18/07/2023. Durante la tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “acatará bajo protesta” el ordenamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), emitido el 13 de julio durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias para que evite manifestarse sobre el proceso electoral de 2024.

En dicho ordenamiento se señala que los comentarios del Ejecutivo Federal en las conferencias matutinas sobre la senadora Xóchitl Gálvez, y también aspirante a ser candidata del opositor Frente Amplio por México, han incurrido en vulnerar los principios de neutralidad y equidad, en un proceso electoral que aún no ha iniciado.

El INE también pidió que se eliminen de internet cinco de las conferencias mañaneras de presidencia, en particular las del 3, 4, 5, 7 y del 11 de julio

“Limitan mi libertad de expresión e impide informar al pueblo de que hay un grupo que está acechando porque quiere regresar al gobierno para robar, para quitarle al pueblo su futuro, que esa es una obligación que tengo, es decir, el luchar por la justicia y por la democracia” sostuvo el presidente López Obrador.

En este sentido, el mandatario lamentó que se le impida hacer referencia a las elecciones de 2024, proceso que definirá el futuro del país.

Aseguró que sus adversarios actúan con una “maniobra descarada”, como en los tiempos de Vicente Fox queriendo engañar a las personas.

El tema resurgió hoy en la “mañanera” ya que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) no fue notificada, a lo que el INE optó por publicar la notificación en estrados electrónicos, argumentando que con esta medida el presidente debe darse por notificado.

A través de una nota aclaratoria emitida el día de hoy, la CJEF indicó que desde el pasado 2 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo en el que suspenden plazos y términos legales por el  primer periodo vacacional de 2023, que va del 14 al 31 de julio. El documento puntualiza que las autoridades jurisdiccionales y administrativas, incluido el INE, al tener conocimiento del acuerdo, por lo que deben ajustar sus actuaciones al marco legal vigente y evitar actuaciones arbitrarias por presiones mediáticas o de índole política.