15/01/2025 (Ciudad de México). Bolivia, el país ubicado en el centro de Sudamérica, que se convirtió hace una década en un ejemplo de crecimiento económico con redistribución de la riqueza, hoy atraviesa por grandes dificultades.
La clave del desempeño boliviano radicó en su Modelo Económico Social Comunitario, instaurado a mediados del año 2006 luego de la nacionalización del excedente económico generado por la explotación y exportación de Hidrocarburos, que efectuó Evo Morales. El impacto de esa nacionalización fue inmediato: subieron enormemente los ingresos para el Estado, lo que redundó en mayor inversión pública, tanto productiva como social, a través de programas estatales que favorecieron a sectores sociales vulnerables y permitieron sacar a millones de personas de la pobreza, tanto extrema como moderada.
Al ser la exportación de hidrocarburos (fundamentalmente el gas natural) la más importante en la composición de exportaciones bolivianas, y teniendo el Estado el control de esa exportación a través de la empresa pública nacionalizada, lógicamente recibía la mayor parte de las divisas (pago en dólares de las exportaciones). Pero eso comenzó a cambiar hace cinco años, cuando Argentina (que junto a Brasil eran los compradores del gas boliviano) anunció que dejaría de adquirir gas de Bolivia, pues ya producía en su propio campo gasífero de “Vaca Muerta”.
Esa caída en las exportaciones tenía que ser sustituida con la producción de Litio, un metal alcalino de enorme potencial electroquímico, que le ha convertido en la materia prima fundamental para la transición energética mundial de los combustibles fósiles a energías más limpias. Bolivia cuenta con la reserva de Litio más grande del mundo, ubicada en el Salar de Uyuni, pero no basta con nacionalizar los yacimientos pues hay que generar valor económico y eso sólo se podía conseguir avanzando en la industrialización del Litio. Y es en esto que el presidente Luis Arce no ha logrado resultados, desde que asumió el gobierno en noviembre de 2020.
Por estas razones se ha deteriorado la economía de Bolivia. Al caer las exportaciones gasíferas, la inversión pública productiva también se redujo, así como las fuentes de financiamiento de los programas sociales. Uno de esos programas -la subvención de la gasolina y el diesel- es particularmente costoso para el Estado, pues Bolivia es un país gasífero sin muchas reservas petroleras, por lo que tiene que importar a precios cada vez más elevados los derivados del petróleo.
Como consecuencia, el control de las divisas (dólares) comenzó a pasar a manos de los exportadores agrícolas y mineros privados que, en vez de depositarlos en los bancos bolivianos, optan por sacarlos del país. Así se explica la escasez de dólares y las restricciones bancarias, que el pueblo denomina “corralito”.
Inflación y carestía de productos de la canasta básica familiar -particularmente el arroz, el azúcar, el aceite, las verduras y la carne. Devaluación de facto de la moneda boliviana por la especulación con los dólares. Desabastecimiento de gasolina y diesel, que ocasiona el incremento de las tarifas del transporte público. Todo esto tiene consecuencias sociales y políticas, en un panorama muy complejo que no puede ser explicado sólo con la muletilla de que hay una “lucha de liderazgos” entre el presidente Luis Arce y el ex presidente Evo Morales.
Desde la anterior semana se han reactivado las protestas sociales, de sectores campesinos y urbano populares. El anterior ciclo de protestas fue en septiembre-octubre del año pasado, y se saldó con la represión policial y militar que las terminó sofocando.
Ahora el gobierno pretende repetir la fórmula, pero esta vez parece tener el efecto contrario, vale decir, agudiza la oposición social. Ayer, la represión gubernamental a las masivas marchas realizadas en La Paz, sede de gobierno, y Cochabamba, la tercera ciudad más poblada del país, dejaron un saldo de diez personas heridas por impacto de balines y gases lacrimógenos y un número indeterminado de detenciones ilegales. Hoy se han sumado a las protestas, una huelga de los panificadores, que ha dejado sin ese producto esencial las tiendas de expendio de las ciudades del occidente del país.
Las demandas de los movilizados son: urgentes medidas contra el encarecimiento del costo de vida y respeto al derecho constitucional a la protesta. Aunque Evo Morales no participa en estas protestas, el gobierno de Luis Arce sigue tratando de descalificar las movilizaciones atribuyéndolas al intento de frenar juicios contra el ex presidente.
