27/03/2024 (Ciudad de México). Guerrero es uno de los estados que más ha resaltado durante este sexenio debido a los múltiples eventos de violencia sin precedentes que han ocurrido en su territorio. Particularmente, han sorprendido los asesinatos de funcionarios públicos, así como la presencia pública de algunas organizaciones criminales en actos como manifestaciones o bloqueos en distintos puntos de la entidad.
Además, la economía criminal parece explotar cada vez más la extorsión, con esquemas cada vez más sofisticados que se enfocan en rubros enteros a nivel local, como la venta de pollo o tortillas o el servicio de transporte de pasajeros. Debido a su importancia, el control sobre estos mercados no sólo representa un gran poder económico, sino también social y político.
La crisis de seguridad se ha extendido a la administración pública y, durante los últimos meses, un desfile de remociones y nombramientos de funcionarios de seguridad ha tenido lugar en la entidad como una respuesta ya institucionalizada ante momentos críticos, como los vividos recientemente.
El último de estos momentos ocurre luego de las protestas y exigencias ante el asesinato en manos de un policía estatal del estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Yanqui Kothán Gómez Peralta, quien fuera asesinado mientras se trasladaba en Chilpancingo con dos de sus compañeros en una camioneta. La crisis se habría profundizado no sólo por el actuar de la fiscalía y los policías estatales, quienes alteraron la escena y la evidencia para deslindar responsabilidades, sino sobre todo porque el uniformado acusado de asesinar a Yanqui Kothán se dio a la fuga.
Luego de ello, la gobernadora del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Evelyn Salgado, solicitó la renuncia de dos de los principales funcionarios responsables de la seguridad del estado, quienes la aceptaron de manera inmediata: el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y el secretario de Seguridad Pública, general Rolando Solano Rivera. Cabe destacar que el general Solano apenas había ingresado a su cargo en enero de 2024, mientras Marcial Reynoso fue nombrado en julio de 2023.
En esta coyuntura, la gobernadora solicitó también la renuncia de la fiscal, la teniente Sandra Luz Valdovino, quien, sin embargo, se negó a renunciar en un inicio. La ahora exfiscal afirmó que, para su salida, debían agotarse todos los mecanismos legales disponibles. Fue hasta que el pasado martes 19 de marzo, el Congreso del estado resolvió la remoción de la fiscal ante la solicitud de la gobernadora, quien la acusó, incluso, de poner en riesgo “la paz del Estado”.
Al respecto, el abogado y defensor de derechos humanos Federico Anaya-Gallardo comentó a este medio que la remoción de la fiscal mediante este mecanismo resulta atípica, pues mientras la gobernadora tiene la facultad de removerla, hubiera bastado que el Congreso del estado cesara de pronunciarse para que la remoción fuera definitiva. En contraste, si las dos terceras partes del Congreso se opusieran a la remoción, se podría haber invalidado, cosa que no ocurrió. Debido a este proceder atípico, la remoción de la fiscal podría entrar en controversia legal y ser motivo para un amparo que le permitiera su regreso a la Fiscalía.
Anaya-Gallardo describió para este medio el complejo proceso que queda pendiente para elegir al nuevo fiscal una vez removida Valdovinos. El Congreso del estado publica una convocatoria. Para este 26 de marzo, ya se habían enlistado 33 aspirantes, perfiles que serán seleccionados por el Congreso para formar una lista de 10 candidatos que es enviada al gobernador. De éstos, el ejecutivo presenta nuevamente una terna al Congreso, de donde se elige finalmente al titular de la fiscalía con el voto de dos terceras partes del Pleno.
Al preguntarle sobre la efectividad de este tipo de remociones para atender momentos críticos, el abogado señaló que resulta complicado afirmar que exista una verdadera ruptura con los funcionarios removidos. Esto porque, muchas veces, los titulares de las dependencias son los encargados de nombrar su círculo cercano jerárquicamente, por lo que, en última instancia, quienes los terminan sustituyendo como encargados de despacho pueden mantener la influencia del titular removido o de su grupo.
Ahora, si el problema relativo a la inseguridad es debido al poder del crimen organizado, los procesos de remoción y nombramientos terminan fomentando la debilidad de las instituciones, lo que termina siendo contraproducente para su desempeño. Aunado a ello, esta combinación de caos institucional y debilitamiento vuelve permeables a las instituciones ante las organizaciones criminales, señaló el abogado.
La crisis institucional ha tenido consecuencias más allá de la entidad, pues la facción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República emitió una solicitud para que el órgano legislativo declare la desaparición de poderes en el estado. El Pleno del Senado, por su parte, ha admitido como válida la moción del blanquiazul, pasándola a la Comisión de Gobernación.
La declaración de desaparición de poderes ocurre cuando algún poder del estado – ejecutivo, legislativo o judicial– está comprometido y ya no puede ejercer sus funciones. Sin embargo, se vuelve necesario aclarar que, teóricamente, la declaración de desaparición de poderes no busca que un determinado poder estatal deje de ejercer sus funciones, sino se trata del reconocimiento de que estas funciones ya no son ejercidas. En otras palabras, no busca desestabilizar un estado, sino que existan las condiciones legales para que la federación intervenga con miras a reestablecer los poderes y sus funciones.
Sin embargo, debido a que históricamente la declaración fue un mecanismo que ejerció principalmente el ejecutivo federal se ha asociado en el imaginario político nacional con el autoritarismo y el centralismo que caracterizó al régimen de partido único. Federico la describe como “una institución tremendamente centralista”, ya que, en ocasiones fue utilizada para resolver disputas personales que presidentes en turno tuvieran con algún líder regional que estuviera gobernando algún estado.
Sin embargo, la declaración de desaparición de poderes es un mecanismo que no ha sido ejercido desde 1975. Según comentó Anaya-Gallardo, esto ocurre porque en 1978 fue emitida la Reforma de la fracción V del Artículo 76 que facultaba al Senado de emitir la desaparición de poderes. Esta reforma configuró la desaparición de poderes en cinco condiciones concretas en las cuales se podría declarar, las cuales ocurren cuando los titulares de alguno de los tres poderes: quebranten los principios del régimen federal, abandonen sus funciones, estuvieran imposibilitados físicamente para ejercerlas, permanezcan en sus cargos a pesar de que su periodo programado haya concluido o que adopten alguna forma de gobierno distinta que la de una república democrática. Esta configuración se convertiría en un freno para el ejecutivo de seguir utilizándola para intervenir en el estado, afirma el abogado.
Finalmente, las desventajas de aplicarlo en la actualidad parecieran mucho más que las ventajas. Sobre todo, porque se vuelve necesario convocar a elecciones en una entidad que, como Guerrero, se encuentre en tensiones y conflictos que hayan llevado a su desaparición de poderes; en un contexto como ese, la desaparición de poderes no hace sino mandar el mensaje de que no existe capacidad estatal para regular el conflicto, concluyó el maxiabogado.
