Todos los delitos de “alto impacto” mostraron una reducción desde que inició el gobierno de la Cuarta Transformación en diciembre de 2018.
07/03/2024 (Ciudad de México). Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador del jueves 7 de marzo de 2024 se brindó un informe sobre la situación en seguridad pública del estado fronterizo de Tamaulipas.
Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal destacó que, a partir de su llegada, ha incrementado la coordinación entre los gobiernos estatal y federal, principalmente derivado de su participación en las mesas de seguridad. Según se informó en la mañanera, de las 274 reuniones de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad que se han realizado desde que el gobernador tomó posesión el 1 de octubre ha asistido a 264, que representan el 96%.
El gobernador apuntó que, en la entidad, siempre estarán “agradecidos con el apoyo que recibimos de la federación” y, para evidenciar los resultados de la estrategia y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, mostró una gráfica en la que se observa una tendencia a la baja en los homicidios dolosos, con una reducción del 73.1%, señaló el gobernador.
Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, también expuso resultados positivos en torno a la estrategia de seguridad y la colaboración entre los distintos niveles de gobierno para construir la paz en la entidad, pues en todos los llamados “delitos de alto impacto” se observa una tendencia a la baja. Estos delitos son secuestro, homicidios dolosos, robo a casa habitación, robo de vehículos, extorsiones, trata de personas y robo en transporte público.
Además, el secretario general describió la metodología con la cual se distribuyen los elementos federales en materia de seguridad, la cual responde a la cantidad de población y a los índices delictivos, ambos concentrados en cuatro municipios: Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Ciudad Victoria, en los que se denuncian el 74% del total de los delitos en toda la entidad.
El secretario Sandoval señaló que, en total, el personal operativo del nivel federal asciende a 9 605 elementos desplegados en la entidad: del Ejército y la Fuerza Aérea son 4 168 elementos, de la Secretaría de Marina, 2 600, y de la Guardia Nacional, 2 837. Al trabajar en coordinación con las fuerzas locales, suman un total de 11 261 elementos en labores operativas de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, señaló el secretario.
El estado de Tamaulipas es identificado por una violencia criminal sin precedentes, tanto cuantitativa como cualitativamente. Particularmente, esta identificación con la violencia se debe a Los Zetas, organización criminal paramilitar que estableció un régimen de extorsión, control y coerción en la gran mayoría de los municipios del estado entre los años 2003 y 2011, aproximadamente.
Este régimen no pudo haber sido consolidado sin la cercanía de esta organización criminal con los gobernadores, iniciando con Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999-2005), quien gobernó el estado durante la etapa de mayor crecimiento de esta organización en la entidad. Actualmente, el gobernador cumple una condena en Estados Unidos por haber recibido y lavado dinero de Los Zetas y el Cártel del Golfo.
La alianza entre los gobiernos estatales y el cártel de Los Zetas pareció quebrarse en 2010, a raíz del asesinato del candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rodolfo Torre Cantú. Esta ruptura también coincidió con la separación definitiva entre el Cártel del Golfo y la organización que nació como una guardia privada para su líder, Los Zetas.
Una vez que el hermano del excandidato asesinado, Egidio Torre Cantú, tomó posesión como gobernador, en conjunto con el gobierno federal se llevó a cabo una campaña muy agresiva en contra de Los Zetas, lo que los terminó mermando a la organización y haciendo que sus restos mutaran en distintas células criminales con alcances principalmente locales.
Aunque Los Zetas parecieron disolverse, las condiciones de la entidad en materia de seguridad siguieron siendo críticas durante los siguientes años, en parte, por la continuidad de una élite gobernante que recurría a prácticas ilegales para beneficiarse económica y políticamente. El caso del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca del Partido Acción Nacional (PAN) ejemplifica el nivel de corrupción y criminalidad que puede alcanzar un funcionario público. Al exgobernador se le acusa de haber participado en diversos esquemas de extracción de recursos públicos mediante empresas fantasmas y bienes raíces, así como de lavado de dinero, entre otros delitos.
