Señalan que se llevaría a cabo un diálogo con autoridades para ver el tema de vivienda, pero autoridades respondieron con amenazas y el intento de desalojo; fueron agredidos con golpes y presuntos elementos de seguridad percutieron armas en contra del bloqueo.

16/10/2023 (Ciudad de México). La comunidad otomí residente de la Ciudad de México exige audiencia con Martí Batres, jefe de gobierno de la capital, tras el intento de desalojo de Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” (antes INPI).

Esta exigencia se da luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y granaderos sorprendieron a la comunidad durante la madrugada de este lunes 16 de octubre, para tratar de desalojarlos con lujo de violencia.

La comunidad denunció, en una conferencia de prensa este lunes frente al inmueble ubicado en Avenida México-Coyoacán 343 en la alcaldía Benito Juárez que fueron víctimas de “represión, discriminación y racismo”.

Denunciaron que fueron golpeados, además de que dos hombres a bordo de motocicletas, presuntamente pertenecientes a los cuerpos de seguridad de la capital, percutieron armas tres veces en contra del bloqueo. Como pruebe de ello, la comunidad presentó ante los medios de comunicación los casquillos que recogieron una vez que se retiraron estos elementos.

El saldo de este intento de desalojo fue de 10 personas heridas (adolecentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad) por golpes que perpetraron los policías y granaderos. “Más de 500 granaderos cercaron la Casa de los Pueblos. La orden era directa: desalojar a la comunidad” afirmaron.

La respuesta de las autoridades: “no fue desalojo”

La comunidad responsabilizó a Martí Batres, jefe de gobierno de la capital, por la represión y discriminación de la que señalaron fueron sujetos, y a Juan Gutiérrez Márquez, Coordinador General de Concertación Política Prevención de la CDMX, por encabezar al cuerpo de granaderos que llegó durante la madrugada.

Filiberto Margarito Juan, concejal de la comunidad Otomí residente en Ciudad de México, señaló que el comunicado que emitió la Secretaría de Gobierno de la Ciudad aseguró que no les quería desalojar.

SECGOB señaló que a las 00:05 horas se llevó a cabo un operativo interinstitucional para liberar la vialidad en la Avenida México – Coyoacán.

Sostuvieron que la intervención “se realizó como respuesta a diversas denuncias ciudadanas sobre la afectación producida por el bloqueo al libre tránsito de miles de personas de toda la ciudad, y, particularmente, de ambulancias con pacientes que se dirigen con urgencia diariamente al Hospital General de Xoco”.

“Es absolutamente falso que con esta acción se haya intentado desalojar las instalaciones del INPI; el operativo estuvo dirigido exclusivamente a liberar dicha vialidad”, se lee en esta tarjeta informativa.

Margarito Juan señaló que su objetivo no era liberar la vialidad, sino desalojarlos. “Desmentimos el comunicado […] ¿Qué hacían los granaderos en la entrada de la Casa de los Pueblos? ¿Por qué no liberaron la vialidad y se retiraron? ¿Por qué no se presentó la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX en el momento en que los compañeros estaban siendo agredidos? Nadie se acercó con la comunidad para informar del retiro del mobiliario que obstruía la vialidad”, externó el vocero.

La comunidad logró replegar a los elementos de seguridad al menos 200 metros cuando se dieron las agresiones. Pascual Margarito Juan, integrante de la comunidad otomí residente de la CDMX, fue golpeado con un escudo de un elemento de seguridad en la frente. En entrevista con De Raíz compartió que los elementos de seguridad pública vieron las agresiones y no hicieron nada.

El otomí señaló que el sábado 14 de octubre una comisión de la comunidad asistió a un encuentro con las autoridades, para saber cómo se resolvería el tema de los predios pendientes de expropiación, tal es el caso del predio de Zacatecas 74, para que se lleve a cabo la construcción de viviendas que demanda la comunidad.

“Su único argumento o lo que ellos les interesaba eran de que abriéramos la Avenida, que ya no había más diálogo, que a ellos les importaba más la avenida que porque nosotros perjudicábamos a terceras personas”, expusó Margarito.

El joven denunció que Juan Gutiérrez los amenazó en esa reunión y les dijo que “si no se quieren quitar de la Avenida, aténganse a las consecuencias”.

“No pensábamos que iban a venir el cuerpos de granaderos. Si pensábamos que querían quitar la valla que teníamos, pero no teníamos conocimiento de que querían llegar a pegarnos, a desalojarnos”, detalló Margarito a este medio, para luego acudir a atención médica, dado que expuso que tenía una herida profunda en la frente.

Hoy la comunidad tenía programado un diálogo con el Instituto de Vivienda (INVI) de la CDMX, pero se detuvo por los hechos que se suscitaron en la madrugada.

Más de cien personas originarias de Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, en Querétaro, que residen desde hace más de 20 años en Ciudad de México, se encuentran en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, desde el año 2020.

La toma de lo que fue el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se hizo luego de que fueron desalojados de un predio que estaba en riesgo de derrumbe, en la calle de Roma 18, ubicado en la colonia Juárez. Desde entonces, la comunidad otomí exige que se resuelva la expropiación de los predios para que puedan construirse viviendas.

A lo largo de estos años han existido intentos de diálogo, sin embargo, en diversas ocasiones la comunidad ha denunciado que las autoridades no los reciben ni atienden sus demandas, por lo que dijeron que continuarán con su lucha.