El presidente López Obrador afirma que no permitirá que reportajes sin pruebas “calumnien y quieran sentar en el banquillo de los acusados a un gobierno surgido de la plena voluntad popular expresada en las urnas en 2018”. Por su parte, el INAI anunció investigaciones en medio de una propuesta de reforma que pone a debate su permanencia.

23/02/2024 (Ciudad de México). “Yo represento a un país, a un pueblo, que merece respeto. No va a venir cualquiera y nos va a sentar en el banquillo de los acusados. […] Aquí no se calumnia al presidente de México”, afirmó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, luego de una ola de críticas por haber compartido el número telefónico de trabajo de la jefa de la corresponsalía del periódico estadounidense The New York Times en México, Natalie Kitroeff.

Este número se encontraba contenido en una solicitud hecha por la periodista para que la Presidencia de México hiciera comentarios sobre un reportaje que relaciona al mandatario con financiamiento proveniente del narcotráfico, misma que se leyó de forma íntegra durante su Conferencia Matutina.

López Obrador agregó que con esta acción no ve riesgo alguno para la periodista, ya que en México “la vida pública es más pública”. Ante pregunta expresa por la Ley de Protección de Datos Personales, el mandatario afirmó que “por encima de eso está la libertad. Si la compañera está preocupada porque se dio su teléfono que cambié su teléfono y ya”.

Los datos “personales” revelados

Luego de este hecho, numerosos medios de comunicación encabezaron los titulares de sus notas con la afirmación de que el presidente López Obrador había compartido “los datos personales” de la corresponsal, refiriendo posteriormente que estos se limitaban al número telefónico de trabajo y enfatizando que, de acuerdo a la organización Reporteros Sin Fronteras, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en occidente.

Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), informó inmediatamente que iniciará una investigación para “establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos” por la ley en la materia.

La postura de este organismo autónomo se da en medio de una serie de diferencias con el titular del Ejecutivo, quien lo ha señalado como una entidad onerosa, facciosa y creada para simular transparencia. Recientemente, López Obrador promovió una reforma para que las medidas de transparencia sean realizadas por las mismas entidades y dependencias que poseen la información de origen y no a través de la estructura burocrática del organismo.

El origen de la polémica

Durante la misma conferencia matutina, el mandatario señaló que “The New York Times” actúa “de manera prepotente con un reportaje sin pruebas”, e incluso señaló el papel que este medio juega en la lucha por la libertad de expresión. Y es que el periódico estadounidense es uno de los varios donde se difundió la información revelada por Julian Assange en 2010 a través de WikiLeaks. Sin embargo, destacó el mandatario, la persecución política únicamente va dirigida al activista y no al diario estadounidense.

Además, advirtió un uso faccioso de la información, pues los mismos periodistas señalan que las pruebas no sólo no sólidas ni están confirmadas, sino que el caso se archivó por la misma Administración para el Control de Drogas (DEA).

Sin embargo, este reportaje hace eco de otras publicaciones, también en medios estadounidenses que apuntan hacia las mismas acusaciones hacia López Obrador, también sin pruebas, y que mantiene de manera mediática los señalamientos, mismos que son replicados de manera artificial en redes sociales.

Gobierno de Estados Unidos niega investigaciones

En medio de esta polémica, la Casa Blanca ha afirmado de manera oficial, a través de su vocero en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, que en el gobierno de Estados Unidos “no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador”, al tiempo de señalar que “el Departamento de Justicia tiene la responsabilidad de revisar cualquier acusación”.

Este señalamiento viene a reforzar lo que ya habían aseverado luego de que tres medios internacionales revivieran una investigación no oficial de la DEA durante el gobierno de Felipe Calderón y cerrada desde 2011 por la misma agencia estadounidense.