18/08/2023 (Ciudad de México). Activistas, representantes de pueblos indígenas y académicos exigen se apruebe la Ley General de Aguas, que se encuentra congelada en el Senado y que, aseguran, presenta un enfoque participativo y es un pendiente para consagrar derechos comunitarios.

Uno de los puntos relevantes de la nueva Ley es la participación de comunidades indígenas y de organizaciones sociales, además de que presenta una iniciativa “para modificar la gestión del agua con base en cambiar el modelo extractivista a una gestión de ciclos naturales, que contribuya a aliviar el cambio climático que nos tiene en emergencia”, tal como señala en entrevista Pedro Moctezuma, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Esta iniciativa de Ley se encuentra congelada en el Senado y deberá ser votada una vez que inicie el próximo período. Al respecto, Moctezuma señala que fue enriquecida en el año 2020 y se presentó ante la Cámara de Diputados. Posteriormente, en 2021, fueron agregadas cuatro iniciativas más por parte de esta sección del poder legislativo y también por parte del Senado.

Por otro lado, Rebeca López, integrante de la Coordinadora Nacional “Agua para todos”, una de las principales impulsoras de esta ley, destaca que uno de los temas más relevantes es la participación y reconocimiento de pueblos que luchan por la vida y los bienes comunes.

La activista recordó que quienes buscan hacer cumplir sus derechos en el tema del acceso al agua son violentados, tal como en el caso de los pueblos indígenas y sus territorios. “En este momento es crucial reivindicar la lucha social. No hay avance en el país si no entendemos que el agua es el eje principal y estructurador de todo”, sentenció la activista de la Coordinadora Nacional “Agua para todos”.

Es reciente el reconocimiento del agua como derecho humano en México. Fue en febrero de 2012 que los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento se elevaron a rango constitucional a través de la reforma del párrafo sexto del artículo cuarto.

Una vez dada su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se dio un plazo de 360 días para expedir una nueva Ley de Aguas Nacionales para cambiar la que impera desde 1992 –en ese año fue el expresidente Salinas de Gortari que la expedió con la característica de otorgar concesiones–, pero es 2023 y eso no ha ocurrido.

De acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua (REDPA) cada año, personas y empresas públicas y privadas extrajeron 273 mil millones de metros cúbicos de agua de México, hasta el año 2020. Además, en esa vieja Ley de Aguas Nacionales no hay restricciones para que titulares puedan heredarlas, rentarlas o venderlas.

Las principales concesiones otorgadas son para usarse en la generación eléctrica, agrícola, público-urbano e industrial. A pesar de que las concesiones tiene un volumen máximo permitido de extracción, según el artículo 29 de la vieja Ley de Aguas Nacionales, la realidad es que las empresas extraen más agua de la que tienen permitido.

Ante ese panorama, los activistas y defensores señalaron que la aprobación de la nueva Ley considera un enfoque de derechos humanos, dado que se reconoce figuras como el sistema comunitario de agua y las contralorías ciudadanas autónomas del agua en México, dado que son los ciudadanos y ciudadanas quienes intervienen en la toma de decisiones sobre el tema del agua.