**El consumo problemático de sustancias psicoactivas ha sido abordado desde una perspectiva de seguridad y punitiva.**

En la alcaldía Iztapalapa se gesta una estrategia de salud pública para atender el uso de sustancias psicoactivas a través de un modelo de reducción de riesgos y daños; el enfoque es novedoso, porque busca atender el uso problemático de esas sustancias desde los derechos humanos y con un tratamiento integral, que tiene por objetivo tirar paradigmas sobre la atención y tratamiento de adicciones: lejos de una guerra, de la criminalización y estigma hacia las personas usuarias de dichas sustancias.

Se trata de los Centros Colibrí. De acuerdo con Raquel Pasaran, coordinadora de los Centros Colibri, en entrevista con De Raíz, desde la inauguración del primer Centro Colibrí en el Centro Comunitario de la Colmena, en el año 2021, han brindado alrededor de 122 mil atenciones y se han llevado mil 500 procesos terapéuticos, aproximadamente.

Una opción para Iztapalapa

Iztalapa carga tras de sí el estigma de la violencia. Durante largo tiempo, la demarcación, la más poblada de Ciudad de México, de acuerdo con el censo de INEGI (2020), se ha encontrado entre las principales listas de inseguridad capitalina, dado los índices de homicidios, feminicidios y robo.

Hasta el año 2021, Iztapalapa ocupó el lugar número 21 en la lista de los 50 municipios más violentos del país, según datos de el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

Pero también, tras de ella está el olvido hacia sus habitantes, que hasta el año 2021 se caracterizaba como alcaldía joven, dado que el 32% de su población tenía entre 15 y 34 años.

En esta parte viven, entre otros, aquellos que ya no alcanzan un lugar digno en los supuestos centros de la capital. Sus habitantes enfrentan el rezago educativo, la falta de acceso a servicios de salud pública y en donde 35% de sus habitantes viven en situación de pobreza, de acuerdo con Coneval.

Los grafittis y murales en los techos, que se observan desde el cablebús, rezan orgullosos: “De Iztapalapa para el mundo”, en donde se gestan desafíos para llevar a las juventudes opciones dignas de vida.

Alejandro vive en Santa Cruz Meyehualco y Utopía Papalotl, ubicado al pie de la sierra de Santa Catarina, le queda muy cerca de casa. Se desplaza caminando, una actividad que disfruta mucho. Mientras conversa con De Raíz, se muestra nervioso ante la cámara, pero también abierto a contar su testimonio.

Y es que dice que las personas con dependencia hacia sustancias son como libros abiertos, porque pueden contar sus experiencias para detonar reflexiones. A veces sus manos y su voz le tiemblan, pero continúa.

Alejandro decidió buscar atención porque tiene usos problemáticos con el alcohol y la farmacodependencia. El camino, según relata a De Raíz, no ha sido fácil, porque antes de llegar a este espacio tuvo un intento de suicidio y ha tenido crisis de depresión muy graves.

“He estado trabajando en mi, con mi familia, viendo que no nada más es una alternativa el suicidio, sino que hay muchas cosas por vivir”, comparte.

Apenas lleva dos meses en este Centro, pero se siente cómodo porque distingue una diferencia con otros centros a los que ha acudido antes: el trato y los costos.

“La discriminación por tener o no dinero te discriminaba, también por tu género […] Los costos son muy excesivos, cuando salieron este tipo de programas fue de mucha ayuda para mí, porque me atendieron gratuitamente”; asegura.

En Utopía Papalotl tienen diversas actividades como box y kickboxing, deportes que le llaman la atención y que desearía practicar. Por ahora, debido a los tratamientos, cuenta que se cansa y se fatiga, pero en un mes verá la posibilidad de asistir, porque además forma parte de su tratamiento: incorporarse a actividades recreativas, culturales, educativas o deportivas.

Más allá de la guerra, la utopía

La novedad de los Centros Colibrí en el enfoque: trata de servicios de salud pública que ofrecen tratamientos desde otra perspectiva. Al respecto, Andrés Hirsch Soler, coordinador del área de educación de ReverdeSer Colectivo, una organización sin fines de lucro que se dedica a la lucha para regularizar el uso de cannabis y a temas de construcción de paz, señala que la iniciativa busca romper viejos paradigmas sobre el uso de sustancias psicoactivas.

