La acusación de la FGR señalaba a la constructora de explotar ilícitamente esta vialidad federal construida sobre la México-Querétaro. Este caso se trata de unos de los ejemplos de corrupción durante la administración del PRI, por lo que habría sentado un precedente en la lucha por recuperar los bienes nacionales entregados a particulares.
15/03/2024 (Ciudad de México). El juez estatal Daniel Ramírez Peña tumbó el caso contra la empresa española OHL-Aleática al decidir que no hay delito que perseguir y ordenó dar carpetazo al expediente, lo que implica cerrar uno de los casos de corrupción que ejemplifican la operación de estas empresas durante la administración estatal de Enrique Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional.
Se trata de un revés judicial contra la acusación que sostenía la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la constructora española OHL-Aleática por la concesión de la vialidad con carácter federal, Viaducto Bicentenario, construida sobre la autopista México-Querétaro.
Esta vialidad abarca 22 kilómetros y es de carácter federal. Su concesión fue entregada a la constructora español OHL en 2008 por el gobierno priísta del Estado de México, entonces gobernado por Enrique Peña Nieto.
La decisión del juez estatal se dio a conocer este miércoles luego de dos días de acalorada audiencia. La Fiscalía argumentó que la concesión otorgada a la empresa constructora fue ilegal porque los permisos de explotación sobre vías generales sólo pueden ser concedidos por el gobierno federal, y no por gobiernos estatales, como sucedió en este caso del Viaducto Bicentenario.
FGR impugnará la decisión
Ante la decisión del juez Ramírez Peña la Fiscalía General de la República (FGR) anunció en sus redes sociales que impugnará la decisión ante un tribunal colegiado y que denunciará al juez “para demostrar su conducta ilegal, abusiva y parcial, en contra de los intereses de la Nación”.
Así también Paulo Díez, víctima en la causa judicial, sostuvo que interpondrá queja en la Judicatura contra el juez por las irregularidades de su conducta.
La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez (Estado de México).
El abogado Paulo Díez calificó de grave que el juez haya adelantado su resolución antes de conocer los cargos. Según su relato, los fiscales exigieron al juez excusarse del caso, por falta de imparcialidad, y pidieron que el expediente fuese turnado a otro juzgador, pero Ramírez Peña no cedió.
Otra irregularidad, agregó Díez, es que el juez no quiso reconocerle su carácter de víctima, a pesar de una resolución de un tribunal colegiado que le dio esa calidad, y le pidió abandonar la audiencia.
La acusación que sostiene la FGR es en contra de Rubén López Barrera, actual director de OHL-Aleática, y a dos exdirectivos, Sergio Hidalgo Monroy Portillo y José Andrés de Oteyza, exfuncionario en el gobierno del priista José López Portillo, y expresidente del Consejo de Administración de OHL México hasta el año 2015, y muy cercano a los gobiernos priístas del Estado de México, involucrado en escándalos por corrupción.
También hay cuatro exfuncionarios de la administración del exgobernador Alfredo del Mazo señalados por firmar un convenio para “legalizar” la concesión entregada a OHL: Ernesto Nemer, exsecretario de Gobierno; Luis Limón, exsecretario de Movilidad; Alberto Angulo, exdirector del Sistema de Autopistas, y Jorge González Bezares, exdirector de la Junta de Caminos.
Asimismo, Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusado por tráfico de influencias para ayudar a la constructora de mantener el permiso de explotación del Viaducto Bicentenario.
