El secretario de Seguridad con Felipe Calderón fue acusado en Estados Unidos de conspirar para brindar falso testimonio

06/03/2024 (Ciudad de México). El viernes 1° de marzo Genaro García Luna sufrió un nuevo revés en los tribunales norteamericanos luego de que los fiscales de la Corte del Distrito Este de Nueva York solicitaran al juez Brian Cogan que rechazara su petición de anular el juicio en el que fue declarado culpable de cinco cargos federales en noviembre de 2023. Cuatro de los delitos imputados en contra del exfuncionario federal se vinculan con el narcotráfico transnacional; otro más, con haberle mentido a las autoridades norteamericanas.

La petición de anular el juicio ocurrió en diciembre de 2023, luego de que, según el abogado César de Castro, hubieran hallado nuevas evidencias que favorecerían la anulación del juicio. La anulación del juicio implicaría un nuevo proceso para el exfuncionario de seguridad.

Sin embargo, los fiscales de la Corte de Nueva York no sólo solicitaron el rechazo de la petición, sino agregaron un nuevo cargo en contra de García Luna por haber conspirado con sus compañeros en prisión para brindar falso testimonio en la búsqueda de desestimar el juicio. Como parte de la acusación, los fiscales entregaron un reporte de más de 60 páginas y 10 pruebas – algunas de ellas, selladas –, con las que buscan evidenciar cómo García Luna habría solicitado a los reclusos que mintieran para desestimar parte de los testimonios en su contra, ofreciendo hasta 2 millones de dólares a cambio. Los recursos serían entregados por un intermediario en México a quien García Luna se refería como “un subsecretario”.

En consecuencia, la defensa de García Luna solicitó una prórroga para responder a las nuevas acusaciones, la cual fue definida para el 20 de marzo por el juez Cogan, quien también estuvo al frente del juicio en contra del líder emblemático del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, en 2019.

Genaro García Luna fue detenido en Texas, Estados Unidos, en diciembre de 2019, luego de varios años de haber vivido en aquel país. Desde un inicio, fue señalado por narcotráfico y por mentir a las autoridades norteamericanas, aunque, en el transcurso del juicio, la acusación adquirió tonos insospechados.

Resultaba extraño que quien fuera uno de los funcionarios de seguridad más elogiado y cooperante con Estados Unidos mientras se mantuvo al frente de la estrategia antinarcóticos estuviera siendo declarado culpable de narcotráfico once años después de que concluyera el gobierno de Calderón. Además, durante el juicio se observó parte de la trama sobre la protección que brindó a la organización criminal más grande del país, el Cártel de Sinaloa, dejando en claro que el objetivo de “la guerra contra el narco” eras otro que el de “combatir al narcotráfico”.

Por el momento, se encuentra pendiente la lectura de la sentencia de García Luna, la cual estaba programada para el próximo 24 de junio. Sin embargo, la nueva acusación de los fiscales no parece mejorar el panorama de quien fuera la mano derecha de Felipe Calderón en la llamada “guerra contra las drogas”.

Además, mientras en Estados Unidos se declaraba culpable de narcotráfico al exfuncionario calderonista, en México se abrían carpetas de investigación en su contra por haber encabezado una trama de lavado de dinero provenientes del erario, lo cual se facilitó por su cargo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Según el gobierno mexicano, alrededor de García Luna y sus allegados se estableció un esquema mediante el cual se desviaron recursos públicos provenientes de distintas instituciones de seguridad, para lo cual se recurrió a empresas fantasmas. Según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, el exfuncionario y sus cercanos habrían desviado hasta 614 millones de dólares mediante transferencias a paraísos fiscales, que después serían depositadas a cuentas en Miami, Florida. Finalmente, se utilizaron para comprar propiedades exclusivas en la Unión Americana.

Además, el gobierno mexicano impulsó recientemente una querella legal en una corte norteamericana con la que se espera recuperar hasta 614 millones de dólares, los cuales se habrían lavado mediante la compra de bienes raíces. De éstos, el gobierno mexicano ha recuperado 2 millones de dólares cuyo origen ilegal ya está comprobado, lo que implica que el gobierno norteamericano ha reconocido su ilegalidad.

