En México, de acuerdo con datos de INEGI, hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, es decir, el 4.9% de la población total del país. En este proceso electoral 2024 la inclusión de estas poblaciones es un reto no sólo para garantizar su participación sino también para un proyecto de nación incluyente que reconozca su acceso a derechos básicos como la educación y el trabajo.
16/05/2024 (Ciudad de México). Se acerca el próximo y último debate presidencial rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio. En esta ocasión, uno de los temas que sobresale es de la inclusión de la población con discapacidad en los proyectos de nación.
Hay que recordar que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, fue criticado por la comunidad sorda debido a que en el primer debate del domingo del 7 de abril, el emecista dijo “para este capítulo es importante presentarme con lenguaje de señas para todas las personas y voy a transmitirles lo que me enseñaron”.
Luego prosiguió en Lengua de Señas Mexicana (LSM): “Hola, soy Máynez, vamos juntos por un México nuevo”. El hecho, sin embargo, generó críticas de la Coalición de Personas Sordas (CoPeSoR) dado que referirse como lenguaje de señas a la lengua de señas mexicana es considerado discriminatorio.
Pero el tema no es nimiedad. De acuerdo con Susana Gómez Hernández, integrante de CoPeSoR, el reto para construir una nación inclusiva radica también en garantizarles a estas poblaciones con discapacidad acceso a derechos fundamentales, así como garantizar que participen en las elecciones. “El gran reto es que todavía tenemos pendiente que se comprenda exactamente lo que se postula en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, explicó la activista a De Raíz, y dijo que en este instrumento se considera la generación de espacios y condiciones inclusivas de las personas con discapacidad. Antes se consideraba que “si las personas con discapacidad estaban excluidas era por la propia condición de ellas y no porque la sociedad y el entorno los excluía. La Convención, al contrario, plantea esta idea radical de que lo que hay que cambiar son esos entornos y estas actitudes frente a la discapacidad”.
Algunos cambios pero hay enormes retos
La activista señaló que han existido cambios que se han dado de manera paulatina como el programa de becas o Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. “Es un muy buen programa que todavía se puede revisar y se podría mejorar”, aunque dijo que falta apostar por acceso a la salud, educación, trabajo y justicia.
En México de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI, hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, es decir, el 4.9% de la población total del país. En el actual proceso electoral, 4 mil 954 personas con discapacidad están registradas a nivel nacional para votar de forma anticipada en las elecciones, un mecanismo creado para atender a esta población a la que se les dificultará asistir de manera presencial a las elecciones del 2 de junio.
Gómez Hernández criticó que en los debates presidenciales las poblaciones con discapacidad no han sido consideradas de manera profunda, para proyectar un plan inclusivo a nivel federal. Con respecto a las propuestas locales señaló que el escenario se ha construido distinto, por ejemplo, en Ciudad de México: “Clara Brugada presentó al menos 20 propuestas y se reunió con algunas organizaciones […] nos invitó a darle propuestas y los pendientes. En el caso de Santiago Taboada se reunió con algunas organizaciones de personas con discapacidad, pero excluyó a personas sordas. Y en el caso del candidato del Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, no se ha reunido con asociaciones de personas con discapacidad o si se ha reunido, no hemos sido invitados”, enfatizó la activista a De Raíz.
La activista compartió que la inclusión no puede centrarse en dar apoyos económicos a Teletón, una entidad privada, sino en ampliar la red de atención del DIF o centros de rehabilitación estatales, por lo que dijo que será un reto, además de implementar un modelo social que combata el capacitismo: “Tiene que ver con cambiar las estructuras de pensamiento también de las personas o de quienes gobiernan. Uno de los grandes retos es que la gente comprenda que es una estructura opresora el capacitismo, en términos de personas con discapacidad, y tendríamos que transformar, pues, el entorno, las actitudes, para que todos puedan participar igual”, sostuvo.
