25/06/2024 (Ciudad de México). El Centro de Justicia Penal Federal de Nuevo León pospone sistemáticamente las audiencias debidas en juicios por defraudación fiscal, así lo afirmó el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional.
En suma, el monto en litigio dentro de los siete juicios abiertos asciende a 3 mil 228 millones de pesos. De acuerdo al Rodríguez Bucio, en este Centro de Justicia el personal abiertamente actúa en contra de la impartición de justicia, pues, a diferencia de otros centros de justicia con similares cargas de trabajo, en éste las audiencias han sido diferidas hasta en cuatro ocasiones o postergadas hasta por un año.
Con este tipo de acciones se viola “el derecho a una justicia expedita como lo garantiza la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales”, afirmó el funcionario.
Entre los argumentos vertidos por el órgano de justicia se encuentran una carga excesiva en la carga de trabajo, licencias solicitadas por los jueces, ajustes en las agendas de los juzgados, situación que no se repite para otros casos dentro del mismo centro de justicia, por lo que el subsecretario declaró que no se evidencian justificaciones razonables para la dilación en el proceso judicial.
Otros casos de protección a evasores fiscales
El caso recientemente revelado se suma a la lista de jueces que benefician a presuntos delincuentes, muchos de los cuales han sido exhibidos durante la conferencia matutina, ya sea por casos en lo que se modifica su medida cautelar para dejarlos en libertad, negando su vinculación a proceso, o bien, evadiendo el análisis de sus casos para no emitir resolución alguna.
Entre estos, el caso más famoso corresponde al dueño de Grupo Elektra y TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, quien recibió protección del ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar. De acuerdo al ministro, el caso del evasor fiscal merecía ser atraído por este órgano supremo de justicia, sin embargo, el togado no procedió al análisis del mismo, sino que lo archivó por más de diez meses, dilatando así la impartición de justicia en favor de Salinas Pliego.
Combate a la evasión fiscal beneficia al erario público
La observación de estos casos en los que se señala una presunta colusión entre juzgadores y evasores ha resultado de gran importancia para la actual administración. Esto no sólo ha permitido que dichos litigios retomen su curso legal, sino que también ha evidenciado una práctica común de sexenios anteriores.
Con esto también se ha resaltado la importancia en el cabal cobro de impuestos a todos los contribuyentes, en especial a aquellos considerados grandes contribuyentes, pues esto ha repercutido en una mayor recaudación fiscal que se traduce en mayores recursos para que el Estado esté en mejores condiciones para cumplir con sus responsabilidad.
Tan sólo en lo que va del año, y con corte a Mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 359 mil 25 millones de pesos, lo que representa 261 mil 563 millones de pesos más que en el mismo periodo del año pasado. En lo que va del sexenio, con el combate a la evasión fiscal y la prohibición constitucional para la condonación de impuestos, la recaudación ha tenido un incremento sostenido.
Entre los grupos empresariales que se han visto obligadas a pagar sus impuestos se encuentran Walmart, BBVA México, Grupo Modelo, IBM, FEMSA y América Móvil, entre otras. Entre las irregularidades detectadas por esta administración, se encuentra la falta de pago de impuestos debidos por parte de Walmart tras la venta de la cadena de restaurantes Vips al Grupo Alsea. En este caso el montó ascendía a 8 mil millones de pesos y fueron cobrados en 2020. Otro caso de gran relevancia fue el de FEMSA, compañía que embotella los refrescos Coca-Cola, quien pagó al SAT 8 mil millones 790 millones de pesos debidos al fisco mexicano.
