El próximo domingo, 25 de junio, Guatemala celebrará unas elecciones generales marcadas por la polémica. Diversos sectores del país han denunciado lo que consideran decisiones arbitrarias por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), invalidando candidaturas incómodas para el sistema y acusándolo de dejar sólo las que puedan dar continuidad al actual modelo con deriva autoritaria, dirigido por el presidente conservador Alejandro Giammattei.
En total son 23 aspirantes a la presidencia, aunque la terna de candidatos con posibilidades reales se reduce a tres, todos representantes de la derecha guatemalteca: Sandra Torres, ex primera dama de Guatemala; Edmond Mulet, ex funcionario de la ONU, y Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt.
El próximo 25 de junio, 9.3 millones de personas inscritas en el padrón electoral serán llamados a las urnas en un contexto que vaticina, en la práctica, pocas opciones reales para los guatemaltecos.
Si un candidato no alcanza el 50%+1 de los sufragios deberá celebrarse una segunda vuelta, programada para el próximo 20 de agosto. Además de presidente, en estos comicios también se elegirán a 160 diputados al Congreso, 340 alcaldes y 20 diputados del Parlamento Centroamericano.
Opciones presidenciales: derecha, derecha y más derecha
Son 23 los candidatos que contienden a las elecciones presidenciales, pero según los resultados de las últimas encuestas son tres los favoritos para ganar los comicios: Sandra Torres, Edmond Mulet y Zury Ríos.
1.-) Sandra Julieta Torres Casanova, candidata de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Es la tercera vez que contiende a la presidencia, antes lo hizo en 2015 y 2019. Fue primera dama de Guatemala durante la presidencia de su ex esposo Álvaro Colom.
Ahora se lanza en dupla con el pastor evangélico Romeo Guerra Lemus. El lema de su campaña ha sido “Orden y Transformación” y en sus mensajes en redes sociales ha manifestado sus controvertidas opiniones en diversos temas, como en el caso del matrimonio igualitario, sobre el que afirma que “respeta, pero no lo comparte, ya que en la Biblia dice Adán y Eva, y no Adán y Esteban”.
Investigaciones periodísticas locales señalan el fuerte apoyo a Torres por parte de influyentes pastores evangélicos, y denuncian que varios operadores políticos de su candidatura son investigados por su cercanía al crimen organizado. Todos ellos, antiguos rivales del Partido Patriota (partido de tendencia conservadora con apoyo militar y empresarial).
2.-) Edmond Mulet busca por segunda ocasión la presidencia de Guatemala. Antes fue con el Partido Humanista y ahora con el Partido Cabal. Lo acompaña en la boleta Max Santa Cruz Anchissi, exfuncionario del gobierno de Óscar Berger.
En 2019, Edmond Mulet quedó en tercer lugar, obteniendo el 11.21% de los votos totales y seis diputados. Su apoyo en el congreso a la bancada del presidente Alejandro Giammattei fue clave para la aprobación de reformas al Presupuesto General de la Nación y a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales. Ahora, son muchas las voces que acusan a Mulet de haber conformado una alianza con el presidente Alejandro Giammattei, con el objetivo de asegurar su victoria en los próximos comicios. Sin embargo, el exfuncionario de la ONU insiste en que no tiene relación con el gobierno actual.
3.-) Zury Mayte Ríos Sosa es la tercera candidata que lidera las encuestas de intención de voto, y al igual que sus rivales directos, no es ajena a escándalos. Pese a que la constitución de Guatemala establece que los familiares de quienes han sido mandatarios por medio de un golpe de Estado no pueden participar en comicios presidenciales, a Ríos poco le ha importado esta prohibición y ha sabido, con apoyo de destacados miembros del poder judicial, hallar la manera para evadir la ley e impulsar su candidatura en varias citas electorales. Ésta será la cuarta vez que busque la presidencia, en esta ocasión con el partido Valor-Unionista, acompañada del candidato Héctor Cifuentes.
