Los alumnos del Tecnológico de Monterrey fueron abatidos por militares al interior del plantel. El Estado mexicano ocultó la verdad.
18/10/2023 (Ciudad de México). Este viernes 13 de octubre de 2023 fueron condenados a 90 años de prisión cinco elementos del Ejército mexicano que asesinaron a dos jóvenes en el Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León. El homicidio ocurrió en el año 2010, el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico” declarada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
En la madrugada del 19 de marzo de 2010, los estudiantes de excelencia Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo se encontraban en el Tecnológico de Monterrey luego de haber estado con sus compañeros en una intensa sesión de estudios. A las puertas del plantel, se encontraron con un enfrentamiento entre militares y presuntos miembros de la delincuencia organizada.
Según las declaraciones, los militares los habrían confundido con presuntos delincuentes, los golpearon y dispararon en siete y seis ocasiones, respectivamente, terminando con su vida. Posteriormente, al darse cuenta de que se trataba de estudiantes, los elementos del Ejército les sembraron armas y les arrebataron todo elemento que pudiera identificarlos como estudiantes: sus credenciales, sus útiles y su computadora.
De esta manera, se trató de pasar este asesinato como el resultado de un enfrentamiento y a los jóvenes se les tachó de sicarios, versión que corrió por la prensa los siguientes dos días, criminalizándolos. Incluso, se llegó a afirmar por la Secretaría de la Defensa Nacional que los jóvenes estaban “armados hasta los dientes” al momento de su asesinato, respaldando la versión de los elementos castrenses de manera inmediata.
El propio presidente Calderón habría anunciado la muerte de los estudiantes como el resultado de su guerra, clasificándolos públicamente como “sicarios”. En su momento, esta versión fue aceptada incluso por el propio Tecnológico de Monterrey. Años después, la universidad se justificó señalando que habían replicado esta versión por temor a las autoridades federales.
Debido a lo ilegítimo de los actos y al evidente interés del gobierno federal por enterrar los hechos, familiares y amigos de Jorge y Javier conformaron el colectivo “Todos somos Jorge y Javier” para alcanzar la justicia. Durante meses, llevaron a cabo actos de protesta, además de que cada año llevan a cabo un acto conmemorativo para recordar a los estudiantes fallecidos.
Este martes, luego de 13 años de espera, por fin se dictó una sentencia condenatoria para los cinco militares participantes, además de uno más que permanece en calidad de desaparecido, lo cual ha sido reconocido como una “victoria” por parte de los padres de Jorge, quienes ofrecieron una conferencia de prensa este martes 17 de octubre.
“Para nosotros significa muchísimo, estuvimos esperando esto desde hace 13 años, cuando sucedieron los hechos. Mucha gente nos estuvo diciendo que no lucháramos porque estábamos luchando contra la corriente”, dijo Rosa Mercado en la conferencia, madre de Jorge.
En la conferencia también agradecieron a los miembros del Colectivo, así como a algunos funcionarios que hicieron posible la continuidad del caso, a pesar de las adversidades y las resistencias dentro del propio Estado. Entre ellos, Erika Jaime, quien estuvo a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas durante su proceso, así como a José Reynoso, el juez que retomó su caso en 2017 y permitió su conclusión en condena.
En el año 2019, el Estado mexicano pidió disculpas a la familia y a los jóvenes no sólo por el asesinato, sino por la criminalización pública que ocurrió de ellos sin ningún motivo válido ni legal. Las disculpas estuvieron a cargo de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
En ese sentido, a pesar del avance y la sentencia a los cinco militares, es necesario responsabilizar a toda la cadena de mando que no sólo permitió el asesinato, sino también la fabricación de evidencia, lo cual implica un delito por sí mismo.
A nivel mediático, la responsabilidad podría llegar hasta la presidencia de Felipe Calderón, que hizo todo lo posible por hacer pasar el homicidio como parte del buen resultado de su guerra, además que se han desprendido testimonios en los que se indica que el propio Calderón habría dado órdenes para que el caso no prosperara en tribunales.
De tal suerte, quedan pendientes las carpetas de investigación por los delitos de robo de identidad, abuso de autoridad y exceso de la fuerza. Así, queda claro que faltan pasos para acceder a la justicia por la violación al derecho a la identidad de los jóvenes, así como al derecho a la verdad de sus familiares, amigos y de la sociedad en su conjunto.
