31/10/2023 (Ciudad de México). A tres años de que entró en vigor el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, la industria alimentaria ha intentado frenarla, por lo que ha impulsado una serie de amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hay que recordar que en octubre de 2020 se aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM-051 relacionada al etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados y a la información comercial sanitaria. En el año 2021 se implementó la fase completa del etiquetado claro frontal.
El modelo que se implementó es el de advertencia con octágonos negros en alimentos y bebidas con sodio, grasas saturadas y azúcares. Además de considerar la advertencia de que no es recomendable para menores, también se obligó a la industria a informar si los productos contienen edulcorantes y cafeína.
Paulina Magaña, coordinadora de salud alimentaria de El Poder del Consumidor, en entrevista con De Raíz, explicó que desde el año pasado hay seis amparos que ha impulsado la industria. Actualmente son tres empresas las que han interpuesto estos amparos: Santa Clara, Herdez y Barrilitos. Tres están turnados ya con sentencia y faltan tres sentencias.
“Estos tres amparos hablan del sistema de etiquetado y la industria pide que no se utilice este sistema de etiquetado de advertencia en México, porque puede llegar a afectar sus intereses”, comparte Paulina Magaña.
Con esta medida, México se sumó a Chile, Perú y Uruguay, como países de América Latina que han implementado esta estrategia.
Magaña explicó que en dado caso de que la votación o la resolución de estos amparos fueran a favor de la industria significaría un retroceso en las políticas públicas que tienen que ver con los entornos alimentarios y saludables.
“Sabemos que siempre que se propone una política deben de ser progresivas, es decir, siempre ir hacia adelante, hacia mejorar la regulación y sabemos que si esto se retira, pues podría ir en contra. Sería una política en retroceso. Es crucial no sólo mantener esta medida de regulación, sino también para brindar a los consumidores información más clara”, señaló.
Impactos y retos
Alejandra Contreras, investigadora del Centro de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) externó en conferencia de prensa que se dio en el marco de estos amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde que esta medida entró en vigor el 79% de la población en México entiende el etiquetado, 74% de las personas lo aprueban, 67% lo están leyendo y 40% están cambiando las decisiones de compras.
De ese 40% que cambia su decisión de compras, 42% dice que no lo compró, el 29% compró un producto similar o con menos sellos, el 22% compró menos cantidad de los productos con sello y 7% compró un producto similar que no tuviera sellos.
Otro impacto es en el consumidor en la reformulación “y recientemente, cuando se empezó a aplicar este etiquetado, las propias industrias habían reportado que tenían una reformulación de hasta 56% de los productos”, compartió Magaña.
“Es algo positivo, porque varios de ellos [de las industrias] disminuyeron la cantidad de azúcar, sodio o grasas, por ejemplo, el sodio se bajó en los cereales de caja, en el pan de caja. Esto es un efecto positivo considerando que estos productos tenían aún más de estas cantidades excesivas”, detalló Magaña a De Raíz.
Con respecto a los impactos en salud, una de las motivaciones de esta medida debe medirse a largo plazo, por lo que es a partir de cinco años que se puede medir su impacto.
No hay que olvidar que la Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica degenerativa de gran impacto para la población mexicana. Desde el año 2000, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, la diabetes es una de las principales causas de mortalidad entre la población mexicana.
Según INEGI, hasta el año 2021, es una de las tres principales causas de muerte (por enfermedad) en la población, sólo después de enfermedades del corazón y COVID-19 y afecta tanto a hombres como a mujeres.
México es el segundo país de América Latina, y el sexto en el mundo, con alta prevalencia por esta enfermedad.
Con respecto a los retos, la especialista del Poder del Consumidor recordó que actualmente el Senado tiene en sus manos la reforma de la Ley General de Educación, en su artículo 75, cuyo objetivo es prohibir la venta de productos ultra procesados al interior de las escuelas.
Otro reto es el impuesto a bebidas azucaradas y la regulación de productos ultra procesados, pero también el uso de personajes infantiles en las etiquetas, un tema al que también se ha opuesto la industria alimentaria. La siguiente semana se votará la reforma del artículo 75 y también se sabrá la decisión de la SCJN con respecto a los amparos, de acuerdo con Paulina.