08/09/2023 (Ciudad de México). México se ubica entre los primeros lugares de países peligrosos para la defensa del territorio y el medio ambiente, de acuerdo con el último informe de la organización británica Global Witness. Y es que desde los últimos diez años, el país ha escalado en esa lista a nivel mundial.

Pero esta problemática afecta a toda la región, dado que América Latina es considerada la zona más peligrosa para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. En el año 2021, tres de cada cuatro ataques letales a personas defensoras del medioambiente se registraron en el subcontinente. De los diez países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo, siete están en América Latina.

México, Colombia y Brasil concentraron los números más altos a nivel mundial.

En el año 2020, la situación no fue distinta y más de la mitad de los ataques se concentraron sólo en tres países: Colombia, Filipinas y México.

El informe de Global Witness, quien realiza un conteo anual sobre estos crímenes, señala que sólo en el año 2021, 54 personas que defendían el territorio fueron asesinadas en México, mientras que en el año 2020 registraron 30. Además, casi la mitad de las personas que perdieron la vida eran indígenas y más de un tercio fueron víctimas de desaparición forzada.

“Los conflictos por la tierra y la minería estuvieron vinculados a dos tercios de los ataques letales. Alrededor de dos tercios de los asesinatos se concentraron en los estados de Oaxaca y Sonora, ambos con importantes inversiones mineras”, señala el informe.

En México, según esos datos, de 2019 a 2020 los ataques aumentaron 67%. En el año 2018, organizaciones como Amnistía Internacional (AI), Global Witness y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en otro informe, contabilizaron 108 asesinatos de activistas en nuestro país en una década, de los cuales, 86 eran indígenas.

Sobre los factores que impulsaron estos ataques están los relacionados con la explotación de recursos (explotación forestal, minería, proyectos hidroeléctricos y agroindustria a gran escala), represas hidroeléctricas y otros megaproyectos que suponen una confrontación entre los intereses económicos de quienes sustentan esos proyectos contra los intereses de vida en los territorios que defienden las personas.

No obstante, uno de los principales factores que permite la ocurrencia de estos delitos es la prevalencia de la impunidad: hasta 95% de los asesinatos no enfrentan ningún tipo de proceso legal. No obstante, tal como señala el informe de la organización británica, la medición de los asesinatos depende de diversos factores que no reflejan la verdadera dimensión del problema.

Y es que persistenten restricciones a registros sobre los ataques, la falta de monitoreo de los conflictos territoriales, además de que los ataques también pueden ser de distintos tipos como criminalización, hostigamiento, difamación, secuestro, violencia sexual en el caso de las mujeres o amenazas, y muchos no son denunciados. Se suma el desplazamiento forzado o las desapariciones.

Aunque la protección de las personas defensoras del medioambiente en nuestro país forma parte del Acuerdo de Escazú para América Latina y el Caribe, que ratificó México en noviembre de 2021, y que entró en vigor en abril de 2022, el panorama continúa siendo preocupante debido a la persistente impunidad en los sistemas de justicia, lo que dificulta el acceso al derecho y la reparación, concluye el informe.