23/01/2025 (Ciudad de México). Ocurrió el 8 de diciembre de 2024. Salieron de sus casas ubicadas cerca de la ciudad de Guayaquil a jugar un partido de fútbol y nunca volvieron. Sus nombres eran Steven, Josué, Ismael y Saúl. Fueron detenidos por una de las patrullas militares que recorren las calles ecuatorianas con armas en mano, autorizadas para apoyar en la seguridad ciudadana, según dicen los decretos presidenciales que fijaron hace un año el estado de excepción en varios lugares del país. Se trató de una militarización, que la derecha gobernante ha justificado, en todo momento, con el argumento de que hay que luchar contra el crimen organizado.
Desde el principio hubo críticas al gobierno, en sentido de que estas “luchas totales contra las mafias” sólo generalizan la violencia y no suelen alcanzar sus objetivos. También los organismos de defensa de los derechos humanos, han denunciado continuamente que el régimen de excepción permite la violación de los derechos de la ciudadanía, lo que se fue confirmando con numerosas denuncias de abusos de los militares contra personas inocentes. De esa forma la sociedad va cayendo en el autoritarismo, como resultado de intentar luchar contra el crimen organizado cometiendo delitos desde el Estado.
Todas esas advertencias ahora cobran fuerza, por el espantoso caso de los denominados “cuatro de Guayaquil”.
Volviendo a ese 8 de diciembre, luego de ser capturados los cuatro en vía pública y de ser obligados a subir a dos vehículos militares, no se les volvió a ver con vida. Su desaparición, denunciada por las familias, motivó el inicio de algunas pesquisas fiscales, que parecían no avanzar por la negativa de los mandos militares a dar información certera. Primeras versiones de los mandos castrenses aseguraban que “dichas personas fueron dejadas en libertad”.
Estaba claro que los comunicados militares trataban de ocultar que “dichas personas” eran menores de edad, como las entidades de defensa de los derechos humanos dieron a conocer con fines de búsqueda: se trataba de un niño de 11 años, Steven Medina, y de tres adolescentes, Josué Arroyo, de 14 años, y Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, de 15 años. A dos semanas de su detención, aparecieron imágenes de cámaras de seguridad que muestran el momento exacto en que dos de esos cuatro menores, son puestos boca abajo en una de las camionetas por militares, observándose claramente que uno de los adolescentes recibe un golpe de puño en la cabeza.
Pese a que ya para entonces parecía confirmarse que se trató de una detención por militares seguida de desaparición forzada, el ministro de defensa, Giar Carlo Loffredo, se esmeraba por adjudicar la pérdida de los menores a “las mafias delincuenciales”.
Esa última semana de diciembre, en las calles de Guayaquil, frente a las oficinas de la Fiscalía Provincial del Guayas, decenas de familiares y amigos, clamaban por la aparición con vida de los jóvenes al grito de “Entréguenlos vivos. Son futbolistas, no terroristas”.
Hasta que el 31 de diciembre fueron encontrados cuatro cadáveres calcinados en una zona pantanosa de Taura, cerca de una base militar. Luego de los análisis forenses, la Fiscalía determinó que se trataba de los restos de los desaparecidos, determinando también que habían sido torturados. Ordenó la Fiscalía la detención con fines investigativos de 16 efectivos militares que participaron en el patrullaje.
De inmediato la Asamblea Nacional aprobó una ley declarando tres días de duelo nacional. El caso, un crimen de lesa humanidad cometido dentro de un estado de suspensión de garantías constitucionales, llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tomó conocimiento y que ayer, emitió un comunicado condenando el asesinato, desaparición e incineración de los cuerpos de los cuatro menores de edad. Afirma la CIDH que “El Estado debe investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar”.
El presidente Daniel Noboa, en un reciente debate electoral previo a la votación del 9 de febrero, se abstuvo de pedir disculpas a las familias del niño y los tres adolescentes asesinados.
