21/12/2023 (Ciudad de México). Hay un solo lado positivo de todo lo que está pasando en Argentina: ahora América Latina sabe lo que pasa cuando se vota por un neofascista.
Javier Milei es un seguidor fanático de la “Escuela económica liberal austriaca” de Friedrich von Hayek, y del estadounidense Murray Rothbard. Hasta los organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional –a los que no se puede catalogar como “comunistas”- han abandonado hace mucho tiempo las ideas ultraliberales de Hayek y Rothbard, pero Javier Milei pretende aplicarlas a ultranza. Por ello no resulta exagerado decir que, tras el marbete de “libertario” que él mismo se puso, en realidad hay un autoritario de las leyes del mercado.
Y autoritarismo es lo que se respira hoy en Argentina. Ni bien asumió el mandato y se posesionó de la Casa Rosada, anunció que lanzaría un “ajuste con shock” y dijo que enviaría un paquete de leyes al Congreso (este detalle es importante como luego veremos).
El ajuste distó mucho de ser solo fiscal, a través de una disminución de ministerios o de una eliminación de la “pauta publicitaria”. Lo que Milei lanzó fue un ajuste social, siendo el trabajo (o mejor, las y los trabajadores tanto del sector formal como del denominado “sector informal”) la principal variable de su ecuación ultraliberal.
Reducir los costos laborales, a través de la devaluación y la inflación, que han impactado a la baja en la capacidad adquisitiva de los salarios (del sector formal) y de los ingresos (del sector informal), redunda en mayores beneficios para el gran capital que controla los consorcios económicos y el sistema financiero. Para Milei son estos “agentes productivos” los esenciales para la economía.
La protesta ya se sintió ayer por la mañana, cuando decenas de miles de trabajadoras y trabajadores tomaron pacíficamente las calles de Buenos Aires y de otras ciudades como Rosario, Córdoba, La Plata, Mendoza o Tucumán. En la capital bonaerense, tuvieron que desafiar el blindaje policial que rodeó la Casa Rosada e intentó impedir que los marchistas copen la enorme avenida 9 de julio. La pulseada terminó en una especie de empate: ni los movilizados lograron vulnerar el cerco de seguridad, ni los policías lograron impedir que ocupen las calles, como había asegurado la ministra de seguridad Patricia Bullrich.
Sin embargo, por la noche, Milei lanzó un “Decreto de Necesidad y Urgencia” (DNU) que recorta aún más la regulación estatal sobre los capitales privados, inicia la privatización de empresas públicas y anula derechos sociales establecidos en leyes. Este decreto modifica 81 leyes. La Constitución de la Nación Argentina en su artículo 99 inciso 3 establece que el Poder Ejecutivo puede dictar estos DNU cuando las circunstancias excepcionales lo requieran y no se pueda esperar la reunión del Congreso. Para entender mejor, “circunstancia excepcional” sería por ejemplo el período más letal de la pandemia, cuando el Congreso –por obvias razones- no podía reunirse en forma y tiempo. No es esta la situación ahora, pues el mismo Milei reconoció que hay un Congreso en funcionamiento pleno, al anunciar que enviaría leyes para su aprobación.
El mismo artículo constitucional establece que estos DNU deben ser sometidos a la aprobación del Congreso dentro de los dos días hábiles siguientes a su promulgación. Lo que todavía está por verse es qué ocurre en el legislativo. Pero ya la pelea judicial comenzó con un amparo colectivo presentado por el “Observatorio del Derecho” y varias centrales de trabajadores, que pidieron a un juez que declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del DNU de Milei, por considerar que “se arrogó facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público, lo que implicaría un caso de abuso de derecho público que viola la división de poderes y la democracia”.
Además, como se dijo, el DNU modifica la vigencia y el contenido de 81 leyes. Uno de los principios básicos del Estado de Derecho es el respeto a la prelación de las normas. En términos genéricos, arriba está la Constitución, más abajo las Leyes Orgánicas (que desarrollan la Constitución), luego las Leyes Ordinarias y por debajo los Decretos. El neofascista está anulando derechos sociales sancionados en leyes… con un decreto.
Pero más allá del conflicto jurídico, por la noche y de forma espontánea se multiplicaron los cacerolazos esta vez ya a nivel nacional. La reacción social al “ajuste con shock” ya no es sólo sectorial (protagonizada por sindicatos) sino territorial (abarcando barrios populares y también de clase media).
