28/08/2024 (Ciudad de México). Luego de que el Instituto Nacional Electoral definiera que MORENA y sus aliados contarán con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y que se quedarán cerca de ello en la de Senadores, algunas voces empresariales han mostrado su descontento.
Apenas el pasado viernes 23 de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) concedió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados al partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y a sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes en conjunto contarán con 364 escaños. Además, en la Cámara de Senadores, se quedarían a tan sólo tres escaños para lograr la mayoría calificada, contando con 83 entre los tres partidos.
Antes y después del anuncio, distintas voces se mostraron preocupadas por lo que implica en términos legislativos, pues representa que el Plan C sea casi una realidad. Así es como se le conoce a la estrategia mediante la cual el llamado “oficialismo” busca aprobar 20 reformas, 18 de ellas constitucionales, para las cuales requieren la mayoría calificada en el Congreso. Entre éstas, se incluye la reforma al Poder Judicial.
Además de los clásicos comentócratas y políticos de la derecha, los embajadores en México de Estados Unidos y Canadá se han pronunciado abiertamente en contra de la reforma al Poder Judicial. Ambos diplomáticos hacen referencia a los riesgos económicos que podría traer la aprobación de la reforma, particularmente en el punto de la elección mediante el voto popular de juzgadores. Según los diplomáticos, esta medida podría poner en riesgo la independencia judicial y el atractivo de México para las inversiones de empresarios.
Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, emitió una misiva diplomática en la que expresó que la elección de jueces mediante el voto amenazaría “la histórica relación de comercio que hemos construido, la cual descansa en la confianza de los inversores ante el marco legal de México”. Por su parte, el embajador canadiense, Graeme Clark, señaló que los inversores de aquel país le expresaron sus preocupaciones sobre la reforma que, en sus palabras, podría afectar “el vínculo de confianza” entre ellos y el gobierno mexicano.
Como ha sido transparente, detrás de estas reservas se encuentran intereses empresariales. En el caso de Estados Unidos, nueve asociaciones y consejos empresariales solicitaron al secretario de Estado, Antony Blinken, advertir al gobierno mexicano sobre las posibles consecuencias en materia económica de la reforma, señalando que podría afectar el atractivo de México para inversiones, así como mermar la competitividad de la región de América del Norte. Entre otros, el Instituto Americano del Petróleo, la Coalición de Servicios Industriales, la Asociación Nacional Minera y la Asociación Nacional de Fabricantes.
Por su parte, en el caso de Canadá, sería la Cámara de Comercio de Canadá en México la cual advertiría al embajador Clark de manera directa sobre su preocupación. Esta Cámara cuenta con más de 300 empresas de distintos rubros, incluyendo minería, manufactura, transporte, entre otros.
Mientras tanto, en México, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), José Medina Mora, aseguró que la democracia está en riesgo luego del anuncio sobre la mayoría calificada en la Cámara de Diputados de MORENA y sus aliados, con lo que están a punto de pasar las reformas que observen como necesarias para la transformación de México. En este aspecto, conviene recordar que el presidente de la COPARMEX es hermano del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, lo que resulta coherente con su oposición a la reforma al Poder Judicial.
De esta manera es como quedan al descubierto los intereses empresariales en la oposición a la reforma, pero ¿de qué manera podemos explicarlo? Para ello, es necesario considerar la historia reciente del Poder Judicial Federal y cómo ha beneficiado a empresarios, tanto al interior como al exterior de nuestra frontera.
En primer lugar, se debe considerar el papel que la SCJN para la definición de la constitucionalidad de las reformas que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación. Un ejemplo lo otorga el rubro minero, que, en la actualidad, se enfrenta a la suspensión de las resoluciones sobre la constitucionalidad de la reforma minera que limita los años de las concesiones, además de poner mayores trabas para el uso del agua y el suelo mexicanos por los intereses mineros. Lo que en definitiva afectaría sus intereses.
Además, también se encuentran pendientes las reformas sobre la prohibición del fracking y la minería a cielo abierto, las cuales son sumamente contaminantes y ponen en peligro a grandes proporciones de la población mexicana. En ese sentido, si las reformas pasan, el último bastión para la protección de los intereses que se favorecen de esa explotación podría ser la SCJN.
De tal suerte, se entiende por qué la Cámara de Comercio de Canadá en México, de cuyo capital, el 40% pertenece al sector minero, se opone a la reforma. Lo mismo ocurre con Grupo México, que también se ha pronunciado en contra de las reformas cuatroteístas, ya que su explotación del suelo ha causado verdaderos desastres socioambientales, como con el Río Sonora, que fue contaminado por metales pesados.
Por otro lado, el pasado 20 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los cinco empresarios más ricos de México (Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, la familia Bailleres y María Asunción Aramburuzavala) que se posicionaran sobre la mayoría calificada de MORENA y sus aliados en la Cámara de Diputados, así como sobre la reforma al Poder Judicial Federal. El único que respondió abiertamente fue Ricardo Salinas Pliego, quien se posicionó en contra y solicitó que “seamos serios”, realizando una encuesta dirigida a sus seguidores para que tomaran postura.
Coincide con que la ministra y presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, aceptara dos recursos de amparo de la empresa de Salinas Pliego, Grupo Elektra. Con ellos, el magnate busca impugnar dos adeudos fiscales que, en conjunto, suman más de 35 mil millones de pesos, lo que termina por evidenciar lo positivo que es para los empresarios que el PJF admita este tipo de recursos que los liberan de pagar cantidades ingentes de impuestos que, de otra manera, podrían dirigirse a mejorar la vida de la población mexicana.