Su padre, el dictador Efraín Ríos Montt, gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, y fue sentenciado a 80 años de prisión por su responsabilidad en el genocidio contra el pueblo maya y por numerosos crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno.
En el año 2010 fue proclamada precandidata por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), pero declinó por problemas económicos en su partido y campaña.
En 2015 se unió al partido Visión con Valores (Viva), quedando en quinto lugar en los comicios presidenciales. Fue la primera vez que logró evadir la aplicación del artículo 186 de la constitución guatemalteca sobre la imposibilidad de participación electoral para familiares de dictadores.
En el 2019 volvió a postularse, sin embargo, en esta ocasión la Corte de Constitucionalidad logró bloquear su registro.
En la actual contienda, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral no consideró que la prohibición constitucional fuera aplicable, y rechazó los tres recursos de nulidad contra la candidata.
Sus propuestas de plan de gobierno no escapan a la polémica que rodea a la figura de Ríos. Por ejemplo, su plan de seguridad toma como modelo la controvertida estrategia del presidente Nayib Bukele en El Salvador, basada en el estado de excepción de las garantías constitucionales que tan duramente ha sido criticado por la sistemática violación de los derechos humanos de la ciudadanía.
En contraste, Ríos ha criticado duramente al presidente vecino del norte, Andrés Manuel López Obrador. Calificó como “intervencionista e incongruente” la solicitud del mandatario mexicano de indulto para César Montes, ex combatiente y uno de los fundadores de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), en la década de los sesenta. Fue detenido por la Interpol en el año 2020, y acusado a más de 100 años por el presunto homicidio de tres soldados.
Ríos se define como una política “republicana y tradicional”, defensora de la propiedad privada y de la inversión extranjera sobre sectores estratégicos y contraria al derecho al aborto.
¿Quiénes quedaron fuera?
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó fuera a tres contendientes que, hasta hace poco, eran los favoritos en las encuestas.. Entre ellos, el caso más destacado fue el de la líder indígena maya Thelma Cabrera, candidata del Movimiento de Liberación de los Pueblos, partido de izquierda y antisistema.
La autoridad electoral argumentó en su decisión que Jordan Rodas, ex procurador de Derechos Humanos y compañero de boleta de Cabrera, tiene una investigación pendiente por falta administrativa durante su gestión pública.
Cabrera, defensora de derechos humanos, participó en 2019 en la contienda presidencial y obtuvo el 10% de los votos en la primera vuelta. No obstante, no fue suficiente para pasar al balotaje. En esta ocasión, sin embargo, las encuestas la señalaban como favorita, en especial dentro de la población indígena. Según el último censo realizado, el 41.7 % de los guatemaltecos se consideran maya, y 56 % ladinos (mestizos). Organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron la decisión del TSE y exigieron garantizar elecciones libres y justas en Guatemala.
Otro de los que quedaron fuera fue Roberto Arzú García Granados, hijo del expresidente conservador Alvaro Arzú, del partido Podemos. También se postuló como candidato presidencial en 2019. El Frente de Convergencia Nacional, partido de derecha, acusó a Granados de incurrir en “campaña anticipada”. El órgano electoral revocó su candidatura y argumentó que su partido tenía una multa de 50 mil dólares pendiente.
El tercer presidenciable eliminado de la contienda es Carlos Pineda, del partido Prosperidad Ciudadana y favorito según las encuestas. La razón, presuntas irregularidades en el desarrollo de asambleas del partido.
Ante esta situación, son muchas las voces que denuncian la fabricación de un “fraude sistémico”, a partir de la exclusión de varios binomios y la aplicación de criterios diferenciados por parte de las autoridades electorales, que favorecen o excluyen a ciertos candidatos.
Veremos si el próximo 25 de julio los guatemaltecos avalan esta elección “restringida” o, por el contrario, seremos testigos de nuevas movilizaciones ciudadanas como las vividas en 2015, que llevaron a miles de personas a las calles hartas de un sistema político marcado por la corrupción e impunidad.
