Ricardo Balderas
(16 de agosto, 2024).- “Soy realista y quiero dejar un precedente”, respondió la priista Montserrat Alicia Arcos Velázquez al cuestionar el motivo de la vía que tomó para denunciar al presidente de su partido por delitos que corresponden al mal ejercicio de 23 millones de pesos del PRI.
Así, reconociendo que no tendría oportunidades de ganar un litigio de corte penal en contra del actual presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, la extitular del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Monserrat Arcos Velázquez, inició una batalla legal en contra de su superior en la que, asegura, “no tengo nada que temer en mi actuar”.
La demanda
La demanda en cuestión fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en un juzgado de lo civil y por el presunto acto de “daño moral” con el número de expediente 412.
En el expediente adjunto, donde se describen los actos reclamados, la aun militante priista señala ante las autoridades que Alejandro Moreno, representante del PRI nacional, incurrió en conductas ilícitas que a la demandante le generaron un daño patrimonial. Asimismo, señala como corresponsable a Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo quien fue el tesorero (Secretario de Finanzas) del partido.
Las causales de dicha demanda son varias. La primer condición narrada en la demanda fue la de la falta de herramientas administrativas para otorgar los nombramientos, es decir, jamás se le entregó algún documento que la reconociera como titular de dicho instituto, el ONMPRI. Del mismo modo operaron a nivel estatal, debido a que facilitaría el control de todas delegaciones en caso de que las mujeres adscritas a dicha institución no respondieran a los intereses de Alejandro Moreno, se cita en el documento como “incertidumbre legal”.
La demandante, Monserrat Arcos, señala que a partir del 2018, ya siendo titular del ONMPRI, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo le pidió parte del dinero (en total suman el 3% de las prerrogativas que el INE destina a cada partido) de la institución para gastos que no correspondían a las labores realizadas, motivo por el cual presentó una queja con el anterior Secretario de Finanzas Tirso Rodríguez, sin obtener respuesta.
El mismo hecho, pero con diferente actor, se repite en 2020 cuando Vladimir de la Torre Morin, coordinador de Asesores del PRI, le vuelve a solicitar ejercer el dinero público de manera ilícita, en está ocasión se requería para aumentar la posibilidad de contratar publicidad y pagar unos cursos de capacitación que no estaban relacionados con la agenda de las mujeres priistas, según se cita en el documento.
Al presentar tantas negativas para ejercer el dinero que era para las mujeres priistas en causas que no estaban relacionadas con la labor del instituto, la exdiputada expone que fue objetivo de diversos tipos de acoso. Por ejemplo, que su trabajo fuera eliminado de los sitios oficiales del partido tricolor.
“A partir de entonces, a través de un mecanismo interno empezó hacia mi persona un acoso psicológico, presión e intimidación de parte de integrantes del CEN, en la que por medio de los colaboradores del presidente Alejandro Moreno Cárdenas, insistía en que se destinara el recurso que se me entregaba para acciones que estaban encomendadas”, cita el documento en manos de este medio de comunicación.
Al cuestionar a la exdiputada sobre el motivo por el cual decidió presentar una demanda de corte civil para hacer frente a presuntos delitos que son, evidentemente, de corte penal, respondió: “Lamentablemente en nuestro país la procuración y la impartición de justicia, cuando se trata de una personalidad política como el caso del acreditado, del corrupto de Alejandro Moreno Cárdenas, avanza muy lento.”
La demanda fue aceptada el pasado 3 de mayo del 2024 frente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Finalmente, en ese mismo documento de demanda, la priista solicita a los jueces una indemnización por 50 millones de pesos en contra de Alejandro Moreno por reparación del daño ocasionado, y otros 50 millones más a Hugo Gutiérrez bajo las mismas causales.
Finalmente, como parte de la misma compensación que solicita la priista, redacta la necesidad del pago por asistencia psicológica, una disculpa pública y el pago por otros 96 millones de pesos en corresponsabilidad de ambos implicados por presuntos daños a su proyecto de vida.
Además de dinero, les pedían desnudarse para entrar a reuniones secretas
Los problemas no pararon al invisibilizar el trabajo de la priista. En entrevista exclusiva para De Raíz narra además cómo algunos trabajadores del PRI les solicitaban a ella y algunas de sus trabajadoras que se quitaran la ropa para revisar que no tuvieran herramientas para grabar las reuniones. Este reportero verificó que en las grabaciones presentadas ante el juez efectivamente se hiciera mención de esto y así fue.
