21/11/2024 (Ciudad de México). En un esfuerzo por abordar la creciente crisis hídrica que enfrenta el país, el Gobierno federal de México presentó este jueves 21 de noviembre el Plan Nacional Hídrico, el cual busca garantizar el acceso al agua potable y la gestión sostenible de los recursos hídricos a lo largo de todo el territorio nacional mediante un cambio de paradigma con lo que “el agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Dentro del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, el Ejecutivo firmará el Acuerdo Nacional por el Desarrollo Humano al Agua y la Sustentabilidad el próximo lunes 25 de noviembre, con el que concesionarios agrícolas e industriales se comprometen a regresar el agua no utilizada y a invertir en el tratamiento y reciclaje de la misma. Con esta medida, el Estado recuperaría 2 mil 500 millones de metros cúbicos del vital líquido, el equivalente al abasto necesario para la Ciudad de México durante dos años y medio.
En cuanto a las acciones directas hechas por el Gobierno federal el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, anunció la tecnificación de 200 mil hectáreas de riego, lo que permitirá aumentar la productividad agrícola en un 51%. Para esto se contempla que la inversión provenga tanto de la federación, como por los estados “y otra parte directamente por los usuarios”, precisó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Además, el plan proyecta realizar 16 obras de infraestructura a lo largo del territorio nacional, mismas que consistirán en presas, acueductos, un acuiférico y dos planes integrales, uno para Acapulco y otro para la Zona Metropolitana del Valle de México. A la par, se trabajará en la restauración y saneamiento de tres de los ríos más contaminados del país: el río Lerma Santiago, el río Atoyac y el río Tula.
Ejes rectores del plan hídrico nacional
Para consolidar este plan, precisó el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, se tienen cuatro ejes rectores. El primero consistirá en implementar medidas para reducir el impacto ambiental y adaptarse al cambio climático; el segundo es establecer una gestión integral y transparente del agua, con la participación de los tres niveles de gobierno y la colaboración con el sector privado; el tercero, promover la justicia social y el acceso equitativo al agua, asegurando que todas las comunidades tengan acceso a este recurso vital. Finalmente, el cuatro eje consistirá en fortalecer la soberanía nacional sobre el agua, ordenando las concesiones otorgadas a particulares y devolviendo el agua no utilizada a la nación.
Por este último eje, la presidenta Sheinbaum destacó que se ordenarán las más de 360 mil concesiones. Estas concesiones fueron el principal motor de la privatización del agua en México. De acuerdo a cifras oficiales, más del 70% de las concesiones de agua están en manos de empresas privadas nacionales y extranjeras, entre las que se encuentran bancos, empresas agrícolas y cadenas del sector agroalimentario. Entre estas ultiman figuran Coca-Cola Company, Pepsi, Danone, Nestlé, Jumex, Bimbo y Kellogs.
Las reformas para privatizar el agua
Este acaparamiento fue posible por la reforma constitucional al Artículo 27 realizada durante el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Tras este cambio, se crearon tres nuevas legislaciones que afectaron directamente el derecho de las personas al agua bajo el pretexto de aprovechar mejor este recurso y distribuirlo de una mejor manera. Fue así que se creó la Ley de Aguas Nacionales que permitió el otorgamiento de concesiones a la iniciativa privada, considerando al agua como recurso con valor económico, dando preferencia al uso mercantil y dejando en segundo plano el uso humano y agrario.
Otra de las reformas a la Constitución que se realizó en contra del derecho humano al agua fue hecha en 1992 promovida por el expresidente priista y consistió en dar oportunidad a las empresas mineras para adquirir tierras para desarrollar sus actividades, así como acceder al agua y a los recursos naturales en determinadas poblaciones, modificando las actividades productivas de la zona a fin de impulsar sus actividades extractivistas.
Frente a este marco constitucional heredado, en febrero de este año el entonces presidente López Obrador envió una iniciativa de reforma al Congreso para garantizar que ya no se otorguen concesiones en “zonas con baja disponibilidad de agua en cantidad y calidad, y solo se autorizarán asignaciones destinadas a centros de población para garantizar el consumo personal y uso doméstico”.
Junto al Plan Nacional Hídrico, esta reforma consolidará el derecho humano al agua de toda la población. Actualmente, ya fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la pasada legislatura, por lo que se espera que próximamente sea turnada al pleno para su discusión y votación.
