20/08/2024 (Ciudad de México). En un esfuerzo por transformar el sistema judicial mexicano el partido Morena, junto a sus aliados, ha presentado un proyecto de dictamen que propone más de 100 cambios a la iniciativa de reforma del Poder Judicial que en su momento presentó el presidente López Obrador.

Este proyecto, que ha sido objeto de intensos debates y diálogos en foros nacionales, busca establecer nuevos requisitos y procedimientos para la selección de jueces, magistrados y ministros con el objetivo de garantizar mayor transparencia y eficiencia en el sistema judicial, entre otros cambios significativos.

Requisitos para jueces y magistrados

El aspecto más polémico en la opinión pública es el relativo a la elección de los juzgadores, la cual ha estado sujeta a tergiversaciones por parte de algunos medios de comunicación y actores políticos, afirmando que cualquiera podrá ser juez de tener los votos suficientes. Sin embargo, esto nunca ha sido considerado de esta manera.

En esta línea, el proyecto de reforma entregado detalla la lista de requisitos que deberán cumplir los aspirantes a jueces. Entre estos se incluyen el promedio académico: los candidatos deberán haber obtenido un promedio mínimo de 8 en su carrera universitaria; evaluaciones y concursos: los aspirantes deberán pasar por rigurosas evaluaciones y concursos de oposición organizados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF); ensayo y cartas de recomendación: se requerirá la presentación de un ensayo sobre temas judiciales y cartas de recomendación de vecinos y colegas; capacitación continua: los jueces deberán participar en programas de capacitación continua para mantenerse actualizados en materia legal.

Para la elección de los actuales juzgadores se tiene considerado que la votación para jueces y magistrados sea de manera gradual entre 2025 y 2027, mientras que para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sea una sola votación, pero con períodos escalonados, por lo que en una elección extraordinaria los periodos de su encargo serán de ocho, once y catorce años.

Otra propuesta es que la SCJN sólo se integre por nueve ministros, dos menos que los actuales. Esta votación se propone celebrarse el primero de Junio del próximo año, luego de la cual sus comicios se realizarán junto a las elecciones regulares.

Puntos incluidos tras los diálogos en los foros

Los foros, organizados para debatir la reforma judicial, han sido fundamentales para la inclusión de varios puntos clave en el proyecto de dictamen. De acuerdo al legislador morenista Ignacio Mier, en la propuesta presentada el 60% de los cambios a la iniciativa presidencial fueron hechos con base en las aportaciones emanadas en los foros de debate.

Entre los aspectos más relevantes considerados a partir del diálogo con otros actores políticos se encuentran los cambios en los criterios de elección, pues ahora se permitirá participar a los actuales juzgadores sin necesidad de cumplir con los requisitos ya mencionados. Otro cambio es la creación de comités de evaluación en el Ejecutivo, la Suprema Corte y el Congreso, que verificarán experiencia, trayectoria, probidad y buen nombre.

En caso de que el número de aspirantes sea excesivo, se tomó la propuesta de que luego de la verificación de los requisitos, los aspirantes a convertirse en candidatos sean elegidos mediante un proceso de insaculación, garantizando previamente la paridad de género.

Otro punto rescatado de los foros es la evaluación continua a la que serán sometidos los juzgadores, con la cual, en caso de no aprobar satisfactoriamente podrán ser retirados por mal desempeño. En este sentido, el Consejo de la Judicatura continuará con sus facultades de vigilancia y disciplina, pero posteriormente serán creados el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración Judicial para supervisar por separado a los integrantes de este poder.

Finalmente, el proyecto retoma la protección a los derechos de los trabajadores, pues se propone un artículo transitorio para asegurar que no se violarán los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial, incluyendo sus haberes de retiro y fideicomisos en salud y prestaciones.