30/01/2024 (Ciudad de México). La dificultad que rodea la demanda del gobierno mexicano contra las armerías estadounidenses atraviesa por completo la cultura y la política norteamericana, dada la importancia y el poder que el lobbying armamentístico tiene en la sociedad y la historia del país vecino del norte.
Desde 2022, dos demandas han sido impulsadas por el gobierno mexicano en contra de varias de las empresas armamentísticas más importantes de los Estados Unidos, ambas en sus propias cortes: la primera de ellas, en Tucson, Arizona; la segunda, en Boston, Massachussets.
En particular, durante la última semana, la demanda impuesta en Boston obtuvo un giro favorable en los tribunales y volvió a considerarse vigente, ya que había sido desestimada desde septiembre de 2022. La relevancia de este último fallo radica en que, a no ser que anteponga un nuevo recurso, nuestro gobierno estaría llevando a juicio a 11 empresas civiles fabricantes de armas, lo que sin duda no tiene precedentes.
La demanda busca que las empresas fabricantes retribuyan hasta 15 mil millones de dólares al gobierno mexicano por la negligencia que facilita el comercio de sus productos a través de la frontera compartida con EUA. En otras palabras, el gobierno mexicano busca responsabilizar legalmente a las empresas fabricantes por “facilitar el tráfico de armas a los cárteles mexicanos a través de la frontera”.
La facilidad de venta al por menor para las armerías en Estados Unidos ha llevado a organizaciones mexicanoamericanas a desarrollar un modus operandi muy efectivo que alimenta el Iron River, como se le conoce al flujo de armas que llegan a manos de organizaciones mexicanas a través de la frontera norte.
El flujo inicia con las más de 12 mil tiendas que venden armas al por menor a lo largo de toda la frontera compartida con Estados Unidos. A partir de ahí, la operación consiste en que ciudadanos y residentes norteamericanos que no cuentan con antecedentes penales compran al menudeo miles de armas que después entregan a grupos de contrabandistas, quienes las trasladan a nuestro territorio ocultas en vehículos. Se trata de una práctica muy bien planificada y, por lo general, los vendedores cuentan ya con un comprador perteneciente a los grupos criminales operando en nuestro país desde que las armas salen de las tiendas.
Según la demanda, en este flujo mercantil, las empresas fabricantes estarían implementando adecuaciones deliberadas en sus productos para facilitar la venta de armas hacia las organizaciones criminales mexicanas. Las adecuaciones pueden ser de dos tipos: estéticas y tácticas. Mientras las estéticas buscarían hacer atractivos los productos para posibles miembros de organizaciones criminales mexicanas, las tácticas facilitarían la adaptación de los productos para incrementar su poder bélico.
El ejemplo más conocido de las adecuaciones estéticas es la fabricación la Glock Imperio Azteca, la cual cuenta con una iconografía evidentemente vinculada con la cultura mexicana. Por su parte, el ejemplo más importante sobre las adecuaciones tácticas se centra en la facilidad con la que las organizaciones mexicanas pueden adaptar fusiles manuales o semiautomáticos (como los Barret de calibre .50), volviéndolos completamente automáticos. Según el argumento legal, estas adecuaciones podrían ser evitadas desde el origen de su fabricación y, con la demanda, se espera incentivar que los fabricantes coloquen restricciones y medidas para dificultar la compraventa final de sus productos por organizaciones criminales mexicanas.
A pesar del fallo favorable de la corte, las expectativas de triunfo para nuestro país son escasas debido a que ir en contra de fabricantes de armas en Estados Unidos coloca un dedo en la llaga de la cultura e historia del país vecino del norte y refleja la cercanía que existe entre la política y el lobbying armamentista. De hecho, el poder de las empresas armamentistas se manifiesta desde la demanda impulsada por México, pues la apelación señalada derivó precisamente de una decisión legal tomada con base en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), normativa que brinda inmunidad legal a las empresas fabricantes ante posibles demandas.
