Dentro de las investigaciones por el caso Ayotzinapa, esta semana se ratifica la prisión preventiva para ocho militares señalados de participar en la desaparición de los 43 normalistas de la Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

20/12/2023 (Ciudad de México). Los ocho militares detenidos desde Junio por su relación con el caso Ayotzinapa continuarán bajo prisión preventiva oficiosa. Así lo determinó la jueza del segundo distrito en procesos penales federales con sede en Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo.

La ratificación resuelta por la juzgadora tiene su origen en el recurso de revisión solicitado por los abogados de los militares sobre el fallo del juez federal en Junio, revisión que fue otorgada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal tres semanas atrás.

Entre los argumentos de la defensa para la medida cautelar de prisión preventiva se encuentra que ésta debe ser discutida de acuerdo a las condiciones de cada caso y no decretarse de manera automática. Sin embargo, la resolución emitida por la juzgadora precisa que el hecho bajo el que se encuentran imputados los ocho militares se cometió en el marco del anterior sistema penal, de carácter punitivista, marco jurídico que establecía la prisión preventiva oficiosa para el delito de desaparición forzada.

Los elementos bajo esta medida cautelar son el subteniente Omar Torres Marquillo; los sargentos segundo, Roberto de los Santos Eduviges, Ramiro Manzanares Sanabria y Juan Andrés Flores Lagunas; el sargento primero Gustavo Rodríguez de la Cruz; y los cabos Uri Yashiel Reyes Lasos, Eloy Estrada Díaz y Juan Sotelo Díaz, quienes continuarán bajo arresto en el Campo Militar 1-A a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante el resto de su proceso penal.

Los señalamientos de la Fiscalía

La acusación que pesa sobre los ocho militares fue hecha por la Fiscalía General de la República (FGR) en Junio pasado, sustentada ésta en el testimonio de “Juan”, testigo protegido, quien era líder del grupo criminal “Guerreros Unidos”. De acuerdo a su declaración, los militares estaban incluidos en la nómina de la organización delictiva, por lo que durante los hechos de la madrugada del 26 de Septiembre de 2014, cuando se operó la detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, estos elementos no acudieron al auxilio de los jóvenes, participando de esta manera en el delito de desaparición forzada.

Junto a esta acusación, también se encuentra la hecha en contra del general en retiro Rafael Hernández Nieto por el delito de delincuencia organizada. Entre los señalamientos presentados por la FGR se encuentra una supuesta reunión de Hernández Nieto con integrantes de Guerreros Unidos, esto sustentado con información en poder de la Agencia de Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Contrario al caso de los ocho militares, el también ex comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala lleva actualmente su proceso penal en libertad. Originalmente, tras su detención en Julio, le fue imputada la prisión preventiva como medida cautelar. Sin embargo, en Agosto esta medida le fue modificada por un juez de distrito ante el amparo solicitado por sus abogados.

La investigación continúa

            Junto a estas detenciones también se encuentra la del ex Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, quien actualmente se encuentra bajo arresto por los presuntos delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coacción de servidores públicos. El caso de Murillo Karam resulta relevante toda vez que se trata de una de las máximas autoridades gubernamentales sometidas a investigación por su participación en la desaparición de los jóvenes normalistas.

            Sin embargo, estas líneas de investigación han sido señaladas de insuficientes tanto por los padres de los normalistas como por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

            Al respecto, los padres de los normalistas han señalado la falta de colaboración por parte del Ejército para compartir toda la información en su poder sobre el caso; esto, pese a las instrucciones del presidente López Obrador para entregar toda la información existente.

Por su parte, el GIEI, en su último informe sobre el caso, señaló contradicciones dentro de los informes que el propio gobierno compartió con el grupo; además, también señalaron que, de acuerdo con la información entregada para su análisis, aún existen muchos documentos faltantes, necesarios para poder esclarecer el paradero de los 43 jóvenes normalistas.