La corrupción sistemática que atravesó las instituciones de seguridad pública explica el por qué los cargos de seguridad pública comenzaran a circular como un producto ilegal más. De esta manera, la venta de “plazas” al interior de las instituciones armadas del Estado se volvió uno de los mercados más rentables, en el que participaban actores que “invertían” en algo que sabían que les iba a redituar mucho más.

Así fue como se conformó el grupo denominado “Los Siete Jinetes del Apocalipsis”, del que formaban parte Luis Eduardo Cárdenas Palomino, Ramón Eduardo Pequeño, Edgar Eusebio Millán, Facundo Rosas, Francisco Garza Palacios, Armando “N” y Tomás Zerón de Lucio, algunos de los cuales acompañaron a García Luna durante su paso por distintas instituciones federales de seguridad como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) la Policía Federal (PF) y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Todos ellos, señalados por distintos miembros de organizaciones criminales de recibir sobornos a cambio de protección o por violaciones graves a los derechos humanos.

Por último, debe considerarse la práctica recurrente de García Luna y sus cercanos de fabricar y participar en montajes para acusar falsamente a inocentes, incluyendo a críticos personales o del régimen. El caso paradigmático quizás haya sido el del montaje realizado para detener y acusar a Israel Vallarta y Florence Cassez de ser líderes de una banda de secuestradores.

Sobre esta acusación, Vallarta aún permanece en prisión sin sentencia, luego de casi 20 años de haber sido detenido, mientras que la detención de Cassez le costó al país un conflicto diplomático con Francia, al ser ciudadana de aquel país. En ese entonces, García Luna dirigía la AFI, encargada de la detención de la pareja, mientras que Luis Cárdenas Palomino, entonces jefe de división de la Policía Federal, torturó a Israel Vallarta en su detención. La tortura quedó registrada en un montaje televisivo realizado por el gobierno federal en conjunto con Televisa y su periodista estrella, Carlos Loret de Mola, en el que se simuló la detención de la pareja con un despliegue de medios exagerado y el día posterior a su verdadera detención.

No sólo eso. Durante el sexenio de Felipe Calderón, distintos críticos al entonces presidente, a García Luna o a la guerra contra las drogas denunciaron ser perseguidos o intimidados por parte del régimen. Es el caso del entonces comisionado de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, quien, en conjunto con otros funcionarios, fue detenido en la “Operación Leyenda” y acusado de proteger a la delincuencia organizada en 2008.

Javier Herrera había alertado a Felipe Calderón sobre la elección de García Luna como secretario de Seguridad Pública debido a que conocía sus antecedentes criminales. Calderón no sólo ignoró las advertencias, sino que su gobierno lo perseguiría, por lo que Herrera Valles denunció que las acusaciones en su contra eran una represalia de García Luna.

Años más tarde, las acusaciones derivadas de esa operación se caerían por la falta de evidencia, pues con la única que contaban era el testimonio de Roberto López Nájera, alias Jennifer. Éste es el testigo estrella de la DEA en la investigación cerrada sobre el supuesto financiamiento del narcotráfico a la campaña presidencial de López Obrador en 2006 que fue filtrada a tres medios internacionales recientemente. En al menos una de las notas derivadas de esta filtración se reconoce la participación de Jennifer para fabricar casos en México mediante falso testimonio.

Otro caso: el de la periodista Olga Wornat, autora de Felipe el Oscuro, libro producto de una investigación periodística sobre el expresidente. Según ha denunciado la periodista, tuvo que salir del país debido a la persecución que sufría luego de haber publicado su investigación.

Como se puede observar, aunque fue su principal promotor, García Luna representa tan sólo la punta del iceberg de las prácticas ilegales y el uso arbitrario que imperó en las corporaciones civiles de seguridad durante el periodo neoliberal. Entre él y sus allegados, se entretejen tramas ilegales, una cada vez más perversa que la otra: desviación de recursos, lavado de dinero, extorsión, chantaje, protección a la delincuencia organizada, fabricación de casos, persecución de opositores, entre muchas otras. Sin embargo, aún no conocemos el costo en vidas de su paso por las instituciones civiles de seguridad que, en teoría, deben protegernos.