El Tribunal Electoral, encabezado por Mónica Soto Fregoso, magistrada presidenta, subrayó la importancia de mantener la continuidad en los procesos electorales y enfatizó que el TEPJF es la única autoridad facultada para emitir decisiones respecto a la elección judicial del próximo 1 de junio.
23/01/2025 (Ciudad de México). Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial (CEPJ) reanudar, en un plazo máximo de 24 horas, el proceso de selección de candidatos que serán postulados para la elección de jueces, magistrados y ministros el próximo 1 de junio. Esta decisión se produce tras la suspensión del proceso el pasado 7 de enero, derivada de una orden de amparo emitida por un juez de distrito en Michoacán.
El Tribunal Electoral, encabezado por Mónica Soto Fregoso, magistrada presidenta, subrayó la importancia de mantener la continuidad en los procesos electorales. Soto Fregoso enfatizó que el TEPJF es la única autoridad facultada para emitir decisiones respecto a la elección judicial, y reiteró que “escapa totalmente de las atribuciones de los jueces de amparo pretender desconocer, cuestionar o interpretar los alcances y efectos de resoluciones definitivas e inatacables emitidas por esta Sala Superior”.
Por la suspensión emitida por parte de los integrantes del CEPJ, la magistrada presidenta sostuvo que su comportamiento debe sujetarse a las reglas y principios que atañen a la materia electoral. Además, señaló que retrasar los procesos de la elección podría provocar un perjuicio para la ciudadanía de votar y ser votados. Los tres comités de selección tienen hasta el 31 de enero para determinar la idoneidad de los postulantes luego de una serie de entrevistas y hasta el 4 de febrero para depurar las listas mediante insaculación pública. Posteriormente deberán entregar una lista definitiva al Senado para que ésta, a su vez, la entregue al Instituto Nacimiento Electoral (INE).
Suspensión ilegal avanza hacia la Fiscalía
El magistrado del Tribunal Electoral Felipe Fuentes Barrera, quien votó a favor del proyecto de resolución, argumentó que el proceso electoral para la elección de personas juzgadoras no puede ser suspendido por un juez de distrito ni por cualquier otra autoridad, independientemente de los intereses políticos o personales involucrados. Fuentes Barrera insistió en que la reforma judicial vigente establece de manera clara que la elección de personas juzgadoras debe realizarse mediante el voto popular.
Por este comportamiento, la resolución del TEPJF también contempla dar vista al Consejo de la Judicatura Federal para que, en su calidad de órgano disciplinario, determine lo que conforme a derecho corresponda respecto a la actuación del juez que ordenó la suspensión. Además, se instruyó presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra del mencionado juez, al considerar que su actuación podría ser ilícita y entorpecer maliciosamente la administración de justicia.
Por el contrario, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón aseveró que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien define cuál es la autoridad que debería conocer sobre estos juicios. La postura de Mondragón ha sido muy cuestionada sobre su independencia, ya que a finales de 2023 se reveló que Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte, operó de manera infructuosa para mantenerlo como presidente del Tribunal Electoral. Por su parte, la ministra Piña ha sido señalada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, de intentar frenar la elección judicial.
La elección judicial avanza
Por su parte, la presidenta Sheinbaum celebró la decisión del Tribunal Eletoral, subrayando que sólo una reforma constitucional podría modificar los tiempos ya establecidos para la elección de jueces, magistrados y ministros. En este sentido, destacó la importancia de mantener el calendario electoral para garantizar la implementación de la reforma judicial y fortalecer la democracia en el país.
La elección programada para el 1 de junio forma parte de una reforma judicial histórica que busca, entre otros objetivos, erradicar la corrupción en el sistema judicial mexicano. Ésta será la primera ocasión en que jueces, magistrados y ministros serán elegidos por voto popular, un cambio trascendental en la forma en que se designan estos cargos, anteriormente elegidos por la élite judicial.