Esos paradigmas tienen que ver con la persistente criminalización y estigmatización sobre personas que consumen esas sustancia; en la “guerra contra el narco”, impulsada por el ex presidente Felipe Calderón, imperó una narrativa punitiva, basada en la violencia, la persecución y el encarcelamiento masivo.

Esa “guerra contra las drogas” llevó a México a gastar cerca de 1.8 billones en una década, de acuerdo con medios internacionales, en el gasto público en funciones de Justicia, Seguridad Nacional, Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior.

Sin embargo, más allá de cifras quedaron las víctimas: más de 350 mil muertes y sólo en ese sexenio se registraron 17 mil 087 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas de Segob. La tasa de homicidios dolosos aumentó 55.8%, desde 2006, y más de 105 mil personas fueron acusadas de narcotráfico o delincuencia organizada, por lo que las cárceles se sobrepoblaron.

Andrés Kirsch sostiene que entonces la nueva estrategia, que funciona todavía a nivel local, tiene una perspectiva radical porque lo que plantea es una narrativa que reconoce a las personas usuarias como sujetas de derechos y no como criminales.

“La iniciativa reconoce a las personas usuarias de plantas y sustancias psicoactivas como sujetos de derechos [..] Entonces, es una iniciativa que es un cambio de perspectiva radical, que plantea una mirada muy otra a la de la prohibición, sino que contempla el reconocimiento de esta parte de la ciudadanía, de la sociedad”, señala.

Además el activista critica que hay mucho mitos detrás de asociar la violencia con el consumo de sustancias psicoactivas. Al respecto criticó que esa asociación debe leerse de una forma en donde atraviesan fenómenos estructurales, como la desigualdad social y económica.

De acuerdo con datos del SESNSP, entre 2015 y 2020, en Iztapalapa los registros por narcomenudeo aumentaron 273%, mientras que en el periodo de 2018 a 2020 aumentaron 9%. De acuerdo con el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (México) sobre Iztapalapa, de 2016 al 2019, en el norte, centro, sur y oeste se concentraron delitos de narcomenudeo.

En el año 2020, por su parte, el narcomenudeo se concentró al noroeste de la demarcación, principalmente en la Central de Abastos, en donde también se registraron altos niveles de consumo de alcohol y otras sustancias. En su informe, la UNODC señala que esa zona presenta altos índices de marginación social debido a la concentración poblacion en las Unidades Habitacionales como Real del Moral y Tezontle. Además de su colindancia con Iztacalco.

Andrés asegura que en los Centros Colibrí, al tener atención e información, pero también un espacio como las Utopías, a las personas se les reconocen sus derechos: el derecho a la salud, al esparcimiento, a la cultura, al deporte y a la educación.

“Entonces no se está reduciendo la identidad de la persona a la sustancia con la que se relaciona, sino que se le reconoce como un integrante más de esta sociedad, con los mismos derechos. Creemos que […] le está incorporando en la sociedad en lugar de buscar cómo excluirle,  cómo aislarle. Entonces estos espacios vemos que son un lugar de reconocimiento o garantía de estos derechos”, asegura el activista.

En ese mismo tenor, Raquel Pasaran, dijo al medio que uno de los principales retos que han enfrentado es cambiar la narrativa entre funcionarios, instituciones, incluso entre familiares y las mismas personas consumidoras, dado que “no todo uso es abuso y no todas las personas tienen problemas de consumo”, por lo que enfatiza que para prevenir se debe tener información.

En ese mismo tenor, el psicólogo Gustavo, del centro Colibrí Papalotl, segura que buscan no estigmatizar a las personas ni tampoco a las sustancias sino que se trata en enfocar los consumos y de brindar información detallada, dado que el consumo no siempre es problemático y responde a contextos comunitarios, territoriales e individuales.

E incluso también cambiar los términos de drogas, por sustancias, porque eso tiene un impacto en el tratamiento de este fenómeno.

“Hablar de reducción de riesgos y daños no es hablar simplemente en el cambio en prácticas o en el cambio en las medidas a poner en marcha, sino más bien se trata de cambiar toda la filosofía y toda la narrativa que hemos tenido para el abordaje del uso de sustancias a lo largo de este tiempo”, relata Raquel a De Raíz.

La coordinadora asegura que el modelo de reducción de riesgos y daños no se enfoca en la abstinencia sino en la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y en los usos no problemáticos de ellas. Además de impulsar un tratamiento integral que va de la mano con terapias, talleres, acompañamiento, educación e información, y las actividades de Utopías.

