18/01/2024 (Ciudad de México). El país está en puertas de una crisis de su sistema de administración de justicia en sus niveles jerárquicos nacionales. No se trata de un hecho abrupto, sino de un proceso acumulativo de circunstancias. Se fue gestando hace seis meses, cuando un recurso de impugnación judicial presentado por el diputado Leonardo Ayala, que era de una bancada de derecha pero se volvió afín a la línea del presidente Luis Arce Catacora, y de su ministro de justicia, Iván Lima. Esa impugnación fue declarada procedente en julio de 2023 y derivó en la postergación primero, y luego en la suspensión de facto de las elecciones judiciales que tenían que realizarse como máximo en diciembre de 2023.

A ese problema se sumó la falta de consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (Congreso), que es la entidad encargada de convocar los comicios judiciales y del proceso de habilitación de las candidaturas.

Cumplidos los plazos constitucionales el 2 de enero del 2024, fecha en que feneció el mandato de seis años de las anteriores autoridades judiciales elegidas el año 2017, el Tribunal Constitucional aprobó una resolución de prórroga de dicho mandato de los anteriores magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.

Fue peor. La mencionada decisión de los tribunos originó inmediatas reacciones de rechazo a nivel parlamentario, siendo taxativamente rechazada por la oposición de derecha conformada por los partidos “Comunidad Ciudadana” del ex presidente Carlos Mesa, y “Creemos” de Luis Fernando Camacho, actualmente preso por haber participado en el golpe de Estado del año 2019, y que fuera gobernador de Santa Cruz, la región económicamente más fuerte y con la mayor población del país.

También ha sido rechazada por el Movimiento al Socialismo (MAS) que dirige el ex presidente Evo Morales y que, desde su Décimo Congreso Nacional efectuado hace tres meses, se separó del gobierno de Arce, pasando a la oposición.

También ha sido cuestionada por sectores campesinos que ven en esa suspensión de las elecciones judiciales y la denominada “autoprórroga” de los magistrados, una conculcación del derecho popular a elegir con su voto a las máximas instancias del órgano judicial. Muy pocas autoridades defendieron a los magistrados, resaltando el mencionado ministro de justicia Iván Lima.

Varias organizaciones campesinas, imbricadas con las estructuras políticas del MAS,  demandan la inmediata realización de las elecciones judiciales. Llevaron su protesta a la ciudad de Sucre, que es la capital de Bolivia (contrariamente a lo que se cree la ciudad de La Paz es la sede de poderes, más no la capital) y la sede del órgano judicial. Su manifestación en puertas del Tribunal Supremo de Justicia, terminó siendo reprimida por la policía, lo que terminó caldeando los ánimos de varios sectores campesinos que amenazaron con un bloqueo nacional de caminos si es que no renuncian las y los magistrados que ya concluyeron su período constitucional de funciones.

Dos magistradas presentaron su renuncia, afirmando que no están dispuestas a ser vilipendiadas públicamente, cuando se supone que las más altas autoridades de justicia deben tener una impoluta imagen pública. Se trata de las doctoras Ángela Sánchez y Elba Terceros, del Tribunal Agroambiental; ya habían renunciado hace semanas el doctor Carlos Calderón del Tribunal Constitucional y el doctor Esteban Miranda del Tribunal Supremo de Justicia.

Lo que se está dando en Bolivia es un lento pero continuo vaciamiento de las máximas instancias judiciales que, aunque conservan el quórum mínimo necesario, arrastran una legalidad sumamente cuestionada y su legitimidad social es ya inexistente.