18/7/23 (Ciudad de México). De las 121 empresas que actualmente obtienen contratos dentro del sector salud en el Gobierno Federal, específicamente para el servicio de laboratorio clínico y de banco de sangre, 19 de ellas “han incurrido en actos de corrupción, principalmente en contrataciones anteriores a la actual administración, al haber realizado acuerdos para repartirse, ilícitamente, las contrataciones mediante la omisión de información durante las licitaciones a fin de que resultara ganadora la, o las empresas que había acordado.”, informó Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública.
Además, señaló el funcionario que ya se han impuesto sanciones a 13 de estas empresas, las cuales constan de 24 inhabilitaciones de entre uno y siete años para participar en licitaciones, así como multas que en su conjunto alcanzan casi los $2 mil millones.
Sin embargo, agregó el secretario, de las 24 inhabilitaciones sólo 16 han quedado firmes y han podido ser ejecutadas, pero las 8 inhabilitaciones restantes aún se encuentran sub-júdice en virtud de una serie de recursos legales a los que tienen derecho, tales como amparos, pero que impiden que las sanciones cobren plena vigencia.
Al respecto, Salcedo Aquino señaló que “esta situación permite que las empresas que han cometido irregularidades continúen participando en los procedimientos de contratación”, situación que se mantendrá de esta manera mientras las resoluciones no sean firmes.
Nuevas tácticas evasivas para obtener contratos
En la misma línea, el funcionario también dio a conocer que “se tienen dudas razonables sobre algunas empresas que, para eludir las sanciones, utilizan filiales y/o el cambio de su razón social, a fin de continuar en el mercado y en las contrataciones públicas sin que sea posible limitar su participación”.
Para evitar la propagación de esta práctica, la SFP ha tomado dos acciones. La primera consistirá en verificar toda la documentación de los licitantes para verificar si existe alguna anomalía o algún acto de simulación, que facilite la participación de las empresas sancionadas mediante subterfugios.
Como segunda medida, el secretario señaló que “está en estudio un proyecto de reforma legislativa para que sea posible identificar de manera eficaz y eficiente a los beneficiarios finales de las empresas a fin de evaluar y evitar la elusión de las sanciones.” Esto con la finalidad de evitar la participación de empresas con prácticas de corrupción en el servicio público de salud.
Algunas de estas empresas podrían estar financiando a personajes de la oposición
Entre las empresas bajo investigación se encuentran Centrum Promotora Internacional y su filial Valtrum; Hemoser; Impromed y su filial Internet; Instrumentos y Equipos Falcón; Selecciones Médicas; Selecciones Médicas del Centro, filiales del Grupo Fármacos; y Dicipa, según ha informado anteriormente la SFP.
Toda esta información proporcionada por la SFP cobra gran relevancia a la luz de una de las investigaciones del portal de noticias “Contralínea”, la cual se publicó en su página de internet y fue realizada por el periodista Zósimo Camacho el sábado 15 de julio pasado.
En ella se revela una red de empresas del ex candidato priísta Roberto Madrazo, misma que utiliza para obtener contratos con el gobierno y que también financia el portal de noticias Latinus, identificado públicamente como un portal de noticias que se opone a la actual administración.
De acuerdo a la investigación mencionada, por lo menos una de las empresas de esta red, Dicipa, S.A. de C.V., se encuentra bajo proceso de investigación por parte de la SFP. Tan sólo en el caso de su último contrato, de 31 de Diciembre del año pasado, esta empresa obtuvo “la adjudicación de un contrato bianual (2023-2024) para prestar el servicio de ciclos de hemodiálisis en el mismo ISSEMYM. En el fallo de la licitación pública nacional LPN/ISSEMYM/074/2022 se establece que el monto mínimo de los servicios es de 145 millones 45 mil 8 pesos; el máximo, de 241 millones 740 mil 288 pesos.”, de acuerdo a la investigación consultada.
Mayor responsabilidad para el Estado para evitar corrupción del sector privado
En virtud de la importancia del servicio médico para la población, y con la finalidad de limitar la participación de empresas con prácticas de corrupción, el secretario informó que “en el Issste está en marcha un proceso para que los servicios de estudios de laboratorio clínico y bancos de sangre sean prestados directamente por el instituto.”
