13/09/2023 (Ciudad de México). Fue uno de los mayores logros de la Asamblea Constituyente boliviana de los años 2006-2007, incorporar en la nueva Constitución Política del Estado, puesta en vigencia por un referéndum el año 2009, el derecho popular a elegir por voto universal a los 26 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. Quedó así consagrada esa combinación de democracia representativa por la selección en el Parlamento de los candidatos y de democracia participativa por la votación en las urnas. Una forma única en el mundo de soberanía popular en la conformación de las máximas instancias del órgano de poder estatal –el judicial- tan frecuentemente cuestionado por falta de transparencia y hechos de corrupción.
En Bolivia ya se realizaron elecciones judiciales el año 2011 y el 2017. Estos procesos electorales dejaron dos grandes lecciones: 1) La elección por voto no pone en crisis ni mucho menos colapsa al sistema judicial; 2) Esta elección tampoco significa por sí misma la solución a los problemas estructurales de la justicia. De ello se deriva como una tarea de primer orden efectuar nuevas reformas judiciales preservando el derecho democrático de elección popular.
Y aquí está uno de los problemas, porque para la selección de los candidatos por la Asamblea Legislativa se requieren dos tercios de votos. A diferencia del 2011 y 2017, cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) tenía esa mayoría calificada, actualmente ni el MAS (cuya bancada se ha dividido entre seguidores de Evo Morales y adherentes de Luis Arce) ni los dos partidos de oposición de derecha – “Comunidad Ciudadana” del ex presidente Carlos Mesa, y “Creemos” del gobernador de Santa Cruz actualmente preso por su participación en el golpe de Estado del 2019, Luis Fernando Camacho- cuentan con los votos suficientes.
Pero el mayor obstáculo no es éste. A principios de agosto, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que anuló tanto la “Ley de Convocatoria a las Elecciones Judiciales 2023” como el “Reglamento de selección de candidaturas” aprobadas con mucha dificultad por el Legislativo. Fue así que los tribunos prácticamente inviabilizaron que el proceso electoral judicial se cumpla en el plazo constitucionalmente previsto, que es antes de que este 2023 finalice. Legisladores de izquierda y derecha, por igual, expresaron su repudio a la decisión de los magistrados, acusándoles de buscar, con subterfugios legalistas, prorrogarse en sus cargos.
¿Es insalvable la situación? La anterior semana la Cámara de Senadores, presidida por el joven legislador del MAS Andrónico Rodríguez que es de la línea de Evo Morales, logró aprobar por consenso entre todas las bancadas una nueva Ley de Convocatoria que salva las observaciones del constitucional y ajusta los tiempos del proceso. Todo parecía encaminado, pero la Ley se trancó en Diputados, cuyo presidente Jerjes Mercado -de la línea del presidente Luis Arce- declaró que “las elecciones judiciales de todas formas no se harán este 2023, por lo que no es tan urgente el tratamiento de esta ley”.
De inmediato varios diputados del Movimiento al Socialismo afines a Evo Morales, ingresaron en huelga de hambre en el recinto legislativo, demandando la inmediata aprobación de la ley consensuada en el Senado como garantía del respeto a la elección por voto popular de las autoridades judiciales. Los huelguistas denunciaron que los diputados que apoyan al presidente Luis Arce no quieren que haya elecciones para que el gobierno designe autoridades judiciales por decreto presidencial, lo que vulnera la Constitución. Según el diputado Gualberto Arispe: “el presidente Luis Arce quiere nombrar magistrados o ampliar el mandato de los actuales porque tiene el acuerdo con ellos de que inhabilitarán políticamente a Evo Morales”. Desde la vereda contraria le responde el diputado Andrés Flores, que se identifica como seguidor de Luis Arce: “los legisladores del ala radical (evista) que bloquean varias leyes económicas necesarias para el gobierno actual, ahora exigen celeridad con esta ley judicial”.
Se espera que en los siguientes días termine allanándose, así sea con retraso y en medio de presiones, la realización de las elecciones judiciales.