Pensemos por un segundo en el daño que los fabricantes causan en la propia sociedad norteamericana sin contemplar la violencia que ocurre en nuestro país. Se calcula que el 77% de las matanzas estudiantiles ocurre con armas legalmente comercializadas al por menor en Estados Unidos; es decir, la misma forma de venta que impacta en la violencia de los cárteles parece poner en riesgo a los civiles norteamericanos.
Sin embargo, a pesar de todo el dolor generado por el flagelo de las masacres de civiles, los intentos de poner restricciones a la compraventa de armas en Estados Unidos han sido infructuosos. ¿Cuál es la posibilidad de que el gobierno mexicano, a través de las cortes norteamericanas, pueda vencer a un Goliat de esta naturaleza?
Los intersticios entre la política y las armerías norteamericanos son complejos, pues una gran parte de la tendencia electoral se define por las posturas que los perfiles más conservadores tienen frente a las restricciones de armas. Explico.
Según encuestas, la mayoría de la población estadounidense estaría de acuerdo con que se incrementaran las restricciones para adquirir armas de manera legal en Estados Unidos. Sin embargo, las iniciativas para aumentar las restricciones a la compraventa de armas tienen poca repercusión política.
En contraposición, gran parte del voto conservador se nutre precisamente entre los perfiles que apoyan disminuir o mantener intactas las restricciones, sobre todo cuando se trata de senadores republicanos que tienen la intención de reelegirse. Es decir, a pesar de que la mayoría de la población estaría de acuerdo con limitar la compraventa de armas, las medidas a favor de las restricciones tienden a movilizar muy poco políticamente, resultando mucho más fácil que los políticos conservadores capitalicen el voto a través de sus posturas pro-armas.
Esto ocurre así porque el derecho a estar armados forma parte de la cultura norteamericana y de su desarrollo como Estado. Este derecho se sostiene, incluso, en la Segunda Enmienda, la cual señala que “Una Milicia bien organizada es necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no se violará.” Es decir, se trata de un derecho constitucional.
El derecho a estar armado resulta central porque es observado por los perfiles conservadores como uno que posibilita otros derechos y libertades. Por ejemplo, cuando a raíz de alguna masacre de civiles, los activistas a favor de la regulación vuelven a colocar el tema en el debate, los políticos conservadores suelen acusarles de querer desarmarlos para poder arrebatarles más fácilmente otros derechos. Este tipo de temores moviliza fácilmente a gran parte de la sociedad norteamericana porque forman parte de su cultura nacional.
De esta manera, se señala a los activistas en pro de las restricciones de querer hacer “política con la desgracia”, minimizando la responsabilidad de los fabricantes en la distribución de las armas. Al mismo tiempo, suelen enfatizar la responsabilidad individual del comprador o el tirador, y terminan criminalizando a la juventud o a los sectores populares a partir de resaltar una supuesta responsabilidad individual más cercana a la patología, la locura o la enfermedad que a la condición que permite que existan más armas que ciudadanos en su territorio (aproximadamente existen 120 armas de fuego por cada 100 mil habitantes).
La posibilidad de que la demanda impuesta por México esté prosperando debido a que actualmente el gobierno federal estadounidense está representado por un demócrata podría dificultar aún más el triunfo legal, considerando que lo más probable es que la siguiente presidencia esté encabezada por un republicano, tradicionalmente asociados al lobbying armamentista. Particularmente, si el abanderado es Donald Trump, las posibilidades se reducen, ya que durante su administración tomó un papel activo en la reducción de las restricciones a las armerías.
El debate sobre la responsabilidad de las empresas armamentísticas norteamericanas rebasa por mucho la intención de la demanda mexicana. Sin embargo, es necesario tomarlo en cuenta para pensar en las posibilidades de la querella legal que el gobierno mexicano ha emprendido en los tribunales. En este horizonte, la responsabilidad de un mercado del cual depende, en parte, su economía y política queda aún más desdibujada y, desde un punto de vista global, pareciera que el daño que pudieran causar las empresas norteamericanas en territorio mexicano palidecería ante la imposibilidad de detener el flujo de armas en su propio país.
