Un ambiente de incertidumbre aqueja a la población de Chilpancingo, luego de que el pasado lunes 10 de julio de 2023 un grupo de pobladores de varios municipios colindantes llevaran a cabo manifestaciones y bloqueos en las principales vialidades de la capital guerrerense.
Aunque en Guerrero existe una larga trayectoria de lucha social que ha impulsado este tipo de manifestaciones, lo cierto es que estos eventos resultan atípicos porque se han atribuido a los grupos del crimen organizado operando en el estado. Particularmente, se ha mencionado a Los Ardillos, grupo local que cuenta con un amplio control en la región central del estado, donde se encuentra Chilpancingo.
Durante la manifestación y los bloqueos del pasado lunes, las confrontaciones entre la población y las autoridades locales escalarían rápidamente. Para contener a la población, el gobierno estatal desplegó un total de 50 elementos; además, las autoridades estatales solicitaron la presencia de la Guardia Nacional, la cual envió un aproximado de 150 elementos para labores de contención.
Sin embargo, los manifestantes rápidamente superaron en número a los elementos, quienes tuvieron la necesidad de replegarse a la altura del bloqueo en la Autopista del Sol, así como en distintos puntos en los alrededores del Congreso estatal. Según la información brindada por el gobierno estatal, los manifestantes lograron entrar al estacionamiento del Congreso. Además, privaron de su libertad a cinco elementos de la policía estatal, cuatro de la GN, tres de la Secretaría de Gobierno Estatal y uno más de su homónima Federal.
Las autoridades estatales lograron negociar el desalojo del recinto sin recurrir al uso de la violencia de manera inmediata, mientras que la liberación de los elementos retenidos, así como el retiro del bloqueo de la Autopista del Sol, se llevaría al día siguiente como resultado de la negociación que los grupos de comuneros mantendrían con las autoridades federales. En todo momento, las autoridades federales han llamado al diálogo y la colaboración, aunque tanto el presidente como la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, han señalado que no cederán ante las demandas de liberar a los presuntos líderes criminales de organizaciones como la de Los Ardillos que se encuentran en proceso legal.
La manifestación descrita ocurre en un contexto de mucha tensión en el estado del sureste. Apenas el pasado sábado 8 de julio, en los municipios de Tixtla y Chilpancingo se registraron nueve ataques en contra de unidades de transporte público, en donde cinco taxistas fueron asesinados y cinco personas más resultaron heridas. Estos ataques también se han atribuido a Los Ardillos.
En entrevista para De Raíz Media, el periodista local independiente, Arturo de Dios, recalcó que los eventos ocurridos durante los últimos días son el resultado de un proceso largo de descomposición social y política ocurrido a nivel local. Es el caso del grupo de Los Ardillos, uno de los principales grupos que se disputan la región, quienes tuvieron su origen en la comunidad de Tlanicuilulco, en el municipio de Quechultenango, de donde proviene la mayor parte de los pobladores que realizaron las manifestaciones el lunes, según comentó Arturo.
En este proceso de descomposición, los grupos del crimen organizado se han apropiado de gran parte de las rentas y el control de los mercados no sólo ilegales, sino también legales, mediante la extorsión y el cobro de derecho de piso en regiones como Acapulco, la Costa Chica y el centro del estado. Así ha ocurrido en rubros mercantiles como el de la venta del pollo, el transporte público e, incluso, el de los mercados populares.
A partir del control de los flujos económicos que son necesarios para la vida de la población local, las organizaciones del crimen organizado adquieren un amplio margen de maniobra para poder ejercer el control sobre la población. Al respecto, tanto Arturo, como el presidente AMLO, coinciden en que muchos de los pobladores que acudieron a estos eventos fueron coaccionados por los grupos armados, pues éste ha sido un modus operandi al cual recurren las organizaciones desde hace años: “En algo […] tiene razón el presidente: que están siendo obligados”.
La incertidumbre se extiende entre la población del estado no tanto por los eventos recientes, sino porque no confía en las autoridades municipales o estatales. David Saucedo, periodista y consultor en seguridad, señaló en entrevista para De Raíz Media que no es casual que estos eventos ocurran precisamente luego de la publicación de los videos de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, desayunando con presuntos líderes de Los Ardillos. Según lo que nos comenta el consultor de seguridad, la violencia se desataría luego de que la alcaldesa rompiera los acuerdos que habría realizado con el grupo criminal, quienes, además de filtrar los videos, buscarían generar caos en la capital del estado como represalia. El ataque a los transportistas, así como las manifestaciones del lunes, serían parte de esta estrategia.
Arturo mencionó, además, el caso del diputado perredista local, Bernardo Ortega Jiménez, quien es parte de la familia que lidera al grupo de Los Ardillos. Señala que este grupo criminal comenzó a expandirse a partir de que este hermano adquiriera cargos públicos, en 2013, extendiéndose a otros municipios, como Chilapa. Apunta a que, así como existe un brazo armado de las organizaciones criminales, existen “brazos políticos” que, incluso, llegan a ser más relevantes para la impunidad que la propia capacidad armada de las organizaciones. Resalta que “nos han vendido la narrativa de que el crimen pone y quita”, pero “el arraigo que tiene el crimen organizado está en la parte política”.
En ese escenario de impunidad, Arturo de Dios observa las acciones de la federación, que se resumen en el incremento de la presencia armada del Ejército y la Guardia Nacional, como exclusivamente “de contención”, pero que no afectan en lo sustantivo las actividades criminales. Sobre la postura federal de no llevar a cabo confrontaciones ni recurrir a la represión, los periodistas consultados coinciden en que la represión no es una opción: “Nadie puede estar a favor de la represión…”, señala De Dios. Sin embargo, la presencia del Ejército y la GN no son suficientes para resolver un problema tan arraigado en el estado del sureste.
Al respecto, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como las autoridades estatales han apuntado a que han distribuido programas y obra pública que benefician a la población como medio para contener la dependencia que los pobladores tienen frente a las organizaciones criminales. Sin embargo, ante los hechos ocurridos, resulta necesario evaluar ese respaldo político de las organizaciones criminales y el papel que ocupa la Federación en la contención de la violencia: “no se puede solucionar este problema con balazos. Es más [una cuestión] de corrupción, de dinero, de negocios”, concluyó Arturo.
