04/08/2023 (Ciudad de México). A tres años de una lucha legal que emprendió Angélica Juárez Pérez, quien fue víctima de anticoncepción no consentida y violencia obstétrica, finalmente recibió una disculpa pública por parte de autoridades de salud en Ciudad de México.
La mañana de este viernes, en el Hospital Rubén Leñero, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, se llevó a cabo una disculpa pública a puerta cerrada al que acudieron diversas autoridades, como el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Ciudad de México, Ernesto Alvarado; el subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos (Sedesa), Ricardo Arturo Barreira, y también representantes de la secretaría de las Mujeres de CDMX.
La disculpa forma parte del plan de reparación integral que dictaminó un juez como respuesta al amparo indirecto 971/2020 que interpuso Angélica y su defensa legal del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización feminista que trabaja temas de justicia reproductiva.
Y es que hace tres años el personal de salud del Hospital Emiliano Zapata, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, colocó a Angélica un dispositivo intrauterino (DIU) sin su consentimiento durante un parto. El efecto de esa decisión tuvo impactos negativos sobre su salud: cuando le colocaron el dispositivo, su útero estaba distendido por el nacimiento de su hija. Cuando volvió a su tamaño normal, el DIU se incrustó, lo que le provocó hemorragias. Además, fue víctima de violencia obstétrica por parte del cuerpo de enfermería cuando estuvo internada y en labor de parto.
Alejandra Rodríguez, abogada de reparaciones integrales de GIRE, señaló que este caso es paradigmático porque el juez reconoció que la anticoncepción no consentida es una forma de tortura contra las mujeres y tiene consecuencias graves en su salud física y psicológica.
El recuerdo amargo de la violencia obstétrica
Angélica recordó que la violencia obstétrica suele estar normalizada, por lo que es difícil distinguirla. En su caso compartió que las enfermeras del Hospital Emiliano Zapata se burlaron de ella por ser una mujer indígena, con estudios de licenciatura y por acudir a un sistema de salud público.
Con respecto a la colación del método anticonceptivo, recordó que las autoridades del hospital le hicieron firmar un documento de consentimiento durante la cesárea. Presentó preeclampsia y cuando estaba a punto de entrar a cirugía le dieron los papeles para firmar.
Esa fue la prueba que tomó el juez para determinar que se incumplió con un derecho fundamental en materia sexual y reproductiva: la información sobre planificación familiar debe ser dada de manera oportuna, clara e informada.
La colocación de métodos anticonceptivos de manera forzada se ha registrado desde hace años en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), hasta 2016, el 13.95% de las mujeres que sufrieron violencia obstétrica informaron que les colocaron algún método anticonceptivo o las operaron o esterilizaron de forma permanente sin su consentimiento.
Aún falta que se cumplan el resto de las medidas reparatorias en el caso de Angélica Juárez, que incluyen una indemnización económica, tratamiento psicológico, así como capacitaciones sobre sensibilización en derechos humanos con perspectiva intercultural dirigidas al personal del hospital Emiliano Zapata, pero que abarca también al personal de salud que forma parte de SEDESA.
Alzar la voz ante la violencia obstétrica
La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres que consiste en cualquier omisión o acción por parte del personal del sistema de salud que cause un daño físico o psicológico durante el embarazo, parto y puerperio.
Tiene diversas expresiones que van desde la falta de accesos a servicios de salud reproductiva, tratos crueles e inhumanos, hasta la negación de servicios o suministro injustificado de medicamentos.
Esa violencia suele estar normalizada y pasar inadvertida, pero se trata de un asunto de justicia reproductiva, tal como señala el informe “Justicia olvidada Violencia e impunidad en la salud reproductiva”, dado que tiene efectos diferenciados sobre ciertas poblaciones, principalmente en grupos indígenas, personas con discapacidad y personas con rezago social y económico.
