o litigio estratégico, como se les conoce a los mecanismos legales para movilizar agendas a través de las cortes. En sí, los objetivos explícitos de este tipo de organizaciones de la sociedad civil con corte empresarial suelen ser legítimos: luchar contra la corrupción, convocar a la movilización de la población en contra de las prácticas autoritarias o corruptas de los políticos, informar sobre las prácticas corruptas de las poblaciones, entre otras.
No obstante, en muchas ocasiones, detrás de las prácticas de este tipo de organizaciones se busca legitimar políticas que el gobierno no ha podido legitimar ante la población en general. Apenas dos años antes de la fundación de MCCI, Claudio X. González y su grupo empresarial habrían logrado que fuera aprobada la mal llamada Reforma Educativa, la primera de muchas “reformas estructurales” con las que se terminó de consolidar el régimen neoliberal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Los promotores empresariales de esta reforma lograron pasarla luego de muchos años de haber impulsado una agenda que buscaba debilitar el poder de las organizaciones magisteriales e incrementar la influencia del capital privado en la educación, lo cual ocurrió a través de la fundación Mexicanos Primero, plataforma política empresarial fundada por Claudio X González y el entonces presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, en 2004.
La forma en la que MCCI ha buscado legitimarse ha sido a partir de la contratación de algunos periodistas con renombre, por un lado, y al ofrecimiento gratuito de investigaciones periodísticas a distintos medios de comunicación, por otro. El caso más emblemático ocurrió en 2017, cuando la organización publicó el famoso reportaje sobre “La Estafa Maestra”, un esquema de corrupción que apuntó a la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el presunto desvío de más de 7 mil millones de pesos a través del pago a “empresas fantasmas”.
Esta publicación ocurre a pesar de que durante la mayoría del peñato, MCCI y Claudio X. González se comportaron como aliados del presidente y de la alianza legislativa hegemónica del Pacto por México. No obstante, la publicación de esta noticia desembocó en la detención de la secretaria peñista de Desarrollo Social, Rosario Robles.
Según muchos defensores de la organización, este reportaje representó una estacada final a un régimen desgastado representado por la figura de Enrique Peña Nieto. Otros lo observaron más como el sacrificio de lo que Claudio X. González consideraba un peón, para legitimar a su organización, sobre todo considerando que, una vez concluido el sexenio, siguió impulsando la alianza de los tres partidos, ahora desde la oposición, lo cual realizó mediante distintas plataformas (Sí X México, Va X México, la Marea Rosa, entre otras).
Aunque en 2020, la figura de evidente opositor de Claudio X. González lo obligó a renunciar a la presidencia de MCCI, la organización continuó con la misma agenda, muy compatible con la fórmula opositora: la denuncia permanente de que la democracia está en peligro debido al “debilitamiento de los contrapesos”, como el Poder Judicial o los organismos autónomos fundados durante el periodo neoliberal.
La posibilidad de que personas como Claudio X. González o María Amparo Casar, su actual directora, se muestren como filántropos –en vez de políticos– los blindan hasta cierto punto de los escándalos de corrupción que rodean a sus aliados, considerando tanto a financiadores como políticos. Por otro lado, les brindan de cierta legitimidad ante sectores de la población por la aparente defensa de valores democráticos.
Sin omitir también que los directivos de estas organizaciones suelen recibir salarios millonarios: María Amparo Casar recibió 26 millones de pesos entre 2016 y 2023, mientras que Claudio X González 11 millones entre 2016 a 2020. Quizás como miembros de familias de empresarios, estos sueldos representen una bicoca para ellos, pero para el resto de la población resultan cifras exorbitantes, incluso para el resto de miembros y empleados en sus propios organizaciones.
Ahora bien, gran parte del problema con MCCI radica en que, detrás de su actuar, se encuentran distintos intereses que podrían ser opuestos – o al menos, ajenos – a la voluntad democrática. En primer lugar, hay que considerar el financiamiento proveniente de Washington a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difundidos en la conferencia mañanera por Pablo Gómez – director de la Unidad de Inteligencia Financiera–, la USAID habría donado a la organización más de 96 millones de pesos entre 2018 y la actualidad.
La forma en la que estas organizaciones replican los intereses de instituciones del gobierno de Washington es a través del impulso de políticas específicas, como el tema de la “independencia judicial”. Estas políticas muchas veces se convierten en incentivos para poner en marcha estrategias de lawfare en el Cono Sur, como se le conoce a los procesos judiciales, principalmente en contra de líderes de la izquierda, que se tejen para sustituir a gobiernos elegidos democráticamente, como ocurrió con el impeachment en contra Lula Da Silva en Brasil o la destitución de Pedro Castillo en Perú. De tal suerte, no resulta casual que MCCI sea una de las organizaciones más activas al momento de denunciar una supuesta intención autoritaria del gobierno de la Cuarta Transformación al impulsar la elección de los jueces vía el voto directo.
Además, a este financiamiento habría que agregar el proveniente de otras fundaciones norteamericanas, como la Ford, la MacArthur y la Rockefeller, las cuales, en conjunto, han donado más de 13 millones de pesos a la organización fundada por González Guajardo, algunas de las cuales tienen antecedentes de participar en el financiamiento de la contrainsurgencia en gran parte de América Latina durante el periodo de la Guerra Fría.
Por otro lado, está el financiamiento de los empresarios nacionales que, en el caso de MCCI, triplica el enviado desde Estados Unidos. En conjunto, los grupos empresariales donaron a la organización cerca de 300 millones de pesos entre 2016 y 2023, entre los cuales se encuentran Grupo México, Chedrahui, Laboratorios Pisa, Grupo Kaluz, Interceramic, Kimberly Clark de México, Maseca, Cinépolis, etc.
Sin embargo, las donaciones que los empresarios multimillonarios llevan a cabo a organizaciones como MCCI se convierten en pretextos para deducir impuestos que, de otra manera, podrían dirigirse al beneficio de la población mexicana. Además de que resulta evidente que estos empresarios, muchos abiertos opositores a la Cuarta Transformación, sólo “invertirán” en organizaciones que no pongan en juego sus propios intereses, muchas veces contrarios a los de la población.
De esta manera, las organizaciones de la sociedad civil de corte empresarial, como MCCI, terminan fungiendo como plataformas para los intereses empresariales, incluyendo –pero no limitándose a –la deducción de impuestos. En el caso concreto de la oposición de organizaciones como MCCI a la Reforma Judicial, ésta podría conllevar el temor de los grupos empresariales de dejar de influir en los juzgadores para promover fallos en su favor en demandas o amparos para evitar pagar sus impuestos. Nuevamente, la pregunta de fondo es si es legítimo que las organizaciones de la sociedad civil funjan como plataformas de los empresarios para impulsar sus intereses, en demérito de la voluntad popular.
