03/04/2024 (Ciudad de México). La Cámara de Diputados convocó a una reunión de emergencia para atender el problema de la violencia electoral rumbo a los comicios que tendrán lugar el próximo 2 de junio. Esto después del asesinato de Gisela Gaytán, candidata por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a la alcaldía de Celaya, la cual fue víctima de un ataque armado el lunes 1 de abril en la localidad de San Miguel Octopan durante su primer día de campaña.
Durante la reunión, los distintos partidos expusieron y trataron las preocupaciones asociadas a la violencia electoral. A pesar de su pequeño tamaño, el PRD denunció que al menos 20 aspirantes a puestos de elección popular habían declinado de sus intenciones electorales debido a las amenazas en su contra. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Jorge Romero Herrera, dijo que solicitarían al Instituto Nacional Electoral (INE) el “Atlas de Riesgo Electoral” para que los distintos partidos puedan tomar decisiones para procurar la seguridad de sus candidatos.
Finalmente, la Cámara de Diputados solicitará al INE que anule los comicios en aquellos municipios en donde sólo hubiera un candidato a presidente municipal y que, además, fuera “evidente que están queriendo intimidar para que no se queden los candidatos que el pueblo quiere”. A pesar de que ésta fue una iniciativa de Ignacio Mier, líder de la bancada de MORENA, fue respaldada por el resto de los partidos.
Respecto a esta medida, Edgar Guerra, académico del Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) señala que es una reacción lenta y seguramente insuficiente para abordar el problema de la violencia electoral de una manera integral.
Lenta, pues existe ya evidencia de que los grupos criminales tienen distintos mecanismos para influir en las decisiones gubernamentales en distintos territorios del país, además de que estos mecanismos “se activan de manera fuerte durante los procesos electorales”. De tal suerte, señala Edgar, existía toda la información para actuar de manera preventiva.
Insuficiente porque, dentro del abanico de mecanismos para influir en la política, la violencia mortal es tan sólo una posibilidad y no siempre se recurre a ella: “La violencia letal, los homicidios de personas candidatas, pues son más bien último recurso. Abajo hay toda una serie de instrumentos de los que se valen, cómo las amenazas directas, el secuestro, las amenazas a la población” para dirigir el voto en favor de uno u otro candidato, etc.
A pesar de lo señalado por el especialista del CIDE, la reunión de emergencia en la Cámara de Diputados representa una respuesta inédita a la incapacidad que ha mostrado el propio Estado para proteger a los candidatos ante los grupos armados de la delincuencia organizada, ya que anteriormente no se había realizado un consenso entre las distintas fuerzas políticas para abordar el problema a nivel nacional. Sin embargo, el diagnóstico sobre esa incapacidad varía dependiendo del actor que lo enuncie.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por ejemplo, ha enfatizado el fallo en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), recordando que le ha solicitado al gobernador, Diego Sinhué, que remueva a su titular, Carlos Zamarripa, ante la falta de resultados. Para explicar la negación a destituir al fiscal, el primer mandatario ha señalado que el gobernador de la entidad “gobierna, pero no manda”.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, detalló que el posible fallo ante la solicitud protección de la candidata radicó en que el INE envío la solicitud de los candidatos municipales y estatales a los Organismos Públicos Locales (OPLES) y éstos, a su vez, debían canalizarlas a las secretarías estatales de seguridad. Debido a ello, la secretaria aseguró que se iba a investigar en dónde estuvo el fallo que impidió darle a la candidata la protección que había solicitado.
Finalmente, Mario Delgado, presidente de MORENA, aseguró que solicitaría al INE una excepción para el caso de los candidatos de su partido que compiten por un puesto local en Guanajuato y, de esta manera, las solicitudes de protección se dirijan de manera directa a las instituciones federales de seguridad.
