Tras el anuncio que hizo la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para incluir en su paquete de reformas constitucionales la que refiere al reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos, activistas piden que se considere la reforma original que entregó el pueblo yaqui en el año 2021. Señalan que este pendiente deviene desde los Acuerdos de San Andrés.
19/06/2024 (Ciudad de México). La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció que dentro del paquete de reformas prioritarias, que deberán ser aprobadas en septiembre, está la del respeto y reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicano.
Este anuncio lo hizo durante su reunión con legisladores electos de la coalición Sigamos Haciendo Historia en el World Trade Center de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum indicó que ésta reforma será de las prioritarias para senadores y diputados de la próxima Legislatura.
“Planteamos en principio 5 prioridades, estas reformas. Las reformas por supuesto de los programas sociales convertidos ya en derechos y algunos que deben ser convertidos en derechos, pero creo que hay otra que es fundamental que sea aprobada en septiembre y es el respeto y el reconocimiento de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos”, expresó Claudia Sheinbaum Pardo.
Ante tal anunció, la abogada zapoteca Mayra Olivo Paz, integrante de Fundar, organización que forma parte de una alianza que agrupa a más de 200 comunidades indígenas y afromexicanas de todo México, señaló en entrevista con De Raíz que esta iniciativa de reforma constitucional es una deuda pendiente.
La activista recordó que fue en el año 2021 que esta iniciativa fue entregada por la Nación Yaqui del pueblo de Vicam, en Sonora, al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ha estado congelada hasta febrero de este año, cuando el Ejecutivo la retomó en el paquete de las 20 reformas constitucionales.
“Desde la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía entregamos a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Puntos Constitucionales, una opinión técnica respecto a algunos derechos que consideramos que sí son un avance: lo que tiene que ver, por ejemplo, con reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y al pueblo afromexicano como sujetos de derecho público. Eso es reconocerles una personalidad jurídica con amplitud suficiente que les permitirá ejercer sus derechos, pero también para que puedan ejercer atribuciones y se haga viable la libre determinación, el ejercicio de la jurisdicción indígena, el respeto pleno a sus sistemas normativos”, explica la abogada a De Raíz.
Sin embargo, señala que el principal llamado es que se retome la reforma de manera íntegra, dado que “se mutilaron algunos puntos de la reforma inicial”.
“El primero tiene que ver con el derecho al territorio que formaba parte de la iniciativa y fue excluido aún cuando los problemas sobre propiedad, uso, disfrute, delimitación y toma de decisión sobre las tierras, territorios y los bienes naturales, afectan cotidianamente la vida de los pueblos. Por otro lado, también se eliminó de esta iniciativa todo lo que tiene que ver con la representatividad política”, enfatizó.
Sin embargo, Mayra Olivo Paz señaló que el llamado es que avance en su aprobación esta reforma constitucional, dado que recoge puntos importantes como el derecho de las mujeres a la participación comunitaria, política, así como su acceso a la propiedad y posesión de las tierras.
“Hay que insistir que este es un compromiso de la actual administración y que se postergó demasiado la entrega de la iniciativa. Prácticamente fueron dos años para que se presentara a la Cámara de Diputados. Invitamos también a la presidenta electa, a las nuevas autoridades y al Congreso a legislar sobre esto que hace falta”, detalló la abogada.
En el año 2021, más de 20 mil autoridades municipales, agrarias y comunitarias de los pueblos indígenas y afromexicanos participaron en la realización de dicha iniciativa en donde se exige que sean reconocidos los derechos colectivos, que los reconozca como sujetos de derecho público y que haga valer su autonomía y libre determinación.
Fue firmada por más de 650 mil personas y elaborada por los propios pueblos indígenas, luego de una convocatoria que hizo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en junio de 2019. A lo largo de dos años realizaron 54 foros de recepción de diversas propuestas temáticas, sistematización, análisis y consensos. Asimismo, realizaron 120 asambleas comunitarias.
La iniciativa reivindica los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, firmados en 1994, así como el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, entre otros acuerdos y tratados que se sustentan en las luchas históricas de los pueblos indígenas y afromexicanos.
