Bien sabemos que la extrema derecha criolla del Perú, enquistada en el Congreso, no reconoció jamás la victoria electoral del maestro Pedro Castillo en las elecciones del 2021. Le declaró la guerra a su gobierno desde el mismo 28 de julio de 2021, fecha de su posesión presidencial. Usaron todas sus armas, con la amplificación del coro mediático de la prensa mermelera, para acosar al “ignorante” profesor nacido en provincia y a sus ministros. Finalmente, en confusas circunstancias, el 7 de diciembre de 2022, Castillo fue vacado y encarcelado, y se abrió el gobierno “democrático” de Dina Boluarte.
Como todos los peruanos y peruanas lo hemos podido comprobar también, en los siete meses que han pasado desde entonces, el remedio fue peor que la pretendida enfermedad. Perú se ha convertido en uno de los países con más groseras violaciones de los Derechos Humanos no solo en América Latina, sino en el mundo, con un inocultable racismo y desprecio por la vida de sus ciudadanos más humildes. Las víctimas son 70 manifestantes muertos por disparos en las protestas ciudadanas y mil quinientos heridos de bala, sin investigación de los responsables ni medidas de sanción. Una investigación policial ha revelado incluso que el caso del policía de Puno supuestamente asesinado por los manifestantes, no fue más que una operación de imagen. Se trataba de un crimen común.
La intervención de la ONU
En este contexto, el abogado Eduardo Pachas, defensor de Pedro Castillo, ha informado el pasado miércoles 5 de abril de 2023, que el Comité de Expertos en Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, acaba de respaldar en segunda instancia las denuncias sobre las irregularidades legales y procedimentales cometidas en el proceso de vacancia.
Son de tal gravedad y profundidad que prácticamente anulan la vacancia. Anteriormente, el 6 de marzo de este año, la Misión Interamericana de Derechos Humanos, ya se había pronunciado en el mismo sentido, en primera instancia. En esa oportunidad, la Organización de Estados Americanos (OEA) se dirigió al Estado peruano para poner en su conocimiento que la Misión había constatado el no cumplimiento del antejuicio político establecido por la Constitución peruana. En otras palabras, que Pedro Castillo no había tenido derecho a la defensa. El doctor Eduardo Pachas adelantó que el Comité de Expertos de la ONU se está dirigiendo al gobierno peruano para exigir la reposición en el cargo y la inmediata libertad del presidente Pedro Castillo. Caso contrario, las Naciones Unidas podrán asumir una serie de sanciones y medidas de presión contra el Estado peruano, por la violación de los acuerdos internacionales al respecto. En otras palabras, la situación tendría que retrotraerse al contexto inmediatamente anterior.
De acuerdo con la Constitución peruana y el manual de procedimientos vigentes del Congreso, Pedro Castillo tendría que ser sometido a un proceso de vacancia legal, ejercer su derecho de defensa y podría ser sancionado solo si sus adversarios cuentan con el número de votos requerido.
Duro golpe a la dictadura
Esta decisión del Comité de Expertos de la ONU en Derechos Humanos llega en un momento clave, cuando la dictadura parecía superar las primeras oleadas de masiva protesta ciudadana, aunque a un altísimo costo, en verdad. Algunos de sus operadores comenzaban a hacerse ilusiones para quedarse hasta 2026 y controlar el país al viejo estilo de las dictaduras latinoamericanas de los 70. Porque un gobierno sin legitimidad, con un 78% de desaprobación, y con un parlamento repudiado por el 91 % de la población, según cifras de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), es insostenible, a pesar de cualquier brutalidad. La inestabilidad que provocan un gobierno espurio y un parlamento convertido en antro vergonzoso, causa daño al conjunto de la sociedad y al futuro del país. Los funcionarios de la dictadura, viviendo de zozobra en zozobra, incapaces de acercarse a un pueblo que los desprecia, no pueden garantizar un mínimo de gobernabilidad que permita afrontar tragedias como las recientes inundaciones, así como un funcionamiento eficaz y serio de las instituciones. No pueden ni soñar con lograr el respeto de la inmensa mayoría de peruanos pobres y explotados por el sistema.
Por Ricardo Gadea Acosta.