Algunos datos

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), entre marzo, septiembre y diciembre de 2020 en Iztapalapa: 8 de cada 10 personas atestiguó consumo de alcohol en los alrededores de su vivienda. Además 6 de cada 10 atestiguó consumo de drogas en los alrededores de su vivienda.

En Iztapalapa existe un alto consumo de sustancias psicoactivas, principalmente marihuana (67.7%), Inhalantes (14.2%) y Crack (9.4%), según un informe de los Centros de Integración Juvenil (2015).

De acuerdo con UNODC entre los motivos se encuentran los problemas familiares y escolares, así como estados de ánimos. En promedio, el primer consumo de sustancias ilícitas es a los 16 años.

La coordinadora de los Centros Colibrí señaló a De Raíz que han registrado, desde 2021, que las principales sustancias que consumen las personas que acuden a solicitar el servicio de atención son: alcohol, inhalantes y mariguana.

Además, compartió que cerca de un 60% de usuarios son hombres y 40% mujeres. Al respecto dijo que las mujeres acuden, principalmente, a solicitar información aunque también están en tratamiento, pero dice que es menor la cifra dado que persisten los estigmas hacia usuarias.

Un dato relevante es que en atención familiar son ellas quienes reciben mayor tratamiento, dado que son las que realizan el trabajo doméstico y de cuidados en los hogares.

 “Las mujeres son generalmente las parejas, las madres o las hermanas, nos visitan más cuando se trata de una atención a familiares y creo que tiene que ver también con esta parte de que históricamente se les ha asignado a las mujeres el cuidado de los demás”, sentenció la coordinadora.

Los retos: que la utopía sea realidad

Hasta ahora suman doce centros Colibrí ubicados en distintos puntos de la demarcación Iztapalapa, dentro de los espacios Utopías.

El programa de reducción de riesgos y daños, que se ha implementado en los Centros Colibrí,  forma parte de una estrategia en donde participan diversas instituciones como la Comisión Nacional contra las Adicciones, pero también se suman las acciones que han hecho instituciones como la Clínica Condesa (pionera en atención de salud pública).

No obstante, en la capital funciona a nivel local, pero tal como aseguraron Gustavo, Andrés y Raquel, esperan que pueda extenderse a otras partes.

Andrés y Raquel comparten la idea de que aún hay muchos retos a sortear. Para el activista todavía hay contradicciones entre los discursos del ejecutivo con las campañas que se impulsan.

Y es que dijo que al principio de esta administración se sostuvo una narrativa en la que no habría más guerra contra el narco, pero todavía persisten discursos que estigmatizan dado que se emiten bajo juicios de valor al considerar a las personas usuarias como ”drogadictas” o asociarlas por defecto a la violencia, cuando se trata de una problemática más robusta de salud pública.

Así también criticó las campañas que buscan generar miedo. “A nuestros ojos es reconocer que cuando hay un uso de drogas , hay cierto tipo de beneficios y de daños asociados. Es la justificación para que existan estrategias de reducción de esos riesgos y esos daños”, expresó Andrés al medio.

Los entrevistados aseguraron que aún faltan realizar políticas públicas que retomen una perspectiva social, interseccional y con enfoque de derechos humanos para atender el uso de sustancias y para tratar también la salud mental.

Durante la emergencia sanitaria por COVID-19 se develó el incremento de enfermedades y padecimientos de salud mental, que se ligó profundamente al aumento de suicidios, depresión, ansiedad, ligado también al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, como factor de riesgo.

En México, el suicidio en la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Al mismo tiempo, Raquel dijo que se necesita fortalecer un abordaje social que vaya de la mano con un abordaje de salud.

“Es importante tener o apostar por políticas públicas integrales que tengan que ver con la atención en salud, pero que también tenga que ver con el fortalecimiento de redes de apoyo, con la dignificación de los servicios para las personas, con la promoción de los derechos de las personas usuarias”, dijo Raquel.

Alejandro se apresura para salir, aún tiene pendientes en casa, y además de asistir a terapia se quedó un rato para dar la entrevista, pero afuera hay una lluvia amenazante y el debe volver a pie. Antes de despedirse dice que en este lugar se siente cómodo.

“Ahora sí que muy amables, no hay racismo, prejuicios, está muy al alcance de todas mis posibilidades. Me siento cómodo”, concluye.