En el apartado del expediente donde la defensa de la demandante presentó elementos que pudieran probar los dichos por Monserrat Arcos se encuentran dos videos. Uno es relativo a su denuncia presentada ante el Consejo Político Nacional efectuada el 5 de octubre del año pasado y otro video donde se puede ver claramente que entran a las oficinas del ONMPRI, de noche y sin ninguna autoridad para realizar un cateo legal. Es decir, entraron por la fuerza.
En el mismo expediente se anexan dos archivos de audio con sus respectivas versiones estenográficas (transcripciones) realizadas por la autoridad judicial. En esos archivos se narran reuniones ocurridas el día 11 de enero del 2023 y 30 de junio del mismo año. En el primer registro, correspondiente al mes de enero, claramente se muestra la intervención de personal de la contraloría del PRI identificada como “Brenda” y Tirso Agustín Rodríguez, el Contralor General del PRI, le solicitan que voluntariamente se someta a una revisión “Pues las compañeras para que les hagas un, pues a ver si no traen algo”, cita el audio y se corrobora con la transcripción. Al hecho, la exdiputada añade que fue víctima de una solicitud para desnudarse frente a sus compañeras de trabajo en el baño de las instalaciones donde no encontraron salvo unas llaves.
En la segunda grabación (la ocurrida en junio) se puede apreciar cómo Hugo Eduardo Gutiérrez Arrollo, Secretario de Finanzas del PRI, y Marco Antonio Gómez Alcantar le presentan a Monserrat Arcos una propuesta de gasto irregular para contratar servicios de talleres a cambio de que la empresa les retornara el 50% del recurso.
—Marco Eduardo—
Entonces este es un esquema, nada más, para entender la lógica de como Secretario de Finanzas del CEN cumplir con las dos partes. Con lo que nos encargaron a ti y a mí, y con lo que te toca a ti en tu responsabilidad como dirigente de las mujeres. Tenemos que cubrir la parte política y también la parte fiscal que no nos vayan a chingar, ósea, son todos los tres frentes.
Esto es al final la propuesta que te dije de amiga, escúchalo, convéncete. Si no te convences, tomas la decisión que tú quieras, pero es con bajo, velo con esos ojos. Queremos resolver el tema de mujeres, resolver el frente, el frente con el amigo y resolver el tema fiscal. Esto es una propuesta. Ahorita que ya hable Marco, quiero entender sobre el tema de costos, tiempos… Porque están diciendo, están diciendo nada más tres. No porque debe tener un sentido de solo tres cursos, en mi opinión yo diría bueno, hagamos cuatro ¿no? Pero igual y no da tiempo porque son 6 meses, ósea son muchas cosas, pero bueno, en general es el comentario, así que tú dices.
—Marco Antonio—
No bueno, a ver que hay que partir que este proceso es un proceso que ya ha sido auditado varias veces desde el 2018. Y los precios son precios de mercado. ¿Por qué son precios de mercado? Porque estos van a coincidir con otros temas. Y estos precios y esta estructura nos permite a nosotros que prácticamente el 50%. Entonces prácticamente nosotros se puede regresar o se puede obtener de regreso el 50% del total de los cursos. Este, y eso, es lo que a nosotros nos da tranquilidad, porque tanto el proceso contenido, costos de mercado para evitar subvaluaciones, pues ya es un costo entendido, ¿no?
Ahora este, me queda claro que esto es un tema extraordinario, ¿no? Pero lo pusimos en la mesa para resolver la situación y la forma en que se puede resolver, es que, si se paga el 50%, el 50% están de regreso en 3 o 4 días. Entonces, este digo, por eso nos atrevimos a ponerlo. Funciona, no quiero yo meter a nadie, ni me gustaría a mí meterme en problemas
Finalmente, la exlegisladora explica para De Raíz que con estos procedimiento ella sólo busca que no vuelva a ocurrir con nadie. En total, la disputa es por la desaparición de 23 millones de pesos y hasta el momento no existen comunicados de otros integrantes del PRI sobre el caso: “Porque quiero dejar un precedente fue de corte civil porque me afectaron y afectaron mi trayectoria política me ocasionaron un daño moral por la manera en que me trataron. Que nadie viva lo que yo vivo”, asegura Monserrat Arcos (sic).
De Raíz tuvo acceso exclusivo a gran parte del proceso judicial donde entre otros documentos se anexaron videos, audios, demandas y facturas que acreditan parte de lo narrado por las fuentes. Asimismo se intentó contactar a Alejandro Moreno para que respondiera a las acusaciones aquí presentadas, sin embargo, hasta el momento del cierre de esta edición no recibimos respuesta.
