15/03/2024 (Ciudad de México). Algo extraño sucede con el proceso político brasileño. Los datos económicos muestran un repunte de la actividad productiva, que según el Indicador del Producto Interno Bruto, que mide el Banco Central, cerró el año 2023 con casi el 3% de crecimiento. Todos los analistas coinciden en que es mérito del presidente Lula da Silva y de su ministro de Hacienda, Fernando Haddad. Pero las últimas encuestas de aprobación ciudadana (la más reciente, la de la Consultora Quaest)muestran que Lula bajó su nivel de respaldo del 54% al 51% entre diciembre pasado y enero de este año. En el mismo período, los que desaprueban su gestión subieron del 43% al 46%.
Otro dato importante de la encuesta es que la aprobación a Lula es mayor entre la población que gana menos, llegando al 61%, lo que muestra claramente que hay una identificación popular con sus políticas sociales orientadas a la redistribución de la riqueza.
Lula, como es su estilo, decidió afrontar la situación redoblando la apuesta por la justicia social. Esta semana anunció inversiones de 4.700 millones de dólares en las áreas de salud, educación e infraestructura social e inclusiva, dentro del “Programa de Aceleración del Nuevo Crecimiento” (PAC). Se ejecutarán inversiones en todo el país, en 3.270 municipios de todos los Estados, en los que se construirán 6.778 obras e instalaciones.
El sector de la salud pública será uno de los más beneficiados, con 2.350 millones de dólares, que se destinarán a nuevas clínicas múltiples (también llamadas Policlínicas), postas municipales de atención primaria, maternidades, maternológicos y dotación de nuevas ambulancias, así como centros de rehabilitación, talleres ortopédicos y unidades especializadas en atención médica dental.
El sector de la educación recibirá un presupuesto de 2.170 millones de dólares, destinados a la edificación de escuelas de jornada completa, guarderías, escuelas infantiles y adquisición de buses para el transporte escolar. Lula también anunció la creación de 100 nuevos “Institutos Federales de Educación, Ciencia y Tecnología” en todo el país, con una inversión de 780 millones de dólares, que estarán destinados a brindar nuevas oportunidades de formación y empleo para jóvenes.
En la ceremonia realizada ayer en el Palacio de Planalto, el presidente progresista ratificó que la nueva visión del crecimiento con justicia, es que las políticas sociales deben vincular la salud y lo educativo con lo productivo, pues es la única forma de ir reduciendo las brechas de desigualdad, que es una de las grandes tareas de los gobiernos transformadores de izquierda en América latina.
Por tanto, el dinero que se destina a fortalecer el sistema de la salud y la educación pública no es gasto, sino inversión social. Este es uno de los grandes debates en la región, pues la arremetida ultraliberal de gobiernos como el del neofascista Javier Milei en Argentina, sostienen que la forma de mejorar la economía es desmontar todos los programas sociales recortando los recursos económicos que se les destinan, bajo una lógica de hierro de la “disciplina fiscal”. Este ajuste brutal sólo está llevando en el país rioplatense a retrocesos históricos del nivel educativo.
En Brasil, la cuestión que aún no tiene respuesta es qué hacer con la alta polarización política que impulsa la derecha brasileña alrededor de la defensa del ex presidente Bolsonaro. Al parecer esta polarización conviene al bolsonarismo y desgasta al gobierno; entonces ¿cómo avanzar en los procesos judiciales contra el dirigente de la extrema derecha sin que eso incremente la actual polarización?
